POR REDACCIÓN LA HORA*
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El próximo 9 de diciembre se conmemorará una vez más el Día Internacional contra la Corrupción, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo “se calcula que en los países en desarrollo se pierden, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia”, para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.
En Guatemala, aunque desde 2015 se dio un despertar ciudadano contra las prácticas corruptas, convirtiéndose en un ejemplo para otros países del mundo con el destape del paradigmático Caso La Línea, dos años después y con la cercanía del Día Internacional contra la Corrupción, analistas ponen sobre la mesa la resistencia de los corruptos a ser castigados, lo cual es evidenciado en el denominado Pacto de Corruptos.
“Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5 por ciento del producto interior bruto mundial”, son algunas de las consideraciones sobre la corrupción que hizo en 2016 el PNUD, sin embargo, en Guatemala la discusión aún no se torna sobre las consecuencias del mal uso de los fondos públicos, sino en los intentos para evitar la aplicación de la justicia en esos casos.
ESTRUCTURAS SE RESISTEN A DESAPARECER
Empleando una diversidad de estrategias, las estructuras que obtenían lucro a través del saqueo de recursos públicos han mostrado una férrea resistencia a desaparecer, según Andy Javalois, consultor de la Fundación Myrna Mack.
Javalois asegura que desde que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), llevaron ante los tribunales los casos más emblemáticos de corrupción, las estructuras han dado una “contra respuesta” con el fin de reposicionarse y recobrar poder.
Como ejemplo de lo anterior, Javalois recordó el 13 de septiembre pasado, el “Día de la Infamia” cuando el Congreso de la República con el aval de 107 diputados, dispuso reformar el Código Penal para salvar a los secretarios generales de partidos políticos que enfrentaban solicitudes de antejuicio por financiamiento electoral ilícito, reformar este delito para que quienes han financiado campañas no enfrentaran acciones penales y modificar las reglas de conmutabilidad de la pena.
“Vemos un reposicionamiento a través de medidas de diversa índole, incluso a través de medidas legislativas, donde se pensaba lanzar una amnistía velada a través de decretos legislativos emitidos expresamente para favorecer a la delincuencia en general, que podría llegar a afectar más de 400 tipos penales”, explicó.
Asimismo, el analista de la Fundación Myrna Mack advierte que, en los tribunales de justicia, los abogados defensores de algunos sindicados han optado por litigar de forma maliciosa, con la única intención de retardar los procesos penales que se encuentran en curso.
“Se han logrado detener procesos a través del uso irresponsable de recursos que la legislación procesal pone a disposición de las personas, tratando de retroceder procesos de forma maliciosa”, puntualizó el entrevistado.
EL PACTO DE CORRUPTOS
“La gente a menudo piensa que está a merced de la corrupción y que es solo un “modo de vida. Sin embargo, cada sociedad, cada sector y cada ciudadano se beneficiarían de unirse contra la corrupción en la vida cotidiana”, es la respuesta que da el PNUD a la pregunta ¿Qué puedes hacer? Contra la corrupción en el apartado del Día Internacional contra la Corrupción dentro del sitio web de las Naciones Unidas.
En Guatemala se ha establecido una alianza denominada Pacto de Corruptos, en el que algunas personas y poderes del Estado han unificado esfuerzos para que el sistema permanezca intacto y no deban enfrentar la justicia por prácticas ilegales.
Desde 2016, poco después de que el hijo y el hermano del presidente, Jimmy Morales, fueran mencionados en el Caso Botín Registro de la Propiedad, se evidenció el distanciamiento del mandatario hacía el MP y la CICIG, sus primeras acciones conllevaron el cabildeo para la aprobación del Presupuesto 2017 y la designación de Óscar Chinchilla al frente del Congreso.
La sociedad civil denominó aquella estrategia como un Pacto de Corruptos, con el tiempo, la misma logró frenar la aprobación de las reformas constitucionales para mejorar el sector justicia.
Morales intentó con el apoyo de particulares y actores clave como el Nuncio Apostólico, Nicolás Thevenin expulsar a Iván Velásquez, jefe la CICIG, evitó perder su inmunidad y junto a bancadas aliadas afectadas por investigaciones buscaron modificar el Código Penal, para sortear la responsabilidad penal de los secretarios generales de los partidos políticos por el delito de financiamiento electoral ilícito.
Recientemente planificaron infructuosamente negociar el Presupuesto 2018 y una Junta Directiva acorde a sus intenciones, se mencionó que pretendían enviarle un mensaje a la CICIG y al MP.
DIPUTADO DEL DÍA DE LA INFAMIA
Uno de los diputados que votó a favor de las modificaciones ya mencionadas y ejecutadas el día de la infamia, fue Amílcar Pop, jefe de la Bancada Winaq y quien considera que se han logrado algunos avances a favor de la transparencia debido a la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, además de la lucha contra la corrupción.
“Ya llevamos varios años con la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública y la judialización de la corrupción creo que ha sido uno de los más importantes avances para el país”, dijo.
Sin embargo, el legislador indica que no se han llegado a los niveles deseados y aseguró que aún estamos en la fase de “judialización” de los actos de corrupción y mencionó que esto puede generar frustración en la población debido a la lentitud de los procesos.
“Hay que verlo como algo positivo en la medida en que podemos consolidar una lucha contra la corrupción permanente”, aseveró.
Pese a que el Congreso aprobó en septiembre de este año polémicos cambios al Código Penal y que posteriormente dieron marcha atrás debido a la presión ciudadana, Pop considera que el Legislativo tuvo avances durante el 2017.
“El trabajo del Congreso este año creo que ha sido incluso más avanzado que el de la legislatura anterior, cuando nos tenían acá dos años con dos interpelaciones, si lo vemos desde esa lógica creo que ha habido una agenda que ha avanzado”, destacó Pop.
CUESTIONA TÉRMINO “PACTO DE CORRUPTOS”
Amílcar Pop dijo que cuestiona el término, Pacto de Corruptos, y aseguró que lo que hay son intentos permanentes por darle perpetuidad a los privilegios y a la impunidad de algunos sectores del país.
“Independientemente de ello, no sé hasta dónde la dimensión de un pacto como vemos en cualquier momento, los acuerdos en el Congreso se dan, algunos legítimos y otros no, y algunos obviamente logrados con mucha corrupción desde otras instancias en el Estado”, manifestó.
Para Pop, el Congreso no debe ser visto como el único foco de corrupción en el aparato estatal y recordó que todo lo corrupto que se pacte tiene que ver con la institucionalidad del Estado.
SIN EMBARGO, RESALTAN AVANCES
El fiscal Gilberto Porres, quien actualmente se encuentra al frente de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, opina que existen avances significativos en materia de lucha contra la corrupción en el último año y asegura que a las estructuras criminales debe combatírselas frontalmente, ya que de lo contrario no desaparecerán.
“A todas las estructuras debe atacárseles frontalmente, porque que desparezcan por voluntad propia, eso no lo creo. Van a desa parecer con un combate frontal que el Ministerio Público les haga a través de la Fiscalía Contra la Corrupción”, señala Porres.
EJECUTIVO LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN… EN LOS DISCURSOS
A pesar de la visión de diferentes sectores, el Ejecutivo se ha caracterizado por minimizar la situación del país en cuanto a la lucha contra de la corrupción.
El Gobierno de Jimmy Morales llegó a la administración pública luego de que la ciudadanía exigía un cambio en el sistema político, acomodando el slogan de campaña “ni corrupto ni ladrón” como una eventual filosofía gubernamental, que no se ha visto reflejada en la práctica.
Para el analista Renzo Rosal el gobierno de Morales no ha ejecutado acciones para apoyar la lucha contra la corrupción, por el contrario, ha cometido una serie de actos que trataron de contrarrestar los avances impulsados desde MP y CICIG.
“El hecho que haya pedido la salida, la declaración de non grato del Comisionado Velásquez, el hecho de casi enfrentarse con la misma Fiscal General, el hecho de actuar a la defensiva porque su familia está siendo involucrada en uno de los casos … sería incontable la lista con algunas de acciones concretas que apuntan a la incongruencia entre ese supuesto discurso y las acciones en la práctica”, explicó.
El analista estima que con la próxima elección de Fiscal General el Presidente aún tiene una posibilidad para definir de qué lado está, “él tiene la oportunidad de desmarcarse y apuntar a darle continuidad a la gestión de la licenciada Thelma Aldana”, agrega que “tiene ese margen de meses para poder decir de qué lado está, del lado de la luz o del lado de oscuridad”, puntualizó.
Por su parte el vocero presidencial, Heinz Hiemann, señaló que la administración de Morales ha priorizado acciones en aras de la transparencia para que de esa manera sus procesos sean más abiertos con la población.
“Fíjese que nosotros trabajamos precisamente un gobierno abierto, un presupuesto abierto, para poder transparentar todos los gastos, todos los recursos asignados a cada una de las instituciones como el Organismo Judicial, Inacif, Escuela de Estudios Públicos Penales, al MP; los recursos para fortalecer las instituciones y la lucha contra la corrupción”, precisó.
EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
“La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países. Por ejemplo, socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los `gastos iniciales´ requeridos por la corrupción”, así define el PNUD a la corrupción.
En 2003, la Asamblea General de las Naciones aprobó la Convención contra la Corrupción, “Para crear conciencia contra esta lacra y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla, la Asamblea también designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción”, se explica en la página de Naciones Unidas.
“Gobiernos, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos en todo el mundo están uniendo fuerzas para combatir este delito”, añade la publicación, ¿podrá algún día Guatemala darse ese paso contundente para combatir la corrupción y detener el saqueo de fondos que podrían utilizarse para el desarrollo?
*Para este reportaje contribuyeron los periodistas José del Águila, Denis Aguilar, Douglas Cuevas y Joseline Ayala.
