Por Douglas Cuevas
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El magistrado Gustavo Dubón Gálvez, presidente de la Sala Segunda Penal, recomendó no retirar la inmunidad a cinco diputados que integraron la Junta Directiva presidida por Luis Rabbé, actual prófugo de la justicia, tras el antejuicio presentado en contra de los parlamentarios por aparentes anomalías en 180 contrataciones en 2015. Dubón votó ayer a favor del rechazo de los antejuicios contra el presidente Jimmy Morales y los 107 diputados del llamado “pacto de corruptos”.
El informe del proceso de pesquisas fue enviado la semana pasada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que sea analizado por la Cámara de Amparos y Antejuicios y propuesto para una sesión plenaria. El documento recomienda no retirar la inmunidad a los siguientes parlamentarios: Luis Rabbé Tejada, Arístides Crespo, Manuel García Chutá, Carlos López y César Fajardo.
Los referidos congresistas, además de figurar en la causa penal por las presuntas plazas fantasma, mantenían pendiente una segunda denuncia impulsada por la Contraloría General de Cuentas (CGC) que detectó contrataciones fuera del plazo fijado en la ley.
Pero el informe que el magistrado Dubón envió indica que las aparentes acciones de los diputados encuadran en un proceso administrativo y no en uno penal, por lo cual considera idóneo no retirar la inmunidad a los legisladores.
“Estimo que en el presente caso no existen hechos relevantes que deban ser investigados por el Ministerio Público, y en ese sentido salvo mejor criterio de la Honorable Corte Suprema de Justicia concluyo que no ha lugar a formación a causa en contra de los denunciados en mención”, cita el documento del informe.
De los diputados denunciados por la CGC dos ya guardan prisión preventiva, Manuel García Chutá y César Fajardo, por la investigación del MP y la CICIG por el Caso de Plazas Fantasma, mientras que Rabbé se encuentra prófugo por tener una orden de captura pendiente de ser ejecutada.
CONFIRMÓ TAMBIÉN INMUNIDAD DE ARZÚ
El magistrado Dubón preside la Sala Penal que en agosto de este año decidió rechazar el antejuicio contra el alcalde capitalino Álvaro Arzú que había sido denunciado por instigar a la violencia.
