Por Regina Pérez
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Julio Solórzano Foppa, hijo de la escritora y periodista guatemalteca Alaíde Foppa, quien fue desaparecida en 1980, habla en nombre de las organizaciones de derechos humanos y de familiares de las víctimas de desaparición forzada que desde hace varios años piden al Congreso aprobar una ley para buscar a los miles de desaparecidos en la guerra interna y dice que todos los crímenes deben ser investigados.
El Estado guatemalteco, afirma, no ha asumido su responsabilidad de buscar a los desaparecidos, pese a su responsabilidad evidente en la comisión de violaciones a los derechos humanos y señala que el país no puede avanzar si no se conoce antes la verdad de lo que sucedió y en la construcción de la memoria.
Solórzano Foppa es hijo del presidente Juan José Arévalo y de la periodista Alaíde Foppa. Es por ello que afirma que siente la responsabilidad de seguir la herencia de su familia de abogar por un sistema democrático.
Señala que debido a que su madre fue secuestrada y desaparecida, el tema de la ley lo toca de una manera personal, pero también porque representa a las organizaciones de derechos humanos en el Consejo Nacional para los Acuerdos de Paz (CNAP).
“Esta es una causa, es la ley 3590, de búsqueda de los desaparecidos, que tiene ya muchos años y que ya pasó por primera y segunda lectura, entonces lo que buscamos es tener la oportunidad de que se agende en el Congreso en una tercera lectura”, explica.
No obstante, señala que no existe apoyo en el Legislativo y que la afiliación política de los legisladores no es un factor para apoyar la iniciativa.
El entrevistado dice que en el Congreso hay tres criterios que mueven las leyes: qué es lo que los diputados consideran importante, qué es lo que consideran urgente y qué es lo que quieren mover por sus propios intereses de partido, de grupo, “pero son los criterios de ellos, no son los criterios del país”.
“A mí me parece importantísimo y urgentísimo tomar el tema de la desaparición forzada que es un tema que no va a desaparecer. Lo hemos visto en otros países, las consecuencias y las huellas del conflicto armado, tienen que ser abordadas, porque los conflictos y guerras civiles tienen que ser abordados, tienen que ser debatidos, tienen que ser parte de la construcción del futuro, no se puede, a mi juicio, construir el futuro sobre la base del olvido. Se construye el futuro sobre la base del conocimiento de la verdad de lo sucedido y de la construcción de la memoria. Ese es uno de los grandes asuntos pendientes como hay otros del Conflicto Armado Interno”, señala.
SIN APOYO ESTATAL PARA BUSCAR A LOS DESAPARECIDOS
En Guatemala, explica, no hay ninguna institución para buscar a los desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno. “Todos los que hemos buscado información sobre nuestros familiares desaparecidos. No lo hemos hecho en las instituciones tradicionales del Estado. En el caso de mi madre que fue secuestrada y desaparecida en la ciudad de Guatemala, nosotros acudimos desde el principio al archivo histórico de la Policía Nacional y no hemos encontrado mucha información, pero hemos encontrado alguna”, refiere.
Solórzano Foppa expresó que las instituciones del Estado que tienen que ver con el tema del conflicto armado son la Secretaría de la PAZ, el Programa Nacional de Resarcimiento, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) y el CNAP, no obstante ninguna está equipada para dar información o ayuda a buscar información de los desaparecidos.
En búsqueda de información, ni ellos ni nadie los puede apoyar (a los familiares) si no que lo hacen organizaciones de la sociedad civil, “algunas son organizaciones en las zonas donde más víctimas hubo del Conflicto Armado Interno. Hay organizaciones locales u organizaciones nacionales que trabajan en esas regiones donde uno puede averiguar ciertas cosas. Pero obviamente con recursos muy limitados”.
EL EJEMPLO ALEMÁN
Tomando en cuenta la responsabilidad del Estado detrás de las desapariciones forzadas, Solórzano Foppa considera que no hay nadie más que el Estado el que debe asumir esa responsabilidad, lo que hasta ahora no ha hecho.
No obstante, enfatiza que “El Estado de hoy no quiere decir que sea el mismo Gobierno que cometió las atrocidades entre 1960 y 1996, que fueron los 36 años del conflicto”. Para ello pone un ejemplo “para todos los países del mundo y porque la respuesta ha sido ejemplar: Alemania”.
“La II Guerra Mundial la provocó el Gobierno de Alemania cuando Hitler era la cabeza de ese gobierno. La II Guerra Mundial causó 70 millones de muertos. El Estado alemán ha tenido, con una extraordinaria dignidad y valor, enfrentar esa responsabilidad e incluso escuchas a los embajadores de Alemania hoy decir: los alemanes somos responsables de algunas de las mayores atrocidades cometidas contra la humanidad. No dicen “fueron los nazis” y han asumido esa responsabilidad”, enfatiza.
Además, indica que en ese país han hecho un esfuerzo porque en todos los estudios, de todos los niveles de la educación alemana desde la primaria hasta los doctorados esté incluido el periodo de la guerra y la responsabilidad alemana en eso. “Es decir, el Estado es responsable de haber cometido lo que cometió y es responsable de dar a conocer lo que sucedió y es responsable de construir un futuro que eso no vuelva a suceder nunca jamás, sobre la base del conocimiento”.
Solórzano considera que es muy difícil y doloroso reconocer los hechos que se cometieron contra la población, no solo para el Estado sino para la sociedad.
“A la gente le cuesta creer, en el caso de Guatemala, cuando han empezado a aparecer descripciones terribles, como en el juicio de genocidio contra Ríos Montt o de las mujeres víctimas de violencia sexual en Sepur Zarco, cuando la gente ha conocido esos testimonios, hay gente que prefiere no creerlo. Son unas barbaridades cometidas en nombre del Estado y del anticomunismo, en contra de civiles, de mujeres, de niños. El asesinato de niños, por fuerzas del Estado, y de una vez para aclarar esto, por supuesto que hubo también atrocidades cometidas por los guerrilleros, pero en una medida infinitamente menor, no es una disculpa, es una realidad”, manifiesta.
De acuerdo con Solórzano, el 92 por ciento de todas las víctimas fueron causadas o por el Ejército o por la Policía, o por fuerzas del Estado y el 3 o 4 por ciento por la guerrilla.
No obstante, expresa que “todos los crímenes deben de ser condenados, todos deben ser conocidos. Qué sucedió, es una lección para que eso no vuelva a suceder nunca más”. Y es por ello que Estado, que fue responsable, tiene doble responsabilidad.
“Es responsabilidad del Estado buscar a los desaparecidos, es responsabilidad reunir familias, darles resarcimiento a las víctimas, que no solo es dinero, es apoyo psicosocial, posibilidades de trabajo, tierra, oportunidades, en fin, educación y salud. El Estado fue, es y será responsable”.
UNA LEY PENDIENTE
La iniciativa de ley “Comisión de Búsqueda de Personas, Víctimas de Desaparición forzada y otras Formas de Desaparición” fue presentada en el Congreso de la República el 18 de enero de 2007 y ese mismo año recibió dictamen favorable, así como en 2011.
De acuerdo con el CNAP, la aprobación de dicha iniciativa en su tercera lectura vendría a fortalecer el proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz y les daría una esperanza a las familias de las miles de víctimas desaparecidas durante el periodo del Conflicto Armado Interno, unas 45 mil personas, cuyo paradero se desconoce.
¿QUIÉN ES ALAÍDE FOPPA?
Escritora, periodista y crítica de arte. Fue secuestrada y desaparecida en la ciudad de Guatemala el 19 de diciembre de 1980, durante el gobierno de Fernando Lucas García. Su secuestro se produjo durante una visita que realizó en Guatemala, ya que su país de residencia en ese entonces era México.
De acuerdo con el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, Foppa fue detenida ilegalmente y posteriormente desaparecida por integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado.
La captura ilegal de Foppa ocurrió en las cercanías del mercado de artesanías de la Placita Quemada de la zona 1, Ciudad de Guatemala, cuando se transportaba en el vehículo de su madre, doña Julia Falla, que era conducido por el chofer Leocadio Ajtún Shiroy, quien también fue desaparecido.
