POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentarán una solicitud de antejuicio contra el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, por existir sospechas de que participó en adjudicaciones irregulares que la Municipalidad de Guatemala realizó a Torre Fuerte, cooperativa que el reo fallecido Byron Lima Oliva administraba desde la prisión para campaña electoral.

Según el MP, las investigaciones revelaron la adjudicación irregular de servicios para la campaña electoral en las elecciones de Alcalde y Corporaciones Municipales de Guatemala para el período 2016-2020.

Para ello, existía una organización delincuencial que involucraba a Byron Lima Oliva y su hermano y esposa, Luis Lima Oliva y Alejandra Saraí Reyes Ochoa, respectivamente.

Entre los bienes y servicios que la Municipalidad solicitó a Lima Oliva y que fueron documentados por el MP se encuentran: gabachas, playeras, balones, trofeos, contratación de modelos, lapiceros, pachones y toldos, entre otros. Algunos de estos productos estaban identificados con logos de la comuna, del partido Unionista y de sus aliados (TODOS, VICTORIA y Gana). Dichas agrupaciones políticas disputaban la contienda electoral de 2015.

El jefe de la CICIG aclaró que la contratación de los servicios y bienes a Torre Fuerte no constituye un delito, sino la irregularidad consiste en que la Municipalidad “alteró” facturas para encubrir gastos de campaña a favor del partido Unionista, agrupación política que lo llevó al poder.

La Fiscalía detectó que los bienes y servicios que eran solicitados a Lima Oliva derivaban de órdenes de una persona identificada como la “Licenciada Salas”, síndico I de la Municipalidad de Guatemala, María Luisa Salas Bedoya, y quien fungía como el vínculo directo con el alcalde Arzú.

Sin embargo, en septiembre de 2014, cuando Lima Oliva es capturado nuevamente por traslados ilegales en la Granja Penal de Rehabilitación (Pavoncito) y es trasladado a la cárcel Matamoros, su conviviente, Reyes Ochoa, asumió el compromiso de mantener contacto directo con personal de la Municipalidad.

Reyes Ochoa mantuvo contacto directo con la señora Zorayda Azucena Herincx Soto, quien era la intermediaria entre la Municipalidad de Guatemala y Lima Oliva. Las actividades que realizaba Herincx también obedecían a instrucciones de Salas Bedoya, vínculo con Arzú.

PLAZAS FANTASMA EN LA MUNICIPALIDAD

La Fiscalía también reveló que desde 2007 la Municipalidad de Guatemala otorgó dos plazas fantasma bajo el renglón 011 a favor de Alejandra Reyes Ochoa, conviviente de Lima, y de su madre, Elizabeth Ochoa Barrios, en la Empresa Metropolitana de Transportes (Emetra).

Asimismo, se documentó una plaza fantasma a favor de la viuda de José Obdulio Villanueva, quien en 1996 fungió como escolta de Arzú, entonces Presidente de la República.

Reyes Ochoa dijo que sus funciones eran monitorear la red de semáforos que hay en la ciudad y por lo cual devengaban un salario mensual de Q3 mil 50, sin embargo, la testigo reconoció que ni ella ni su madre se presentaron a laborar.

No obstante, desde febrero de 2013, cuando Lima Oliva fue capturado a las afueras de la prisión, la Municipalidad les dejó de pagar el salario mensual.

Dichas plazas fueron otorgadas por “presiones” y “exigencias” que Lima Oliva realizó a funcionarios de alta jerarquía de la Municipalidad de Guatemala, según la Fiscalía.

Iván Velásquez, jefe de la CICIG, dijo que investigaron por qué Lima Oliva y sus allegados eran beneficiados por el alcalde Arzú en la Municipalidad, y a partir de ahí se encontraron “vínculos”.

Estos vínculos se remiten a 1996, cuando Obdulio Villanueva formaba parte de una comitiva presidencial y fue el responsable de disparar contra Pedro Haroldo Sas Rompich ya que, según él, este quería atentar contra Arzú.

Velásquez también se refirió a la muerte de Monseñor Gerardi en 1998 y la decisión de Arzú de proteger a Lima Oliva y a su padre.

A partir de estos hechos, Lima y sus allegados formaron relaciones con Arzú, lo que les permitió obtener beneficios.

Incluso, Reyes Ochoa reveló una carta mediante la cual Lima Oliva le exigió la cantidad de Q727 mil a Arzú, identificado como “El Señor de Oro”, para pagos de auditor, abogados y “una operación”.

Por los hechos antes descritos, el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Erika Aifán, giró doce órdenes de captura contra:

• Zorayda Azucena Herincx Soto, por fraude y peculado por sustracción.
• Luisa María Salas Bedoya, por fraude y peculado por sustracción.
• Howard Yang Luke, por peculado por sustracción.
• Luis Alberto Lima Oliva, por peculado por sustracción.
• Jorge Eduardo Mérida Santizo, por fraude y peculado por sustracción.
• Ana María González Ruiz, por fraude y peculado por sustracción.

ARZÚ ACUDIÓ A LA CONFERENCIA

De manera inusitada, el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, se presentó a la sala del MP donde la Fiscal General, Thelma Aldana, y el comisionado Velásquez lo vinculaban a un nuevo caso de corrupción en la Municipalidad de Guatemala.

Arzú fue captado por las cámaras de los medios de comunicación con actitud prepotente, atrincherado contra guardias de seguridad que le impedían el paso a la mesa donde se encontraban exponiendo la jefa del MP y el titular de la CICIG.

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