Por Douglas Cuevas
dcuevas@lahora.com.gt
La ley en materia de antejuicio en su capítulo III, artículo 15 inciso “c” faculta a las Salas de la Corte de Apelación como las encargadas de conocer y resolver las solicitudes de antejuicio contra los acaldes municipales. Salas sobre las que aún persisten las sombras de su elección, como lo denunciara en su momento la exmagistrada Civil, Claudia Escobar.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) asignó a la Sala Tercera Penal para conocer la denuncia planteada contra el alcalde, Álvaro Arzú, pero ¿existe una Sala que no esté “contaminada” para conocerlo?
Actualmente en el Organismo Judicial (OJ) existen las Salas Penales I, II, III, IV, de Mayor Riesgo y Especializada en Femicidio. Todas ellas integradas por un Magistrado Presidente y dos Vocales, junto a un Magistrado Suplente que remplazará la ausencia de alguno de los titulares. Pero cada una de ellas ha ido acumulando “sospechas” por las resoluciones vertidas en casos pasados.
SALA PRIMERA PENAL
La Sala Primera Penal está conformada por su presidente, Fredyn Fernández, y los vocales Aura Mancilla y Carlos Patricio Rodríguez.
Fernández fue el magistrado suplente que participó en la sesión de CSJ del 26 de septiembre del año pasado, cuando Blanca Stalling aún ocupaba su cargo, en la que su grupo se aseguraba control de la CSJ. Él apoyó a Silvia Patricia Valdés cuando había sido electa Presidente del OJ, operadora judicial que demostró públicamente simpatía por el presidente Jimmy Morales.
SALA SEGUNDA PENAL
En la Sala Segunda Penal se encuentra a la cabeza Gustavo Dubón Gálvez, seguido de Roaldo Isaías Chacón Pérez y Eduardo Galván Casasola.
Esta Corte de Apelación, recientemente recomendó no retirar la inmunidad a cinco diputados de la Junta Directiva del diputado prófugo, Luis Rabbé (argumentando que es un tema administrativo) y este año rechazó un primer antejuicio contra Arzú denunciado por instigación a la violencia.
Dicho proceso inició por la denuncia del ciudadano Luis Alberto Véliz Luna, quien señaló al jefe edil de incitar a la violencia al ofrecer palos a los comerciantes de El Amate para que expulsaran a “morongazos” de ese lugar a los vendedores ambulantes.
Luego de más de un año de acciones presentadas por Arzú para evitar su comparecencia personal ante el juez pesquisidor, la Sala Segunda de Apelaciones, con base en un informe de la jueza Silvia Morales, concluyó que las declaraciones de Arzú se realizaron en “son de broma” y que nunca se proveyó a los vendedores de objetos para realizar actos contrarios a la ley.
SALA TERCERA PENAL
La Tercera Penal está integrada por Jaime Gonzáles, Beila Estrada y Sonia de la Paz Santizo. La segunda citada es esposa del Secretario de Comunicación Social del presidente Morales, Alfredo Brito. La cercanía y apoyo que existe entre el acalde Arzú y el mandatario ha quedado evidenciado en actos públicos y declaraciones hechas por el jefe edil.
Brito es uno de los funcionarios más cercanos al presidente Morales, ha permanecido como el encargado de su comunicación desde que el mandatario asumió el mando en enero de 2016.
YA VOTARON POR MORALES
Tantos los Magistrados Presidentes de las Salas I, II y III integraron como suplentes en la plenaria del pasado 11 de octubre, en la que los tres apoyaron rechazar dos antejuicios contra el Presidente de la República, incluido el de los sobresueldos militares y la denuncia contra los 107 diputados del llamado “Pacto de Corruptos”.
SALA CUARTA PENAL
Una que podría casi pasar inadvertida es la Sala Cuarta Penal integrada por Néctor De León Ramírez, Jorge Antonio Valladares y Eliza Victoria Pellecer.
En esta judicatura, el año pasado, fue secretario suplente Aaron Pineda (era oficial de la referida Sala), hijo de José Pineda Barales, el recién nombrado Presidente de la CSJ que votó a favor de Morales y los 107 diputados rechazando una serie de antejuicios.
APELACIONES – MAYOR RIESGO
La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo está presidida por Anabella Cardona, en las vocalías están Mynor Oxom Paredes y Marvin Fradique Reyes Lee, hermano del diputado Fidel Reyes Lee.
Cardona fue presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, puesto desde donde criticó a la CICIG. Luego de eso como Magistrada fue recusada por los querellantes del caso por genocidio contra el exdictador, Efraín Ríos Montt, por su presunta afinidad con el Ejército.
SALA DE FEMICIDIO
Otra judicatura es la Sala de Apelaciones de Femicidio, la cual integran Noé Ventura, Ligia Pérez y Henry Alejandro Elías. En 2015, Dina Josefina Ochoa actual magistrada de la Corte de Constitucionalidad por elección del presidente Morales, era parte de la referida Sala.
Esta Sala ha resuelto diversos amparos provisionales cuestionados por la sociedad civil a favor de acusados en casos de corrupción y alto impacto, entre ellos Gustavo Alejos, los hermanos Valdés Paiz y el exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt por delitos de lesa humanidad.
La Sala de Femicidio también ha emitido resoluciones favorables a sindicados en los casos de Cooptación del Estado, entre las cuales se encuentran amparos y exhibiciones provisionales que han ordenado la reubicación de varios privados de libertad en Mariscal Zavala.
Asimismo, otorgó un amparo provisional a Gustavo Alejos, mediante el cual se suspendió la audiencia de etapa intermedia del caso Negociantes de la Salud. No obstante, el mismo fue revocado por la Corte de Constitucionalidad.
Además, Noé Ventura Loyo participó en las pasadas elecciones para la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), en la planilla de Ovidio Orellana Marroquín, su postulación era para tesorero de la entidad, sin embargo, dicha agrupación perdió en una segunda vuelta el proceso electoral.
En marzo, en el curso de la Asamblea de la Asociación de Jueces y Magistrados para elegir titular y suplente del Consejo de la Carrera Judicial, Ligia Aracely Pérez y Henry Elías Wilson de la Sala de Femicidio, increparon al reportero de Diario La Hora encargado de cubrir la fuente judicial.
“Bajo la tesis de que los beneficios otorgados a los detenidos por la corrupción fueron resultado de informes específicos de la Procuraduría de Derechos Humanos, y que en los casos de los exministros de la Defensa, no fueron ellos los que los beneficiaron sino otras Salas, lo que contradice lo informado concretamente por los fiscales de esos casos, quienes después de la reacción airada contra nuestro reportero volvieron a confirmar las informaciones que hemos publicado en La Hora”, indicó en su columna del 13 de marzo del año en curso, nuestro Director General Oscar Clemente Marroquín.
ESCOBAR: ELECCIÓN DE MAGISTRADOS, “NEFASTO” PARA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
Las actuales CSJ y CA tuvo una toma de posesión retardada por una acción de amparo que generó la denuncia de la entonces Magistrada Civil, Claudia Escobar.
Ella denunció presiones del expresidente del Congreso, Gudy Rivera, para que votará en una resolución a favor de la vicemandataria Roxana Baldetti, lo cual le aseguraba a Escobar un puesto en el próximo periodo judicial.
La CC no otorgó el amparo en definitiva y ordenó la toma de posesión de las que hoy en día se mantienen como autoridades de la CSJ y CA. Escobar decidió no ocupar la magistratura que le fue concedida desde el Congreso y se apartó del ámbito judicial.
Actualmente reside en el extranjero, pero aclara que la forma en cómo son electos los operadores de justicia impide un libre ejercicio del poder judicial.
“Yo lo que veo es que la elección es política y eso quedó claramente evidenciado en el pasado proceso de elección de Cortes y al menos el 75% de personas electas tienen vínculos con los otros organismos de Estado. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo”.
Escobar agregó que la forma de elección, desde el Congreso, “es nefasto. Esa es la principal debilidad de nuestro sistema jurídico, eso atenta directamente contra la independencia judicial, debilita el sistema el hecho que cada cinco años tengan que pasar con un sistema de reelección los magistrados, eso no les permiten estabilidad en el cargo ni se privilegia la meritocracia”, precisó.
NO HAY SALAS PENALES LIBRES DE PECADO
El analista Oswaldo Samayoa del Centro de Estudios de Guatemala (CEG) considera que la principal función que debe de hacer la CSJ es facilitar un sistema de transparencia en los casos que evidencian posible corrupción.
“El sistema de justicia en este momento no debe de volverse un obstáculo, debe volverse un facilitador de todos los eventos contra la corrupción. En todo caso permitir que se realice investigación contra el Alcalde de la capital va a generar un proceso de estabilización necesario urgente”, señaló.
Samayoa también agregó que la solicitud de antejuicio contra el Alcalde capitalino representa un verdadero desafio.
“Esto es un reto para el sistema de justicia de dimensiones que aún no hemos medido los alcances, porque estamos hablando de una figura política histórica como lo es el señor Alcalde”, agregó.
Al momento de exponerle al entrevistado las resoluciones de las Salas Penales, integrantes, resoluciones y vínculos, considera que ninguna de ellas podría conocer el antejuicio contra Álvaro Arzú.
“Mire no creo que sean idóneas, ninguna. Porque todas tienen algo” también dijo que “ellos deben ponerse en un plan que no están salvando a ningún funcionario de otra entidad, sino viabilizar el Estado de Guatemala. Es muy difícil decir cuál es la Sala idónea”.
SE DESCONOCEN EVALUACIONES DE MAGISTRADOS
Según el análisis de Lorena Escobar, experta en la rama de seguridad y justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), no se puede aprobar o reprobar actualmente el desempeño de los magistrados.
“Se asume que todas aquellas personas que llegaron a esos puestos tienen los conocimientos necesarios para ocupar el cargo, ahora lo que vemos ha habido señalamientos de otro tipo en cuanto al ejercicio profesional ético o en cuanto a sus resoluciones apegadas a derecho”, argumentó Escobar.
Al mismo tiempo que explicó que la Ley de la Carrera Judicial estipula evaluaciones periódicas ya no solo para los jueces, sino también para los magistrados, pero que estas no ocurren con tanta regularidad ni precisión.
“Lo que ocurre que la evaluación no ha sido implementada por completo en donde los obliga a ellos a ser parte de la evaluación del desempeño”, puntualizó.
SIN FECHA ESTABLECIDA
EMPIEZA PROCESO
Al cierre de este reportaje, la magistrada Vitalina Orellana y Orellana informó que el antejuicio contra el alcalde Álvaro Arzú fue trasladado directamente a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal. La presidenta de la Cámara de Amparos y Antejuicios aclaró que no es la CSJ la que debe decidir si se admite o no para su trámite el antejuicio, sino que la Sala designada.
La designación de la Sala se realizó de forma aleatoria, explicó la magistrada Orellana.
En tanto, la Sala informó que hoy en la tarde se podría estar conociendo si el antejuicio es admitido para su trámite o no. De ser admitido, la Sala nombrará a un juez pesquisidor para que elabore un informe indicando si es recomendable o no retirar la inmunidad al jefe edil. Sin embargo, será la Sala la que decida si retira o no la inmunidad al alcalde Arzú.
La sociedad debe estar vigilante en virtud de los antecedentes, el de las referidas salas.
