POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal ordenó al titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto, que reactive el proceso penal contra nueve personas sindicadas en el Caso Bufete de la Impunidad.
Anteriormente, Moto había decretado el cierre del proceso a favor de los imputados.
El pasado 16 de agosto, en una resolución cuestionada por la Fiscalía, Moto liberó de cargos a la jueza Marta Sierra de Stalling por el delito de prevaricato y le clausuró provisionalmente el proceso en su contra por cohecho pasivo. Además, ordenó el cierre del proceso penal que se seguía contra José Arturo Morales Rodríguez, Ruth Emilza Higueros Alay, Jorge Luis Escobar Gómez, Luis Fernando Zapata Zamora y José Luis Montenegro Santos, por asociación ilícita.
Asimismo, en esa ocasión, el juez dictó la clausura provisional a favor de Morales Rodríguez, Higueros Alay y Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jerez, por el delito de cohecho activo, y a favor de Roberto Eduardo Stalling, hijo de la jueza, quien había sido procesado por tráfico de influencias.
No obstante, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones determinó que cuando el juez resolvió no tomó en cuenta todos los medios de convicción que recopiló la Fiscalía en su investigación.
“(…) centró su consideración sólo en algunos medios de convicción sin entrar a evaluar la totalidad de los mismos”, establece la Sala, según lo dio a conocer la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Además, el tribunal estableció que los argumentos vertidos por el juez en su resolución “restringen la averiguación de la verdad de los delitos imputados a los sindicados, ya que no analizó si existen suficientes elementos de convicción para requerir la apertura a juicio”.
El fallo de la Sala se deriva de un recurso de apelación que presentaron el Ministerio Público (MP) y la CICIG para revocar la resolución del juez.
Ahora, Moto deberá evaluar todos los medios de investigación que acompañan la investigación y convocar a los sujetos involucrados en el proceso para resolver si envía o no a juicio a los sindicados.
CASO
Según la investigación, la jueza Sierra de Stalling aceptó sobornos de sindicados en el Caso La Línea a cambio de darles una medida sustitutiva. El enlace entre la jueza y los detenidos fue su hijo, Roberto Stalling.
