POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El personal de la Municipalidad de Guatemala obstaculizó los allanamientos que realizó el Ministerio Público (MP) ayer en su sede central. Según el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, las autoridades de la comuna realizaron “exigencias” a los fiscales que no eran necesarias.

Sandoval dijo que empleados de la comuna solicitaron “justificaciones” a los fiscales que participaron en el allanamiento, pese a que contaban con una orden judicial que les permitía inspeccionar y secuestrar información.

“Según el Código Procesal Penal, para allanar dependencias públicas basta con la autorización de la autoridad superior, en caso no exista orden de allanamiento. Sin embargo, en este caso nosotros ya teníamos una orden judicial y pese a existir la orden judicial se pusieron muy estrictos al realizar una serie de exigencias que no eran necesarias”, indicó el fiscal.

El jefe de la FECI dijo que se pidió a los fiscales que fueran específicos respecto a qué información se necesitaba secuestrar, “cuando el artículo 200 del Código Procesal Penal le da facultades al Ministerio Público para secuestrar la información que en el momento considere pertinente”.

De momento se desconoce si el personal de la Municipalidad actuó siguiendo instrucciones de autoridades superiores.

El objetivo de los allanamientos era “localizar la información en cuanto a los fideicomisos de apoyo a la planificación urbana que fue de la cual salieron los recursos”, dijo el fiscal.

ANTEJUICIO

La FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron ayer un antejuicio contra el alcalde capitalino Álvaro Arzú por presuntamente utilizar fondos municipales para campaña electoral del partido Unionista y de sus aliados (Gana, TODOS y Victoria).

Preliminarmente, la Fiscalía considera que el Alcalde pudo incurrir en los delitos de peculado por sustracción y financiamiento electoral ilícito.

Asimismo, se documentaron tres plazas fantasma: dos a favor de Alejandra Reyes Ochoa, exconviviente de Byron Lima Oliva, y su madre, y una más a favor de la esposa de José Obdulio Villanueva.

Iván Velásquez, jefe de la CICIG, dijo que al investigar porqué Byron Lima y su círculo cercano eran beneficiados por parte de Arzú, se percataron de “vínculos” entre ambos que datan desde la década de los 90, cuando Lima fungió como escolta del Alcalde cuando éste era Presidente de la República.

Se intentó contactar al vocero de la Municipalidad de Guatemala, Carlos Sandoval, pero hasta el cierre de esta edición no había respondido a las llamadas a su teléfono celular.

 

 

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