POR MARIELA CASTAÑÓN
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La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura informó que a partir de hoy reos sindicados por lavado de dinero, defraudación aduanera y defraudación tributaria realizarían manifestaciones en seis cárceles del país, sin embargo, autoridades del Sistema Penitenciario (SP) informaron que analizarían si es factible o no autorizar estas acciones.
La información proporcionada detalló que las acciones iniciarían hoy en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 y Santa Teresa.
Esta mañana, La Hora visitó esas prisiones, donde algunos familiares de presidiarios indicaron que las manifestaciones estaban previstas para hoy a partir de la una de la tarde.
Silvia Villalta, relatora de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, dijo que mañana las manifestaciones serían en Pavón, Pavoncito y el Centro de Orientación Femenina (COF), mientras que el miércoles se efectuarían en la Granja Penal Canadá.
LAS DEMANDAS Y LA INCONSTITUCIONALIDAD
Las manifestaciones las realizarían los privados de libertad sindicados por lavado de dinero, defraudación aduanera y defraudación tributaria, quienes según la relatora de la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura, no pueden pagar el dinero que se les decomisó cuando fueron detenidos, por tanto deben permanecer varios años en la cárcel.
El pasado 25 de enero, el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) presentó una inconstitucionalidad parcial del artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos, en relación al contenido de dicha norma que establece que en caso del incumplimiento del pago de la multa impuesta, ésta se convertirá en prisión para el condenado, “esa imposición representa una doble penalidad”, indicó la institución.
Nydia Arévalo, directora del IDPP, explicó en aquella ocasión que el objetivo de presentar la inconstitucionalidad respondía a que existe una doble penalización, porque las personas que son detenidas deben pagar el monto que se les incautó y también purgar una pena.
ANALIZAN FACTIBILIDAD
Érick Cárdenas, subdirector del SP, informó que luego de recibir una solicitud de la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura, sobre las manifestaciones de reos, todavía analizan si es factible o no autorizar esas acciones.
De acuerdo con Cárdenas, la información que se filtró ayer sobre estos acontecimientos no contenía firma de autorización de parte de las autoridades.
El subdirector expresó que son respetuosos de los derechos de los privados de libertad, pero también deben ser garantes de los protocolos de seguridad.
El funcionario agregó que Juvell De León, director de Presidios y representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), verificaban el Preventivo de la zona 18, para establecer si es posible llevar a cabo las protestas o no.
