Foto: Organismo Judicial
POR REDACCIÓN LA HORA
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Las magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Delia Dávila y María Eugenia Morales acudieron hoy a la instancia de Jefes de Bloque del Congreso, para argumentar a favor de la ley de aceptación de cargos y reducción de penas, la cual según las togadas paliaría el incremento de la criminalidad en el país.
La iniciativa legislativa fue planteada por el Organismo Judicial, pero generó controversia entre los diputados previo a su aprobación, por lo que hoy las magistradas antes mencionadas llegaron al Congreso para justificar la necesidad de que sea avalada.
Los diputados se opusieron a la iniciativa, en específico por dudas sobre su aplicación, además, insistieron en que necesita estudiarse más.
A pesar de esto, las magistradas indicaron que tienen el visto bueno del Ministerio Público, pues se involucró en las etapas de la formulación de la misma y aseguraron que la propuesta surge de la necesidad de agilizar los procesos judiciales.
“Esta propuesta obedece al aumento del presupuesto del MP que con más recursos puede realizar más investigaciones y los casos en los juzgados se acumulan, la propuesta es para que la justicia sea pronta y cumplida y que la mora judicial no aumente” dijo Dávila.
Por su parte, la magistrada Morales aseguró que la propuesta contiene detalles que evitan que personas que son procesadas en casos de alto impacto, sean beneficiadas de igual manera a otras involucradas en delitos de menor envergadura, mencionó una serie de limitaciones y condiciones que hacen que la ley no se aplique a todos los casos.
Las togadas indicaron que lo primordial de la propuesta es beneficiar a las personas que al momento de enfrentar la justicia confiesen su delito, pero a la vez colaboren con las autoridades para agilizar el proceso y de esa manera obtener una reducción de la condena que hubieran recibido inicialmente.
Además, resaltaron que la propuesta no se aplica a personas que ya hayan sido condenadas, sino únicamente los señalados en procesos que aún estén en curso y tampoco beneficiaría a delitos de lesa humanidad.
«Dependiendo de la declaración del sindicado esa información pueda utilizarse para esclarecer hechos en donde se vean involucradas otras personas, lo que se pretende es que hayan más casos resueltos» indicó Dávila.
Mientras que la magistrada Morales aseguró que con esta medida se dificultaría el retardo judicial malicioso.
