Por Redacción La Hora
lahora@lahora.com.gt
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentarán una solicitud de antejuicio contra el alcalde capitalino y expresidente, Álvaro Arzú, por estar aparentemente relacionado con un caso de campaña electoral anticipada y contratación irregular de servicios en el proceso electoral del 2015, así como la existencia de dos plazas fantasmas otorgadas al fallecido capitán Byron Lima Oliva, según las autoridades.
Las indagaciones preliminares refieren que durante los últimos comicios en los que Arzú ganó un nuevo periodo al mando de la Municipalidad de Guatemala para el periodo 2016 – 2020, adquirió los servicios de la Cooperativa Torre Fuerte, creada por Byron Lima, y quien habría ayudado al partido político Unionista en la elaboración de playeras, pachones, lapiceros promocionales además de la contratación de edecanes para eventos públicos.
Para esto, Alejandra Saraí Reyes Ochoa conseguía facturas en blanco de integrantes o allegados al partido político para simular que la adquisición de los servicios no era con la Cooperativa del exmilitar condenado por la muerte de monseñor Juan José Gerardi.
Los aparentes enlaces entre Lima Oliva y el alcalde Arzú eran Zorayda Azucena Herincx y la síndico I, Luisa María Salas, quien fue detenida hoy. Tras el cambio de prisión de Lima Oliva, quien fue detenido afuera de una de las cárceles del Sistema Penitenciario, la negociación paso directamente con la esposa del militar, Alejandra Saraí Reyes Ochoa, colaboradora eficaz del caso.
PLAZAS FANTASMAS
Según la declaración en anticipo de prueba que Reyes dio a un juez penal, ella y su mamá tenían dos plazas renglón 011 con salarios de Q3, 0050. 00 desde 2007 por la “presión” que Lima hizo sobre “funcionarios de alta jerarquía”. Su función sería monitorear la red de semáforos y a pesar de no llegar a trabajar, según la declaración, Lima recibió los pagos hasta febrero de 2013, cuando fue detenido fuera de la cárcel.
EL TRÁMITE
Debido a que la denuncia es contra un alcalde, quien goza de inmunidad, el expediente debe de ser asignado a un juzgado de primera instancia que debe de remitirlo a una Sala Penal tras lo cual la terna de magistrados define si le da trámite o no la denuncia. Si esta es aceptada se nombra a un juez pesquisidor.
Este deberá de recibir la ratificación de la denuncia y las pruebas de descargo del denunciado y al haberse agotado las citas y no superar los 60 días fijados en ley (si no se presentan acciones legales) sube a la Sala Penal un informe recomendando o no el retiro de la inmunidad, quedando en manos de los magistrados de Corte de Apelación el retiro o no de la misma.
Los pormenores del caso se dieron a conocer durante una conferencia de prensa en la que participó la fiscal general, Thelma Aldana y el titular CICIG, Iván Velásquez, en la sede del MP.
Mientras Velásquez explicaba el caso que involucraría al jefe edil, Arzú irrumpió en la sala donde se realizaba la conferencia y permaneció a un costado de la mesa en la que ambos funcionarios informaban de las pesquisas, observando la misma y sin inmutarse ante la exposición que realizaba el titular de la CICIG.
Ampliaremos.
