POR REDACCIÓN LA HORA
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Las empresas Operadoras de Tiendas y Desarrolladora Internacional DCI, Sociedad Anónima, esta última parte del Grupo Walmart, manifestaron que fueron víctima de una estructura criminal, señalada por el Ministerio Público (MP) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de haber defraudado al Estado por un monto millonario, en una rueda de prensa efectuada tras varios allanamientos efectuados hoy.
De acuerdo con un comunicado de prensa de ambas empresas, la estructura, dedicada a la defraudación tributaria y que beneficiaba principalmente a proveedores e intermediarios del sector cárnico, habría violentado sus políticas de compra y procedimientos de control, para defraudar al estado guatemalteco, “actuación que condenamos y repudiamos”.
Entre las empresas allanadas este día figuraba DCI, cuyo gerente de división cárnica, Jorge Alberto Cabezas y el gerente de abasto, Atilano de la Cruz Barrillas, fueron quienes, según el MP, contactaron a Jorge Estuardo Cabrera, quien construía un andamiaje para crear sociedad, obtener las inscripciones en registros públicos y dedicarse a la venta de facturas. Los gerentes de DCI habrían comprado carne con ganaderos del sector informal quienes se asociaron con Cabrera para poder documentar las compras, mediante empresas de cartón.
Según el hallazgo fiscal de la auditoría, DCI habría defraudado al Estado por un monto de más de 36 millones.
En el comunicado, las empresas señalaron que tanto Barillas como Cabezas, señalados de formar parte de la estructura, ya no laboran con las compañías desde hace varios meses atrás y señalan haber sido víctimas de la presunta estructura criminal.
Además indicaron que interpondrán todos los recursos a su alcance para que se sienten las responsabilidades del caso a la vez que afirman que coadyuvarán a las causas judiciales que las autoridades han comenzado a procesar.
“Este caso es de suma relevancia para nuestras empresas, incluso más allá de Guatemala”, manifestaron.
Autoridades de otros países han manifestado su interés en vigilar que durante el desarrollo del mismo se respete el debido proceso legal y la justicia como un todo, de manera que quienes tengan responsabilidad la asuman, y que terceros inocentes no se vean perjudicados por las acciones de los individuos responsables, finalizaron.
