POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Erika Aifán, inició esta mañana la audiencia de etapa intermedia de Marlene Blanco Lapola y de otras cinco personas sindicadas de conformar una estructura paralela al Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil que ejecutó a tres presuntos extorsionistas en 2009.
El Ministerio Público presentó acusación contra los sindicados desde el 25 de junio de 2012, sin embargo, debido a la estrategia asumida por la defensa, el caso se ha retrasado por cinco años.
Según las investigaciones, mientras Blanco Lapola fungió como Primer Viceministra de Gobernación, ordenó que se eliminara a presuntos extorsionistas de transporte extraurbano.
El fiscal a cargo del caso, Rudy Herrera, manifestó ante el Juzgado que Blanco Lapola las ejecuciones respondían a intereses de políticos y empresarios que estaban siendo víctimas de extorsiones.
Este caso es mencionado en el informe “Carrera contra el tiempo” de Human Rights Watch, en el que se señala que cinco recusaciones y un amparo demoraron el trámite del proceso por más de tres años.
