Por Douglas Cuevas
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El caso de la red de defraudación aduanera “La Línea” fue la investigación penal que inició en abril de 2015 una serie de investigaciones y malestar ciudadano contra la corrupción. Mañana el juez Miguel Ángel Gálvez resolverá si el exbinomio presidencial del desaparecido Partido Patriota (PP) y un buen grupo de exempleados públicos señalados de ser parte de una estructura criminal, tendrán o no, que enfrentar juicio.
Según María Fernanda Galán, analista de la Asociación de Investigaciones de Estudios Sociales (ASÍES), si los sindicados son enviados a juicio, los abogados defensores tratarán de entorpecer el expediente con acciones legales para que la ciudadanía olvide a los políticos involucrados en casos de corrupción.
“Esto genera desánimo porque deja que el caso deje de estar en el ojo de la ciudadanía y que deje de ser prioridad”, en ese sentido, agregó que “se está tratando de demorar el caso para generar un debilitamiento en el proceso y en la ciudadanía provocar polarización”, que según la experta podría dejar más campañas de desprestigio contra el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
JUICIO ES NECESARIO
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, explicó que como representante de la sociedad civil esperan que los señalados sean enviados a juicio, para que sea un tribunal el encargado de emitir las sentencias correspondientes contra los acusados.
“Yo creo que es un caso muy importante y es evidente que hay suficientes testimonios, evidencias, escuchas que incriminan a los exmandatarios”, manifestó.
Asimismo, agregó que “se saqueó fondos que deberían de llegar al Estado. Las expectativas que tenemos es que ojalá se logre seguir el proceso y se culpe a esas personas por los delitos que se les imputan”.
INESTABILIDAD POR CORRUPCIÓN DETIENE INVERSIONES
Tras la investigación de La Línea seguida de otros procesos y exfuncionarios detenidos, la inversión extranjera en el país ha estado detenida según lo expresado por Javier Zepeda, de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).
“En los últimos meses de 2016 y este 2017 le diría que ha habido un estancamiento, no solo por los casos de corrupción sino la falta de reglas claras, las decisiones de las Cortes, conflictividad…unida a los casos que se han destapado de corrupción. Son una unión de factores que han llevado a cierto nivel de escepticismo por el tema de inversión”, señaló Zepeda.
