Por José del Águila
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La organización Human Rights Watch, por medio de su director Daniel Wilkinson, manifestó su preocupación por el hecho de que los retardos en la administración de justicia provoquen fracasos en la lucha contra la corrupción e impunidad que actualmente lideran el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el país.
Wilkinson expresó su inquietud por el hecho de que muchos casos de alto impacto no avancen durante la presentación del informe “Carrera contra el Tiempo, cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra impunidad”, elaborado por la entidad que dirige. En el evento también participaron el titular de la CICIG, Iván Velásquez, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, y la encargada del estudio, Mirte Postema.
Dicho informe da cuenta de cómo abogados defensores usan la figura del amparo y la recusación (un recurso legal que sirve para separar a jueces de procesos cuando se duda de imparcialidad) para retrasar los casos investigados por el MP y la CICIG que actualmente se dilucidan en los tribunales. Además, el estudio detalla la forma en que jueces y operadores de justicia provocan con sus actuaciones demoras judiciales.
“En nuestro análisis, llegamos a la conclusión de que si no hay esfuerzos para que esas demoras no sigan, hay riesgo de que esos casos tan importantes nunca lleguen a juicio. O llegarán en una coyuntura donde será muy difícil tener un juicio con resultados confiables. El título del informe es Carrera contra el Tiempo, la lucha contra la corrupción está contra el tiempo”, dijo Wilkinson.
Una de las principales preocupaciones que manifestó el director de Human Rights Watch es que tanto el período de la Fiscal General, Thelma Aldana, como el mandato de la CICIG están prontos a finalizar, sin que la mayoría de los casos hayan llegado a una etapa de juicio.
El mandato de Aldana culmina en mayo de 2018 y el de la CICIG en septiembre de 2019, si el presidente Jimmy Morales decide no renovarlo.
Velásquez, quien participó como panelista en la presentación, también mencionó que algunos acusados alegan que permanecen en prisión preventiva de forma prolongada sin que su situación jurídica se solvente, pese a que son ellos mismos quienes provocan retrasos en los procesos.
“No puede ser que si una persona ha dilatado un proceso por dos años, luego aduzca que está injustamente detenido sin que haya juicio, porque el causante que no haya juicio es él mismo al haber abusado de los amparos”, dijo Velásquez.
El Procurador, por su parte, señaló que el MP y la CICIG lograron sentar en el banquillo de los acusados a personajes a quienes la sociedad guatemalteca nunca imaginó verlos en esa calidad. Según dijo, “esto hace que haya una resistencia al trabajo del MP y de la CICIG. La justicia está haciendo historia y siendo referente a otras naciones”, dijo.
Al igual que Wilkinson, Rodas dijo que, en caso se retarde el juzgamiento de los acusados en casos de alto impacto, “estaremos a la merced de poderes fácticos”.
LLAMADO A JUECES
El director de Human Rigths Watch dijo que, a raíz del estudio, se determinó que, además de los abogados, quienes tienen la máxima responsabilidad en la demora de procesos judiciales son las máximas Cortes del país (CC y CSJ).
Por tal motivo, el Comisionado de la CICIG dijo que la elaboración de este informe debe “constituirse en un llamado a jueces y magistrados para que contribuyan con este proceso nacional de lucha contra la impunidad y de lucha contra la corrupción”.
Velásquez también mencionó que el retraso en los procesos penales ha causado una disminución en el fervor ciudadano de lucha contra la corrupción que se originó en 2015.
“Hay muchos casos, muchas personas presas, pero no hay sentencias. Podría decirse de unas diez personas que han sido condenadas, pero las audiencias en que se deberían estar juzgando a los implicados no concluyen. Pensaba que esto tiene una importancia para quienes se enfrentan a la lucha contra la corrupción, para quienes no están interesados que avance. Empieza una situación del desconcierto y esto lo que logra es volver a traer la tranquilidad, a la estabilidad que tanto se piensa. Ese que era un proceso de ruptura en el país se suaviza tanto”, dijo Velásquez.
El informe elaborado por Human Rigths Watch se encuentra disponible en https://www.hrw.org/es/node/310875/
