POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó una recusación que interpuso el diputado Roberto Villate contra la jueza pesquisidora de su antejuicio, Anabella Cardona, y amonestó a su abogado defensor por ejercer una estrategia de defensa maliciosa, informó el Ministerio Público.
La recusación fue interpuesta por Villate el 10 de octubre pasado. Con la misma buscaba que la CSJ separara como jueza pesquisidora del antejuicio a Cardona, argumentando que ya había externado opinión del caso. No obstante, la Corte rechazó los alegatos del congresista.
En la resolución, la CSJ también le impuso una multa de Q500 al abogado defensor de Villate, y le hizo la advertencia que, de continuar interponiendo recursos carentes de sustento y con el único fin de entorpecer las pesquisas, se ordenará su retiro de la defensa técnica del parlamentario, según la Fiscalía contra Delitos Electorales.
En caso el abogado fuera separado de la defensa técnica, Villate tendría que nombrar a un nuevo defensor, resolvió la Corte.
ANTEJUICIO
Según las investigaciones del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuando Villate desempeñó el cargo de Secretario General del partido político Lider, en 2015, se registraron aportes anónimos por Q71 millones 633 mil 650.
Asimismo, en ese período, Lider gastó en campaña electoral Q83 millones 840 mil 196.76, con lo cual sobrepasó el techo establecido por el Tribunal Supremo Electoral.
Cardona se encuentra dentro del plazo de 60 días que le otorga la ley para que elabore un informe pesquisidor; la jueza debe indicar si es recomendable o no retirarle la inmunidad al diputado. No obstante, la decisión final la tomará la CSJ en sesión plenaria.
El MP también presentó una solicitud de antejuicio contra el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco, ya que mientras ocupó el cargo de Secretario General del partido no reportó aportes dinerarios destinados al pago de servicios de transporte aéreo.
Por estos hechos, ambos congresistas enfrentan una solicitud de antejuicio por el delito de financiamiento electoral ilícito.
