Por Douglas Cuevas
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Algunos sectores califican como positivas las resoluciones emitidas de abril de 2015 a la fecha por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero las recientes solicitudes de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales y el alcalde capitalino Álvaro Arzú, a consideración de expertos, representan un verdadero reto a la independencia judicial.
El presidente Morales fue denunciado, una vez más, por representantes del Ministerio Público (MP) por los cargos de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, por la emisión de un sobresueldo (que ascendían a Q450 mil) por parte del Ejército de Guatemala.
Mientras que Álvaro Arzú por vínculos directos con la red criminal que presuntamente encabezaba Byron Lima Oliva desde el interior de las cárceles, lo que le valió una petición para el retiro de su inmunidad por los delitos de financiamiento electoral ilícito y peculado por sustracción.
A criterio de Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, cuando la CSJ conozca esas dos solicitudes de antejuicio, será una sesión clave en la lucha contra la corrupción.
“Esperamos que la Corte esté a la altura de las circunstancias que demanda el país. Ambos antejuicios deben ellos de evaluarlos en base a las evidencias y pruebas que sustentan esas solicitudes de antejuicio” y agregó “los poderes del Estado deben de entender que sus decisiones ya no son ignoradas por la población y que esperan una decisión apegada a derecho”.
INDEPENDENCIA DE PODERES
Por su parte Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), señaló que el poder judicial tiene un trabajo importante del que todos esperan cumplan apegados a las leyes nacionales, demostrando una independencia de poderes.
“La coyuntura política del país lo requiere, yo espero que la honorable Corte Suprema de Justicia de forma independiente, apegada a derecho haga su labor”, dijo Rodas, quien al mismo tiempo señaló que las autoridades de ese Organismo de Estado deben de conducirse “con toda la transparencia y objetividad”, porque tendrán que elegir al próximo Fiscal General.
Para Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el verdadero reto radica en el antejuicio contra el jefe edil “en el caso de Álvaro Arzú, que es donde está la prueba de fuego. Aunque él no es actualmente el presidente del país, la realidad es que sí es una persona que tiene fuerza en la capital y en buena medida se conoce algunos de los manejos financieros que él ha tenido. Ahora en el caso de Jimmy son tantos los señalamientos que su figura ya se encuentra bastante debilitada frente a la opinión pública”, señaló.
