Por Douglas Cuevas
dcuevas@lahora.com.gt

La solicitud de antejuicio que autoridades del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron contra el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, será enviada a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) según personal judicial.

Esto luego de que el Juzgado Undécimo Penal, a cargo del juez José Eduardo Cojulun, cumplió con notificar a todas las partes involucradas la excusa del juzgador, para que la denuncia sea conocida por el pleno judicial.

Por lo que ahora corresponde que la Cámara de Amparos y Antejuicios revise que se cuente con todos los documentos pertinentes y solicitar informes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que hagan constar que el denunciado fue electo en un proceso electoral que le garantiza inmunidad para luego remitir copias al resto de magistrados de la CSJ.

EL PRIMER RETO DE PINEDA BARALES

A partir del próximo 13 de octubre asumirá la cuarta presidencia de la CSJ el magistrado Pineda Barales, quien además de encabezar la Comisión de Postulación para nuevo Fiscal General, encabezará el pleno que dará o no trámite al antejuicio contra Arzú.

Pineda Barales afirmó, recientemente, en una entrevista que no tiene afinidad con el Alcalde capitalino y que lo conoce a través de los medios de comunicación.

La CSJ ya dio trámite a una primera denuncia contra Arzú por instigación a la violencia, ya que en un discurso presuntamente promovió que vendedores de la Plaza el Amate golpearan a vendedores callejeros. Ese antejuicio fue resuelto a favor del Alcalde confirmando así su inmunidad.

LOS HECHOS

Según las investigaciones preliminares el Alcalde consintió plazas fantasma a favor de familiares del militar en situación de retiro Byron Lima Oliva, ya fallecido, por lo que se le solicitó el antejuicio por peculado por sustracción.

Otro nexo con Lima, con la Cooperativa Torre Fuerte, fue la adquisición de artículos promocionales para el Partido Unionista para la campaña política de 2015, en el que un eventual manejo de facturas inadecuado le valió el delito de financiamiento electoral ilícito.

 

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