POR JOSÉ DEL ÁGUILA
jaguilal@lahora.com.gt
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron esta mañana una solicitud de antejuicio contra el juez Mynor Moto, titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, por los delitos de retardo de justicia y prevaricato. Esto, por el “interés marcado” de beneficiar a sindicados en el Caso Bufete de la Impunidad, según la Fiscalía.
El antejuicio se debe a que el juez Moto, de forma injustificada, incurrió en un retraso de 18 meses para acatar una resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal que ordenaba que la jueza Marta Sierra de Stalling debía regresar a prisión preventiva, informó el MP.
La Sala emitió la resolución antes mencionada el 4 de diciembre del 2015, sin embargo, no fue sino hasta el 17 de junio de este año que Moto programó la audiencia para acatar la orden y enviar a la jueza a prisión.
Mientras la jueza permaneció en libertad, se corrió el peligro de “obstaculización a la averiguación de la verdad”, dijo Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
“Un juez, al momento de resolver, debe tener neutralidad y desinterés en el asunto y, por el contrario, se han visto una serie de actuaciones, como el retraso en 18 meses en dar acatamiento a una orden de la Sala jurisdiccional en relación a una de las sindicadas y un retraso de alrededor de diez meses en relación a otros siete sindicados, actuaciones realizadas de manera deliberada, tomando consideración que hubo audiencias que se realizaron en las que (el juez Moto) pudo hacer efectivas dichas decisiones”, dijo Sandoval.
Sandoval también dijo que el juez Moto decidió cerrar el proceso penal a favor de ocho sindicados en este mismo caso a pesar de que existían medios de convicción suficientes que acreditaban “la probabilidad” de que estos habían participado en los hechos imputados, con lo cual “impidió el ejercicio de la acción penal” de la Fiscalía.
No obstante, el pasado 16 de noviembre la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal revocó los beneficios que otorgó Moto a los procesados.
OTROS CASOS
El juez Moto también liberó de cargos al exalcalde Arnoldo Medrano dentro del Caso Vivienda Digna y favoreció con el cierre del proceso penal a los hermanos José Estuardo y Francisco Ramón Valdés Paiz, a quienes la FECI señala de participar en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg.
