Por Joseline Ayala
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Los integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso se encuentran analizando cuatro propuestas de reformas a varias leyes, entre las que figuran dos que han sido vinculadas con el pacto de corrupción que logró hace unos meses que se aprobaran dos cambios a favor de la impunidad.
El presidente de la Comisión, Cornelio García, explicó que entre las propuestas que analizan dictaminar se encuentran reformas a la Ley en Materia de Antejuicios y a la Ley de Extinción de Dominio.
Estas dos propuestas sonaban junto a reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que podrían ser el próximo objetivo del pleno, que las aprobaría con el mismo mecanismo que utilizaron el pasado 13 de septiembre para pasar cambios del llamado “pacto de corruptos”.
El diputado García explicó que en el caso de la Ley de Extinción de Dominio se buscará el criterio de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), para analizar si se incluyen a cuatro nuevas instituciones, con el objetivo de beneficiarse de los bienes que son extinguidos.
Esta propuesta fue presentada por el diputado Ronald Ramiro Sierra, integrante del Movimiento Reformador (MR), y de acuerdo con sus argumentos se planea habilitar que tanto el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Ministerio de Educación (Mineduc) tengan acceso a espacios físicos extinguidos para construir hospitales y escuelas.
Además, la ley también propone beneficiar a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en sus centros universitarios en el interior de la República, para habilitar espacios, y utilizarlos para actividades agrícolas, pecuarias, forestales y ambientales.
REFORMAS A LA LEY DE ANTEJUICIO
Por su parte, el diputado Fernando Linares Beltranena propuso la reforma a la Ley en Materia de Antejuicio que propone que se establezcan dentro de la ley plazos para que las autoridades resuelvan un trámite de antejuicio, condenar el silencio administrativo, aclarar la cosa juzgada y lo que llama “perverso” ante-antejuicio.
El último punto que plantea la propuesta del diputado indica que es necesario aclarar que cada organismo tiene designado claramente los antejuicios que debe conocer por lo que no deberían ser tramitados por otros organismos, para decidir si “darle trámite” o rechazarlo.
Linares pide que los expedientes de solicitudes de antejuicio sean trasladados inmediatamente a los órganos competentes sin un trámite previo.
Las otras iniciativas disponen aprobar reformas al decreto número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal, (Ley de Terrorismo de Orden Público) y reforma al decreto número 90-2005 del Congreso de la República, Ley del Registro Nacional de las Personas.
