POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La recusación que interpuso el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco, contra el juez pesquisidor que se tramita en su contra, Eduardo Galván Casasola, fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De tal cuenta, el antejuicio continuará con su trámite ordinario.
Blanco pedía que el juez pesquisidor fuera separado de las diligencias de antejuicio debido a que dudaba de su “imparcialidad y objetividad”.
El congresista argumentó que en el año 1994 el juez Galván Casasola fue designado como Teniente Coronel de Infantería y, en ese mismo período, Blanco dijo que “acompañó a organizaciones sociales, campesinas, indígenas y estudiantes que denunciaban violaciones a los Derechos Humanos (sic) atribuidas al Ejército de Guatemala”.
Además, el diputado dijo que existe una relación “contraria” entre él y el juez pesquisidor.
Sin embargo, la Cámara de Amparos y Antejuicios rechazó la recusación considerando que la labor de Galván Casasola es únicamente emitir un informe en el que diga si recomienda o no retirar la inmunidad al diputado. Esta tarea es de carácter investigativo y de ninguna manera determina la resolución final del antejuicio, razonaron los magistrados de la CSJ.
“(…) el informe emitido –del juez pesquisidor- no es vinculante para la decisión final, ya que es la Corte Suprema de Justicia la que deberá resolver las diligencias de antejuicio”, se lee en la resolución.
Asimismo, los magistrados mencionaron que los hechos denunciados contra Blanco “no guardan relación alguna con sus actividades realizadas durante los años del Conflicto Armado Interno”.
En la resolución se impone una multa de Q500 a Blanco Lapola por la improcedencia de su recusación.
La resolución ya fue notificada a la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público y a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, a la cual pertenece el juez pesquisidor Galván Casasola.
ANTEJUICIO
El Ministerio Público y la CICIG buscan investigar a Blanco Lapola por el delito de financiamiento electoral ilícito. Esto, debido a que cuando fungió como secretario general de la UNE, entre 2015 y 2016, el partido incumplió con su obligación de reportar al TSE aportes dinerarios de Q2 millones 216 mil destinados al pago de transporte aéreo prestado por Helicópteros de Guatemala.
