POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El magistrado de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, Eduardo Galván Casasola, no aceptó la recusación que interpuso en su contra el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco, con la cual pretendía separar al togado como juez pesquisidor del antejuicio.
La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones informó que hoy en el transcurso del día se enviará el expediente a la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que la recusación se resuelva en definitiva.
La secretaría de la Sala no pudo brindar mayores detalles sobre los motivos por los que Blanco recusó al juez pesquisidor. Se intentó contactar al diputado para conocer su postura, pero no contestó las llamadas a su teléfono celular.
El diputado de la UNE estaba citado a la Sala para que rindiera sus pruebas de descargo ante el juez pesquisidor el pasado 25 de septiembre a las 11 horas. Sin embargo, a las nueve horas, la defensa del parlamentario presentó la recusación aduciendo que Galván Casasola no era idóneo para realizar las pesquisas de antejuicio, por lo que la citación judicial se suspendió.
El magistrado Galván Casasola fue designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como juez pesquisidor del antejuicio contra Blanco, a quien el Ministerio Público (MP) busca investigar por la posible comisión de financiamiento electoral ilícito.
En su calidad de juez pesquisidor, Galván Casasola deberá analizar si la denuncia que presentó el MP no es espuria o política y, en base a ello, remitir un informe a la CSJ indicando si es recomendable o no retirar la inmunidad al parlamentario.
Para elaborar su informe, la ley otorga al juez pesquisidor un período de 60 días, sin embargo, en tanto no se resuelva la recusación interpuesta por Blanco, este lapso permanecerá detenido.
Según las investigaciones, mientras Blanco Lapola fue secretario General de la UNE, no reportó aportes dinerarios entregados a la agrupación política. Dichos aportes estaban destinados al pago de transporte aéreo con la empresa Helicópteros de Guatemala S.A.
Los gastos en transporte aéreo suman Q2 millones 216 mil 850.
ES NECESARIA REFORMA
Javier Monterroso, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), explica que muchos funcionarios con solicitudes de antejuicio en su contra hacen uso de recursos legales o amparos con el único fin de retrasar el trámite de los antejuicios.
Monterroso asegura que una posible solución para evitar los retrasos es limitar el amparo judicial, para lo cual sería necesario modificar la ley de amparo.
