POR REDACCIÓN LA HORA
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Abogados que abusan del amparo y recursos legales, así como jueces que incurren en demoras injustificadas en la tramitación de procesos penales, son los principales factores que retardan la justicia en Guatemala, según lo revela el informe “Carrera contra el tiempo, cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad” publicado hoy por la organización Human Rights Watch Guatemala.
El estudio de la organización reconoce un notable progreso en contra de la corrupción en el país desde que se instaló la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2007. Sin embargo, en este se hace una acotación importante: Tanto el período de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, y el mandato de la CICIG están por expirar. Por lo que, de no revertirse las demoras judiciales, los esfuerzos podrían caer en el vacío.
“Si las demoras judiciales logran postergar los procesos hasta que se haya terminado el mandato de la CICIG o hasta que la Fiscal General deje el cargo, podrían fracasar los esfuerzos por perseguir penalmente estos casos, y la corrupción e impunidad terminarían afianzándose en el país con mucho más fuerza”, dijo Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto para las Américas de Human Rights Watch.
El informe de Human Rights Watch consta de 59 páginas, donde se analizan las vertientes por las que han transcurrido ocho procesos penales: La Línea, Plazas Fantasma, Bufete de la Impunidad, Blanco Lapola, Militares Corruptos, Genocidio, Myrna Mack y Dos Erres.
En los procesos antes mencionados, Human Rights Watch, luego de entrevistar a decenas de jueces, abogados y fiscales, detectó que existe un “patrón constante en el cual los abogados defensores logran provocar extensas dilaciones al presentar recusaciones contra los jueces o peticiones de amparo de forma reiterada y a menudo injustificada, en contra de decisiones judiciales”.
CAUSAS DE RETRASOS
NO HAY CRITERIOS PARA ADMITIR AMPAROS
Los amparos interpuestos en la última década van en aumento. En 2016, se presentaron 5 mil 152 acciones de amparo en los tribunales, mientras que en 2012 hubo 3 mil 856 amparos interpuestos y en 2009, un total de 3 mil 58, reza el documento.
El estudio da cuenta que gran cantidad de los amparos que se interponen no cuentan con los requisitos mínimos para ser admitidos. Sin embargo, los jueces no poseen la orientación sobre en qué casos deben ser aceptados. En las entrevistas realizadas para la investigación, jueces y abogados reconocieron a Human Rights Watch que preferían admitir para su trámite la mayoría de amparos por temor a que se determine que incurrieron en error. Este problema se agrava, según el estudio, porque la Corte de Constitucionalidad “no ha brindado criterios claros y coherentes sobre cómo aplicar los requisitos de admisibilidad”.
NO SE CUMPLEN PLAZOS
La ley establece que la tramitación y resolución de los amparos no debería durar más de un mes. A pesar de eso, jueces, fiscales, funcionarios judiciales, juristas y abogados entrevistados por la organización comentan que estos trámites demoran entre 6 y 12 meses.
Como ejemplo de lo anterior, Human Rights Watch detectó tres casos: a) en Plazas Fantasma, la CSJ tardó nueve meses en rechazar un amparo interpuesto por dos acusados en mayo de 2016; b) en el Caso Blanco Lapola, la CSJ tardó nueve meses en resolver una acción de amparo interpuesta en enero de 2015 por CICIG y MP y c) en Militares Corruptos la CSJ demoró siete meses en dictar sentencia sobre un amparo presentado por varios acusados.
PROCEDIMIENTOS BUROCRÁTICOS
Al momento en que se presentan recusaciones o amparos, los Juzgados de Primera Instancia Penal deberían trasladar los expedientes a Tribunales de Alzada (Apelación) para que estos resuelvan los recursos. Este trámite debería ser breve, sin embargo, el envío de expedientes suele demorar varias semanas, según comentaron jueces y funcionarios judiciales a Human Rights Watch.
Asimismo, los jueces se quejaron de que los Tribunales de Alzada pueden ser muy exigentes respecto al orden, sellado y numeración de los expedientes, por lo que se torna común que devuelvan expedientes.
Así, por ejemplo, en Blanco Lapola al juez se le presentó una recusación el 4 de abril de 2012, pero trasladó el expediente al Tribunal de Alzada hasta el 24 de abril de 2012.
SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS
A menudo, los jueces detienen el trámite de procesos penales mientras esperan la resolución de otro tribunal respecto a un amparo. La ley no los obliga a detener el trámite del proceso, pero algunos jueces confiesan que lo hacen por temor a quedar expuestos a denuncias que puedan perjudicar su carrera.
JUECES TARDAN EN REPROGRAMAR AUDIENCIAS
El estudio de Human Rights Watch observó que los jueces programan audiencias con períodos muy prolongados, lo que agrava las demoras causadas por amparos y recusaciones.
Por ejemplo, el informe hace mención del Caso La Línea, en el que, luego de suspenderse la etapa intermedia el 28 de septiembre de 2015, esta se reprogramó hasta el 28 de marzo de 2016. Es decir, seis meses después.
LITIGIO DE ABOGADOS
En algunos casos los abogados accionan con amparos u otros recursos legales para demorar los procesos penales.
Ejemplo de lo anterior es el Caso Plazas Fantasma, donde uno de los señalados recusó al juez tres días antes de la fecha para la cual se programó la audiencia de etapa intermedia. De igual forma, en Bufete de la Impunidad, un acusado cambió de abogado dos semanas antes de que empezara la etapa intermedia. Cuando esta inició, el litigante recusó al juez argumentando enemistad.
NO RINDEN CUENTAS
Human Rights Watch ve con preocupación el hecho de que ni abogados ni jueces rinden cuentas por las demoras en los procesos penales.
Prueba de lo anterior, un total de 3 mil 175 abogados no han pagado multas que les fueron impuestas por interponer amparos frívolos y, solo un abogado, debe más de Q102 mil. En total, lo adeudado por abogados suma más de Q9 millones en multas. La multa por interponer amparos frívolos no puede ser superior a los Q1 mil, lo cual revela la magnitud del problema.
Asimismo, según estadísticas de la Junta de Disciplina Judicial que fueron recogidas por Human Rights Watch en 2016, se presentaron 111 denuncias contra jueces por demoras injustificadas. Pero 100 de estas fueron desestimadas y solo en 3 casos se determinó que los jueces incurrieron en demoras indebidas.
CASOS EXAMINADOS
BLANCO LAPOLA
El primer caso que se aborda en el estudio es el de Marlene Blanco Lapola, exdirectora de la Policía Nacional Civil y exviceministra de Gobernación, a quien el MP y CICIG sindican de haber ordenado la ejecución extrajudicial de tres personas.
Lapola fue detenida en 2012 junto con otras tres personas. A pesar de eso, cinco años después el caso no ha llegado a juicio oral y público.
Los retrasos se deben a que la defensa presentó cinco recusaciones, utilizando una y otra vez los mismos argumentos que ya habían sido rechazados antes. Esto retardó el proceso penal por casi tres años.
MILITARES ACUSADOS DE CORRUPTOS
La CICIG y el MP sindican a ocho exmilitares que sustrajeron más de Q470 millones del Ministerio de la Defensa. Entre los acusados figura el hijo del exdictador José Efraín Ríos Montt. El caso fue develado en 2009, pero ocho años más tarde no ha llegado a juicio.
Los atrasos detectados por la organización se deben a que, en reiteradas ocasiones, la defensa intentó separar a la CICIG del caso, lo que detuvo el proceso por casi dos años. Pero el retraso más significativo se deriva de una resolución del juez contralor en 2013, cuando decidió no enviar a los acusados a juicio. Esta resolución fue revocada por la CSJ, pero para que esto sucediera se demoró “más de lo que dispone la ley”, concluyó el estudio.
GENOCIDIO
En 2011, se detuvo a Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia militar durante la dictadura de Ríos Montt (1982 y 1983) y, un año después, fue detenido Ríos Montt. A ambos se les acusó de genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad por 105 masacres en las cuales fueron asesinados 1 mil 771 ixiles.
Ríos Montt fue condenado a 80 años de cárcel en marzo de 2013 y Rodríguez Sánchez fue absuelto, pero diez días después del fallo la CC dejó sin efecto la condena. Cuatro años después, el juicio acaba de iniciar de nuevo.
En 2013, el juicio “estuvo marcado desde el comienzo por tácticas dilatorias de la defensa”, reza el informe. Entre estas tácticas, los abogados de Ríos Montt no se presentaron al primer día de audiencia y en su lugar asumió Francisco García Gudiel. Este abogado inmediatamente intentó separar a la jueza presidenta del Tribunal, Yassmin Barrios, aduciendo enemistad y también al juez Pablo Xitumul porque dijo que era amigo suyo. El tribunal denegó las recusaciones y ordenó el retiro de Gudiel de la sala de audiencias.
La defensa de Ríos Montt apeló la resolución del tribunal ante una Corte de Apelaciones y esta ordenó al tribunal que “revirtiera” la expulsión de García Gudiel. Luego de la sentencia, la CC anuló el fallo al considerar que el tribunal no había acatado la resolución de la Corte de Apelaciones.
“LA LÍNEA”
El MP y la CICIG develaron en abril de 2015 una estructura criminal que involucraba al exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, que cobraba sobornos a importadores.
Human Rights Watch ve con preocupación que, dos años después, los acusados recién fueron enviados a juicio. El caso se retrasó por ocho meses debido a enfermedad de un fiscal y posteriormente de un abogado, así como una apelación que no había sido resuelta.
El proceso se suspendió por un mes y medio mientras se resolvía un recurso de un acusado para apartar a la PGN del proceso, entidad que finalmente pudo participar como agraviada. Después de esto, el Juzgado programó la audiencia hasta octubre de 2016, seis meses después. Pero el día que se iba a celebrar la audiencia los abogados de Pérez Molina no se presentaron al tribunal. La audiencia fue reprogramada por el Juzgado tres meses y medio de después, lo cual acumulaba ya un año y medio de retrasos.
Finalmente, por recusaciones de Pérez Molina contra el juez Gálvez el caso también sufrió retrasos significativos.
BUFETE DE LA IMPUNIDAD
En este caso está sindicada la juez de Primera Instancia Penal, Marta Sierra de Stalling, por cobrar sobornos a cabecillas de La Línea a cambio de beneficiarlos con una medida sustitutiva luego de que fueron detenidos en abril de 2015.
El inicio de la audiencia de etapa intermedia de este caso, donde están sindicados abogados, demoró más de dos años debido a cinco recusaciones interpuestas y otras tácticas dilatorias de la defensa.
Una de estas recusaciones logró separar al juez contralor y el expediente fue trasladado a un nuevo juez. No obstante, este togado se excusó del caso argumentando que tenía amistad con un sindicado. El caso ha pasado por tres jueces.
Posteriormente, la Fiscal General solicitó a la CSJ que el caso fuera trasladado a un Juzgado de Mayor Riesgo, pero esto demoró más de un año porque, cada vez que se iba a realizar la audiencia, algún acusado presentaba recusación contra algún magistrado de la Cámara Penal, según lo visto por Human Rights Watch.
PLAZAS FANTASMA
En junio de 2015 el MP y la CICIG sindicaron a Pedro Muadi, expresidente del Congreso, de crear plazas fantasma en el Legislativo para quedarse con el dinero de los salarios de las personas que supuestamente ocupaban estos cargos.
Los atrasos comenzaron en noviembre de 2015, cuando un acusado recusó al juez argumentando que este había admitido casi todas las solicitudes de la CICIG. La recusación fue denegada por una corte de apelaciones pero esto demoró cuatro meses. Luego, dos acusados presentaron amparos en la CSJ y la resolución de estos demoró más de nueve meses.
La audiencia fue reprogramada para marzo de 2017, pero días previos el abogado de Muadi presentó otra recusación, la cual retrasó el proceso por tres meses y medio.
También fueron analizados casos del pasado, como el caso donde se dilucidaba el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, el cual demoró varios años debido al menos a doce amparos interpuestos por la defensa.
El último caso analizado es la masacre de Las Dos Erres, en 1982, donde oficiales del Ejército ejecutaron a alrededor de 200 civiles, y cometieron violaciones a mujeres.
Las detenciones ocurrieron en 1999 y 2000, pero 33 acciones de amparo y 41 recursos, demoraron el caso por varios años.
El caso aún no concluye, pues un exsoldado y Ríos Montt aún esperan que se inicie el juicio oral en su contra.
El documento será presentado hoy por representantes de la organización mencionada y en su exposición participará el jefe de la CICIG, Iván Velásquez.
“LA HORA” HA DADO SEGUIMIENTO
Lo expuesto en el informe de la organización Human Rights Watch ha sido denunciando en varios reportajes y noticias publicadas por La Hora.
En noviembre se publicó el reportaje ¿Procurar impunidad utilizando la ley? La estrategia de litigio que retrasa los casos. En este el planteamiento central era explicar que “Toda persona acusada de cometer un delito cuenta con el derecho de ser defendida por un abogado, pero existe una diferencia entre ejercer una defensa legítima, apegada a la ley y a la ética profesional, y ejercerla con el objetivo de procurar la impunidad. A esta última modalidad, según estudiosos del sistema de justicia, se le denomina “litigio malicioso”, y es una tendencia continuada en el ejercicio del derecho que en el último año ha generado retrasos en los procesos de corrupción”.
El litigio malicioso es un método sencillo. El abogado Édgar Pérez, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, lo plantea como una estrategia judicial de parte de abogados defensores que tiene como fin retrasar los casos que se ventilan en los juzgados y tribunales.
Para lograr este cometido, el litigante (encargado de ejercer la defensa de un sindicado) plantea amparos, apelaciones, incidentes, recusaciones y en general, cualquier recurso judicial, sin otro fin que entorpecer los procesos.
Por esa razón, dichos recursos no necesitan estar debidamente fundamentados, pues su objetivo no es velar por el estricto cumplimiento de los derechos del sindicado, sino retrasar el proceso judicial.
Esta estrategia, cada vez más utilizada, tiene sus razones de ser. “Si hay un querellante adhesivo, generalmente se desespera, va desconfiando en el Sistema Judicial y va teniendo menos esperanza, hasta que finalmente abandona el proceso”, dice Pérez. Esta desesperación también trata de influir en el juez a cargo. Todo esto, con miras a obtener ciertas cuotas de impunidad en los procesos.
También se utiliza el llamado litigio malicioso para casos en los cuales los sindicados están en prisión preventiva, y es que es la misma defensa la que presenta los recursos para evitar el avance de los procesos y luego argumenta que sus clientes están presos ilegalmente, porque ya han vencido los plazos que manda la ley.
