Por Denis Aguilar
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Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, indicó que no se oponen a la iniciativa de Ley 5257 con la que se pretende reformar la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, debido a que considera necesario que se fiscalicen a esas entidades.
“Estamos totalmente de acuerdo en que las diversas organizaciones ciudadanas, sobre todo las que manejan dinero del Estado, estén sujetas a los controles y a la fiscalización del control democrático del Estado”, dijo Ibarra, agregando que la Contraloría General de Cuentas (CGC) debe auditarlas.
Ibarra comentó que estas organizaciones deben rendir cuentas, por lo que están de acuerdo con que se mejore la legislación en ese sentido y que se pueda fiscalizar de una mejor forma debido a los recursos que se les asignan.
La entrevistada indicó que podrían darse en esta propuesta de reforma algunos cambios que menoscaben los espacios para la participación ciudadana o la acción de las ONG, pero aseguró que eso se evitaría revisando la iniciativa.
“En principio, todos los que manejan recursos del Estado y en general las organizaciones, tendrían que rendir cuentas a la ciudadanía y a las autoridades que corresponda”, declaró.
CONTRALORÍA DEBE FISCALIZAR
Para Ibarra, la Contraloría General de Cuentas ya tendría que estar realizando auditorías en entidades de la sociedad civil que no pertenecen al Estado.
“La Contraloría ya tendría que estar efectuando auditorías sobre las organizaciones no gubernamentales que ejecuten obra pública o que son subcontratadas para ejecutar ciertos servicios y no necesitaría la Contraloría de una ley específica para hacerlos, es cuestión que el Contralor y su equipo encuentren la forma de proceder”, señaló.
Ante esto, destacó que los controles son bienvenidos en todo ámbito y principalmente para la rendición de cuentas.
“Si estamos pidiendo que los funcionarios públicos rindan cuentas, todos tenemos que estar en la misma línea de actuar con transparencia”, aseguró.
Sobre esta iniciativa, el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, manifestó que no tiene mucho conocimiento sobre la misma, aunque indicó que todas las decisiones que se tomen deben ir en orientadas en el beneficio de la población guatemalteca.
Mencos añadió que se debe entender que aunque una persona tenga un cargo público, eso no lo hace diferente a las demás, en referencia a la fiscalización de las ONG.
