POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
Un promedio de 57 teléfonos ha decomisado el Sistema Penitenciario (SP) mensualmente, en las 21 cárceles del país. El problema persiste, a pesar de la Ley de Equipos Terminales Móviles, que ordena hasta diez años de prisión a quien use teléfonos celulares en recintos carcelarios.
Anoche las autoridades imputaron nuevos delitos a los reclusos Edín Orlando Santizo Mejía, de 34 años y a Julio César Navarro Cortés, de 30, quienes tenían teléfonos celulares en la Granja de Rehabilitación Pavón, ubicada en Fraijanes.
Santizo ingresó a esa cárcel el 30 de octubre del año pasado, por el robo de un teléfono y Navarro entró el 13 de julio de este año por homicidio y homicidio en grado de tentativa, según los datos policiales.
El Decreto 08-2013, Ley de Equipos Terminales Móviles señala en el artículo 26, uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad, que quien se encuentre interno en un centro de privación de libertad, no puede usar o portar un teléfono; la pena máxima por transgredir la disposición legal es de diez años.
Sin embargo, la problemática persiste y muestra de ello es que el SP ha incautado entre el 1 de enero al 6 de noviembre de 2017, 632 teléfonos en 345 requisas, lo que representa que mensualmente pudo decomisar hasta 57 móviles.
De acuerdo con Rudy Esquivel, portavoz de Presidios, también se ha detenido a 73 personas por el ingreso de ilícitos. Entre los aprehendidos están 24 trabajadores, 25 visitantes y 24 internos.
PROTOCOLOS
Walter Menchú, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), opinó que más allá de una ley, es necesario fortalecer los protocolos de seguridad en las cárceles.
“Incautarle a una persona, un teléfono en la cárcel, no es un disuasivo. Habría que retomar los bloqueos telefónicos, porque lo que más complica es el hacinamiento. Esos aparatos –teléfonos– junto a otros objetos ilícitos, ingresan en las visitas”, explicó Menchú.
El entrevistado agregó que también se debe trabajar en la creación de jerarquía dentro del servicio penitenciario, encargados de turno y supervisión de guardias.
El investigador del CIEN dijo que algunas acciones “positivas”, son la instalación de escáneres, aunque el reto es que funcionen y los mantengan en óptimas condiciones.
