Por Joseline Ayala
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Derivado de las requisas efectuadas el pasado 18 de noviembre en dos centros carcelarios, la relatora de la Oficina Nacional Contra la Tortura, Silvia Villalta presentó una denuncia en contra de los directivos del Sistema Penitenciario (SP), algo que ellos han deslegitimado por atribuirlos a intereses personales.
El viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, dijo que las acciones realizadas en El Infiernito y en el Centro preventivo de la zona 18 fueron derivadas de las amenazas y ataques por extorsionistas a la empresa de telefonía Telefónica.
Producto de estas acciones, las autoridades incautaron a los privados de libertad los objetos que no están autorizados dentro del protocolo pero en ningún momento se violaron los derechos humanos de los reos.
El informe de la denuncia presentada en contra de los directivos del SP indica que a los privados de libertad no se les proporcionaron alimentos ni bebidas durante 2 días, algo que las autoridades negaron.
Juvell de León, director de Presidios, explicó que la relatora Villalta podría estar tomando represalias en contra de su persona debido a que en varias ocasiones se ha presentado a las instalaciones de ese Sistema solicitando favores personales y privilegios, mismos que se le han sido negados.
De León le restó total legitimidad a la denuncia y aseguró estar preparado para enfrentar algún proceso debido a que su accionar siguió en todo momento el protocolo establecido por la Ley.
