POR REDACCIÓN LA HORA
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Diversos sectores sociales, entre estos pueblos originarios, comunidades migrantes, académicos, empresarios y más que integran la “Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad”, requirieron en un comunicado de prensa la renuncia del presidente Jimmy Morales, la depuración al Congreso de la República, así como reformas profundas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y mantener en agenda una eventual Asamblea Nacional Constituyente.

Según exponen en el comunicado realizarán movilizaciones sociales permanentes hasta que se cumplan sus peticiones, para lo cual aseguran ya tienen acciones concretas fijadas para hoy y mañana. Entre estas una movilización campesina que se desarrolla en el cruce de Senahú, Alta Verapaz y la salida de Río Dulce, Izabal según documenta la Asamblea en su cuenta de la red social Twitter.

“Nos declaramos en movilizaciones sociales permanentes en todo el país, hasta que sean atendidas las demandas ciudadanas, para lo cual se han planificado acciones concretas a partir del 26 y 27 de octubre del 2017”, indican en el comunicado de prensa.

Los integrantes del movimiento argumentan que otros factores que han agravado la crisis política en el país, está relacionada a la más reciente investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), denominada Caja de Pandora.

En esa pesquisa se evidencia que presuntamente el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, habría incurrido en una serie de delitos relacionados al financiamiento electoral ilícito del partido Unionista.

Además, mencionan que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a criterio de la Asamblea reforzaron las acciones de políticos opositores a la lucha contra la corrupción, y recuerdan el rechazo unánime de las solicitudes de antejuicio contra el mandatario Morales y los 107 diputados del llamado “Pacto de Corruptos”.

Por último respaldan a las Asambleas Departamentales que han buscado firmas para solicitar la renuncia de aquellos diputados que han sido declarados “non gratos” por comunitarios, y enviaron un agradecimiento a las Premio Nobel de la Paz, que se encuentran en Guatemala en respaldo a la lucha de pueblos indígenas que se oponen a un proyecto minero en Santa Rosa.

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