POR ANDREA JUMIQUE
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La corrupción es un problema que perjudica a todas las personas, todos los días y en todos los rincones del país. Sin embargo, la participación ciudadana se considera aún un factor clave para combatirla, según el informe “Las personas y la corrupción en América Latina y El Caribe” que presentó en octubre la organización Transparencia Internacional y que dedica sus páginas a evaluar los niveles de transparencia, la percepción ciudadana de la corrupción y el panorama ante ese mal en la mayoría de países del Continente.
El documento dedica análisis de escenarios y casos en específico en la región, en cuanto a Guatemala, señala que a pesar de que la lucha contra la corrupción ha provocado campañas para debilitar las acciones que buscan reducir los niveles de impunidad, las personas continúan apoyando las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y determina ese factor como clave para alcanzar el éxito.
El informe Las personas y la corrupción en América Latina y El Caribe de Transparencia Internacional, indica que la mayoría de personas de la región consideran que los niveles de corrupción aumentaron. En Guatemala, dos de cada cinco personas entrevistadas para el estudio señalaron haber percibido un aumento en los niveles de corrupción en el período de medición de la investigación, que se realizó entre mayo y diciembre de 2016, aunque contiene información “certera” hasta octubre de 2017.
La corrupción es un tema común y al mismo tiempo dramático en América Latina, debido a que en un ranking de 0 sobre 100, en donde 100 es el país con menos índices de corrupción, la región está por debajo de 30 puntos, explicó José Carlos Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional en una entrevista en la radio Emisoras Unidas, el pasado 7 de noviembre durante una visita a Guatemala.
A pesar de los esfuerzos de la CICIG y el MP para combatir la corrupción, Guatemala obtuvo 28 puntos en el Índice de Percepción de Corrupción de 2016, lo cual es una nota “deficiente”, según Ugaz.
De acuerdo con el entrevistado, la corrupción es histórica y sistémica, es decir que está impregnada en las estructuras y sistemas de un país, por lo que las soluciones para combatirla no pueden ser “episódicas”.
El expresidente de Transparencia Internacional explica que no son suficientes las acciones de un gobierno, en un período de cuatro años para erradicarla. Es indispensable que la sociedad y el gobierno, en conjunto, implementen soluciones de largo plazo para poder combatir a las estructuras criminales que se han colocado en el poder.
CIUDADANÍA ENTIENDE MAGNITUD DEL PROBLEMA
Manfredo Marroquín, presidente de la Junta Directiva de la organización Acción Ciudadana, explica que la población ha comenzado a asimilar la magnitud del problema de la corrupción. Anteriormente, las personas no tenían idea de cuán corruptas podrían llegar a ser las élites gobernantes de un país, por lo que considera importante continuar mostrando los alcances de la corrupción, debido a que la batalla contra ese mal será definido por la participación ciudadana.
“Si las personas finalmente abandonan la indiferencia, la apatía y continúan manifestando, proponiendo y con una actitud de exigirle cuentas a los que están en el poder, considero que la batalla contra la corrupción se va a ganar a favor de las demandas de la población”, declara Marroquín.
La sociedad tiene conocimiento de que podría incidir significativamente en los cambios en el sistema y contribuir en la lucha contra la corrupción. El 70 por ciento de los entrevistados en la región por Transparencia Internacional para la investigación, afirmó que los “ciudadanos comunes” pueden desempeñar un papel relevante en el combate contra este problema.
La medición evidencia también que las personas jóvenes se muestran más proclives que las de mayor edad a manifestarse en contra de la corrupción. El 74 por ciento de entrevistados entre 18 a 24 años están dispuestos a ser parte de las expresiones ciudadanas contra la impunidad, en comparación con el 66 por ciento de las personas de 55 años y más.
En Guatemala, el 75 por ciento de los encuestados afirmaron que cualquier persona común puede realizar aportes a los cambios del país.
¿PERCEPCIÓN ES IGUAL A ACCIÓN?
A pesar de que la ciudadanía está consciente de que son actores importantes para la lucha contra la corrupción, en el país las convocatorias y asistencia a las manifestaciones contra la impunidad y corrupción, (excluyendo el Paro Nacional del 20 de septiembre de 2017) no han sido iguales a las del 2015, cuando se destapó el Caso La Línea.
Manfredo Marroquín comenta que los niveles de asistencia y convocatoria no han sido los mismos al 2015, debido a que ahora existe un ataque de la corrupción más profundo. Los grupos que se sienten amenazados por las investigaciones que han realizado el MP y la CICIG, desplegaron una campaña para desinformar y confundir a la población. Uno de esos mensajes es afirmar que la lucha contra la corrupción es una agenda de izquierda, indica.
“La corrupción no tiene ideología, afecta tanto a izquierda como a derecha y si no miremos el caso Lava Jato. Usted tiene un líder político de izquierda como Lula y un empresario de absoluta derecha como Odebrecht, los dos tomados de la mano para robarle a su país”, señaló Ugaz en la entrevista trasmitida el 7 de noviembre.
De acuerdo con Ugaz, lo que ha demostrado la experiencia global es que la corrupción siempre contraataca. “Por ejemplo en México, Peña Nieto ha destituido al Fiscal que inició una investigación en la que está involucrado el señor Lozoya, quien es muy cercano a su candidatura”, señala.
Respecto a Guatemala, José Carlos Ugaz comenta que el mundo se asombró debido a los intentos del presidente Jimmy Morales de expulsar del país al comisionado Iván Velásquez, quien “está a cargo de investigaciones en donde él -Jimmy Morales- y su familia están involucrados”.
Ugaz añadió que el objetivo de algunas campañas es destruir la personalidad de quien está liderando la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, deslegitimar a los investigadores.
DEFICIENTE DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL EN LUCHA ANTICORRUPCIÓN
El informe de Transparencia Internacional recopiló información acerca de la percepción de que cuán eficaz es el gobierno nacional de cada país en la lucha contra la corrupción en el sector público. De acuerdo con los resultados, más de la mitad de los ciudadanos de la región afirman que su gobierno tiene un mal desempeño.
El 54 por ciento de los entrevistados en Guatemala adjudica un buen desempeño al gobierno respecto a la lucha contra la corrupción. “En Ecuador, Guatemala y Honduras los ciudadanos aprecian los esfuerzos que realizan sus gobiernos para enfrentar la corrupción: más de la mitad de los encuestados adjudica un buen desempeño a su gobierno (54%, cada uno)”, consigna el informe.
A pesar de eso, Marroquín reitera que el Gobierno de Guatemala con la declaración de non grato a Velásquez, se sumó a la contraofensiva de los grupos que se ven afectados por las investigaciones anticorrupción.
Por su parte, Ugaz enfatizó que es “inadecuado manosear” una institución respaldada por las Naciones Unidas y por la comunidad global, solo por razones de políticas internas, en referencia al intento de expulsión del país de Velásquez.
El presidente de Acción Ciudadana reitera que la lucha contra la corrupción se vuelve cada vez más difícil, debido a que se enfrentan contra el Organismo Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales se resisten a abandonar los privilegios y oportunidades que les da el poder y la corrupción.
SOBORNO: UNA EXPERIENCIA DE CORRUPCIÓN
Alrededor de 90 millones de personas de los 20 países sondeados por el estudio de Transparencia Internacional, pagaron algún tipo de soborno durante el último año (2015-2016).
El 51 por ciento de los ciudadanos entrevistados de México y el 46 por ciento de República Dominicana indican que han pagado algún tipo de soborno durante el último año, es decir, son los países con porcentajes más altos de población encuestada que aceptó dar alguna coima.
Trinidad y Tobago es el país con menos porcentaje en la realización de sobornos. Solamente el 6 por ciento de las personas en contacto con un funcionario público, en los 12 meses anteriores a la encuesta, pagó un soborno.
Según los resultados generales de toda la región, los servicios de atención médica pública son los que tienen altos índices de sobornos con un 20 por ciento de la población entrevistada. Seguido de la educación con un 18 por ciento, y trámites para generar algún documento de identificación. El servicio público que en menor cantidad registra sobornos son los tribunales de justicia, con un 12 por ciento.
En Guatemala, el estudio señala que los sobornos a la policía son los más comunes.
El 30 por ciento de la población encuestada respondió que en los últimos doce meses antes de los entrevistados aceptaron dar dinero a un agente policial.
Educación, salud, trámites para obtener algún documento de identificación, servicios públicos y los tribunales tienen un 20 por ciento de pago de soborno, cada uno.
En la región, las personas con diferente estatus social de los veinte países encuestados pagan sobornos en proporciones relativamente similares. El 25 por ciento de las personas que tiene mejor situación económica pagaron un soborno para tener acceso a servicios básicos y un 30 por ciento las personas con menores ingresos. No obstante, para quienes tienen menor nivel socioeconómico el pago de soborno puede representar “una carga absolutamente desproporcionada sobre sus limitados recursos”, señala el estudio.
Respecto al apoyo a la denuncia de hechos de corrupción, seis de cada diez testimonios indican que es socialmente aceptable denunciar los casos de corrupción (60%).
Brasil y Costa Rica son las naciones de las que los ciudadanos son más proclives a denunciar actos de corrupción, el 74 por ciento de los ciudadanos de Brasil y el 75 por ciento de Costa Rica apoyan la acción de denunciar hechos que tengan relación con algún tipo de corrupción.
Si bien la denuncia de casos de corrupción se considera socialmente aceptable en la mayor parte de los 20 países que abarca el estudio, en la práctica se presentan otros resultados, quienes indican haber pagado sobornos, únicamente 1 o ninguno de cada 10 personas lo denunció ante las autoridades.
“No es sorprendente que haya bajos índices en la región donde muchas personas consideran que los policías y los tribunales son sumamente corruptos”, se lee en el informe.
En Guatemala, el 72 por ciento de los encuestados dijo que acepta socialmente denunciar los actos de corrupción.
De acuerdo con Marroquín, las denuncias en el país han aumentado notablemente, el entrevistado atribuye el incremento de denuncias por corrupción a las investigaciones que ha hecho el MP y CICIG. “Las personas cuando ven que las instituciones responden a sus quejas, se continúan animando a denunciar”, señala.
La tendencia a denunciar actos corruptos continuará conforme se vayan evidenciando más avances en las investigaciones que realicen las autoridades, sin embargo, en varias ocasiones se ven estancadas en el Organismo Judicial, señala la investigación.
UN SISTEMA JUDICIAL SÓLIDO Y HONESTO
El informe de Transparencia Internacional, entre sus conclusiones, recomienda a los 20 países involucrados en el estudio, luchar por un sistema judicial sólido, honesto y transparente, como un indicador para mantener el compromiso público contra la corrupción.
“La población desea ver que funcionarios públicos reciban las sanciones correspondientes por los delitos que hayan cometido. Si esto no ocurre, los ciudadanos se sentirán incluso más decepcionados con el sistema de gobernanza de su país y esta energía positiva para el cambio podría desperdiciarse”, puntualiza el informe.
De acuerdo con Marroquín, parte de la propuesta que se hizo para reformar el sistema de Justicia por medio de la Constitucionalidad de la República, fue para tener un Organismo Judicial que responda de mejor manera y reducir “esa presa que hay de casos que no logran desfogarse”.
Sin embargo, enfatiza que ese embudo de casos estacados en los juzgados, aún no se avizora una solución, debido a que los jueces que conocen los casos de alto impacto son escasos y, además, el Estado no les proporciona los recursos necesarios para trabajar.
El entrevistado acota que la población debe seguir atenta a las acciones de las autoridades debido a que continuarán buscando fórmulas que garanticen la impunidad. “La ciudadanía tiene que seguir atenta porque es evidente que esa es la única agenda que tiene el gobierno”.
“Si las personas finalmente abandonan la indiferencia, la apatía y continúan manifestando, proponiendo y con una actitud de exigirle cuentas a los que están en el poder, considero que la batalla contra la corrupción se va a ganar”.
Manfredo Marroquín, Acción Ciudadana.“La corrupción no tiene ideología, afecta tanto a izquierda como a derecha y sino miremos el caso Lava Jato. Usted tiene un líder político de izquierda como Lula y un empresario de absoluta derecha como Odebrecht, los dos tomados de la mano para robarle a su país”.
José Carlos Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional.
