Por Redacción La Hora
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La congresista Norma Torres señaló que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha sido víctima de su propio éxito pues ha sido víctima de campañas para desacreditar su labor, por lo que pidió apoyo para respaldar su trabajo en contra de la corrupción.
En una audiencia para examinar el impacto y la efectividad de la Ley Kingpin y discutir las formas de mejorar las sanciones antinarcóticos de los EE. UU., Torres comentó que “el tráfico de drogas es, obviamente, un problema muy serio pero tenemos que ver más allá del flujo ilegal de narcóticos y drogas, no creo que hayamos trabajado tan cerca cómo podríamos de los países de Centroamérica y Sudamérica para ayudarlos a ayudarnos”.
En su intervención destacó la necesidad de trabajar para construir un sistema de justicia y luchar contra la corrupción, trabajando para apoyar a grupos como la CICIG que han hecho “mucho trabajo en Guatemala, un muy buen trabajo”.
La congresista pidió apoyo para la Comisión, a quien se refirió como una instancia que ha logrado grandes avances en cuanto a las investigaciones contra estructurales criminales y que ha logrado colocar a criminales tras las rejas, incluyendo a políticos corruptos.
Ahora parece que CICIG se ha vuelto víctima de su propio éxito, están atravesando campañas para desacreditar y socavar su trabajo, señaló.
En Guatemala debemos respaldar el trabajo de CICIG, han tenido un gran progreso y han puesto a criminales tras las rejas, políticos corruptos incluidos, indicó.
Asimismo, la congresista recordó la preocupación aún existente por el contrato que Guatemala oficialmente firmó para hacer lobby contra la CICIG y mencionó una investigación en proceso para identificar a quienes pagaron por esos servicios, pues a su criterio, podrían ser personas cercanas a actividades ilícitas.
El Subdirector Programa Latinoamericano del Centro Woodrow Wilson, Eric Olson, que también participó en la audiencia, mencionó que la CICIG ha seguido la pista de los vínculos entre partidos políticos y organizaciones criminales que recurren al financiamiento de campañas para dar paso a procesos de corrupción.
Según Olson, en países como Guatemala, el partido político es un vehículo que muchas veces garantiza impunidad a estructuras criminales.
