POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco Lapola, logró una vez más suspender el trámite del antejuicio en su contra. Según la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, su defensa presentó hoy un incidente legal que suspendió la citación que le giró el juez pesquisidor este lunes a las 10:00 horas.
Blanco presentó un incidente denominado “incidente de competencia por razón de la materia” en el cual argumenta que los hechos que le imputa la Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) no deben de resolverse en el área penal, sino en otra materia.
Ahora, el juez pesquisidor del antejuicio, Eduardo Galván Casasola, deberá trasladar el expediente del antejuicio a la Cámara de Amparos y Antejuicios y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta instancia deberá resolver si rechaza o acepta los argumentos del diputado.
Sin embargo, mientras el incidente se resuelve, el plazo de 60 días que otorga la ley al juez pesquisidor para que éste indique si es recomendable o no retirarle la inmunidad al parlamentario permanecerá detenido.
Esta no es la primera vez que Blanco intenta trasladar su caso a un ámbito distinto al penal. Anteriormente, presentó una “declinatoria por competencia”. En este exponía que los magistrados de la CSJ no eran competentes para conocer los hechos que le imputan, puesto que al que le corresponde es al Director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.
Sin embargo, este recurso fue rechazado por la CSJ.
“No hay competencia que dilucidar, ya que si bien, el señor Orlando Joaquín Blanco Lapola, indicó que la denuncia promovida en su contra debe ser conocida por el Director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, dicha autoridad no ostenta competencia para conocer denuncias promovidas por la posible comisión de delitos”, argumentó en su resolución la CSJ.
La Fiscalía busca que la CSJ le retire la inmunidad al congresista para poder investigarlo por el delito de financiamiento electoral ilícito. Según la investigación, en 2015, mientras Blanco era secretario general de la UNE, el partido incumplió con su obligación de reportar aportes dinerarios que fueron utilizados para el pago de servicios de transporte aéreo.
El MP detectó que la UNE reportó Q1 millón 652 mil 484 como aportes no dinerarios provenientes de las empresas Bienno y Maariv para el pago de transporte aéreo. No obstante, ambas entidades negaron haber brindado tales colaboraciones.
La Fiscalía también presentó antejuicio contra el diputado de Lider, Roberto Villate, por el mismo delito. Este aún se encuentra en trámite con la jueza presidenta de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, Anabella Cardona.
