Por Joseline Ayala
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La Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto las disposiciones que se encuentran en cuatro artículos del Código Penal y 1 de la Ley contra la Narcoactividad que se refieren a la pena de muerte, lo que fue fuertemente criticado por algunos diputados del Congreso, quienes indicaron que la vía para abolir esa pena es del Legislativo.
El presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, indicó que con esta disposición que se hizo pública ayer se estaría cometiendo injerencia, pues la única vía legal que existe en el país para abolir la pena capital es el Congreso.
Chinchilla indicó que a su criterio la CC se ha extralimitado al inmiscuirse en temas que no son de su competencia.
“Creo que ya está legislando la Corte en esa materia, ellos tendrán sus motivos, nosotros siempre somos respetuosos de las decisiones, creo que para muchos sectores es sorprendente que ellos ya estén legislando, respeto la decisión, pero no sé si realmente ellos pueden emitir una decisión de esta índole porque en todo el mundo esta decisión la debe tomar el Congreso”, explicó.
El diputado Marcos Yax, quien se ha pronunciado a favor de implementar la pena capital, indicó que con esta decisión los magistrados les estarían dando un regalo a los delincuentes y propuso que en vez de tomar esas decisiones se deben rebajar los sueldos de algunos funcionarios para destinarlos al Sistema Penitenciario.
Por su parte, el diputado Ronald Arango, quien está en contra de la pena de muerte, aseguró que existe un desconocimiento general sobre este tema y, según su criterio, la violencia no puede ser reducida con más violencia, por lo que el Congreso ahora debería reformar la Constitución para eliminar en definitiva esta pena.
A decir del integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Eduardo Zachrisson, con esta decisión se hace necesario que dicha sala de trabajo emita una postura por lo que propondrá acciones al respecto.
DE LA RESOLUCIÓN
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió una acción de inconstitucionalidad general parcial interpuesta por José Alejandro Valverth y Marlon Estuardo García, de la organización Integridad en contra de varios artículos del Código Penal y 1 de la Ley de Narcoactividad que se refieren a la pena de muerte, los cuales declararon “inconstitucionales”.
Valverth informó que esta ruta que tomaron como organización la denominan una abolición judicial, aunque explica que la intención era eliminar las disposiciones que se adjuntaron a la legislación ordinaria sobre el tema después de que Guatemala haya suscrito el Pacto de San José, un sistema creado por las Naciones Unidas para proteger los derechos humanos.
