Por Joseline Ayala
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La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso podría considerar retirar a los candidatos para elecciones populares el requisito de tener la constancia del finiquito emitido por la Contraloría General de Cuentas, que detalle que el aspirante no ha realizado malos manejos con recursos públicos.
El diputado integrante de la bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena, asegura que esa propuesta presentada por él ha sido tomada de forma positiva por los integrantes de la sala de trabajo que este lunes podrían definir si es aceptada o rechazada.
Linares explica que su intención no es fomentar la impunidad ni permitirle a las personas involucradas en casos de corrupción que se postulen a cargos públicos electos popularmente, pero que considera que desde la Contraloría se afectan las postulaciones, por lo que se busca eliminar el finiquito como requisito previo.
“Presenté la sugerencia que el finiquito no sea un requisito previo para la inscripción de los candidatos en el Tribunal Supremo Electoral, pero ese tema seguiría siendo una objeción después de la elección y antes de la adjudicación de los cargos”, explicó.
Esta propuesta ha sido criticada debido a que esto permitiría que contratistas del Estado puedan optar a cargos populares, algo que la ley impide.
A criterio del diputado, podrían existir influencias poderosas que obligarían a la Contraloría a “retrasar” el proceso y con esto evitar que una buena parte de los aspirantes a un cargo no completen la papelería requerida y se queden fuera de las elecciones.
“La Contraloría no puede afectar a los candidatos aunque los mismos deberían estar solventes y conscientes que deben llenar ese requisito, es por el tiempo que podría tomar el trámite que lo estoy proponiendo”, explicó.
COMISIÓN PODRÍA ABORDARLO
Desde el mes de agosto, la comisión abordó este tema por primera ocasión, pero en ese momento no se profundizó en este punto y sería hasta ahora, con la fase de elaboración del dictamen de las Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que se volverá a discutir.
“El trámite a veces tarda semanas y aunque las personas que optan a un cargo de elección popular deberían hacer esas gestiones con tiempo a veces no depende de esa personas sino del retraso que podrían manipular desde la Contraloría para que una persona no se inscriba”, justificó Linares.
El parlamentario asegura que si la comisión rechaza su propuesta lo socializará para determinar si desiste del mismo o si por el contrario encuentra el apoyo necesario para que al momento de llegar la propuesta al pleno se pueda proponer como enmienda.
