Por Redacción La Hora
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La jefa de la Bancada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, calificó como un mensaje positivo para futuros inversionistas extranjeros la nulidad del usufructo de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), tras una demanda interpuesta por la Procuraduría General de la Nación (PGN), a consecuencia de las bases de corrupción que pesan sobre esa terminal, que fueron reveladas por el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón.
La diputada señaló que ellos advirtieron al Procurador General de la Nación en ese momento, Vladimir Aguilar, de una serie de aparentes anomalías que pasó por alto y que algunos años después trajo consigo una solicitud de antejuicio en contra del Magistrado de la CSJ.
“En lugar de apoyarnos y respaldarnos en las anomalías que se veían, él respaldó los dictámenes de otras entidades como Segeplan”, señaló la diputada.
Aguilar por su parte renunció a una magistratura en la CSJ para demostrar su inocencia y permitir al MP indagar sobre su actuación como Procurador.
SE OBVIARON PASOS
Montenegro asegura que para ese proyecto se dejó de lado el procedimiento legal para que fueran favorecidos los empresarios, “a mí me parece que en aras del desarrollo hacerlo sobre la base de la impunidad y la corrupción, donde hay pruebas que hubo coimas o comisiones dadas a diferentes funcionarios para que hubieran dictámenes acordes a sus necesidades, donde realmente se saltaron muchísimos aspectos legales, no puede ser”.
Agregó que ahora los futuros inversionistas saben que ya no deben de someterse a prácticas de corrupción para obtener oportunidades en el país. “Guatemala con esto gana porque le dice a las otras empresas inviertan, invierta sin pagar nada a los funcionarios, nada de coimas, nada de comisiones, háganlo transparentemente y háganlo bien. Y todavía tenemos el derecho a reclamar y ser resarcidos”, puntualizó.
CASO TCQ PENDIENTE DE FECHA
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), comentó que aún no tienen fecha programada para celebrar la audiencia de etapa intermedia, diligencia que va a definir si los procesados deben o no enfrentar juicio, entre los que se encuentran el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
