POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El 1 de octubre de 2015 un alud soterró a la comunidad El Cambray II, ubicada en el municipio de Santa Catarina Pinula, cobrando la vida de 207 personas. La Fiscalía sindica a dos exalcaldes de esa comuna de ser los responsables directos de la tragedia, sin embargo, dos años después, el caso aún no se esclarece en los tribunales.

En este caso se encuentran ligados a proceso los exalcaldes de Santa Catarina Pinula, José Antonio Coro y Víctor González Alvarizaes Monterroso, por el delito de homicidio culposo.

El Ministerio Público sindica a los exalcaldes de ser los “responsables directos” de la tragedia, explica el fiscal Héctor Martínez, de la Fiscalía de Casos Especiales. Esto, debido a que, según las investigaciones, ambos fueron advertidos por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) que la zona donde se encontraba El Cambray era de un lugar de “riesgo” y, pese a ello, los exjefes ediles no acataron las recomendaciones que se les giraron para que trasladaran de lugar a la comunidad.

El proceso penal ni siquiera ha llegado a la etapa intermedia, la audiencia en la que se debe de discutir frente al juez sí es posible que la acusación que formuló la Fiscalía contra ambos sindicados pueda ser demostrada durante una etapa de juicio.

Respecto a los atrasos, el fiscal dijo que se deben, principalmente, a que en noviembre del año pasado la Fiscalía de Delitos Administrativos solicitó al juez Décimo de Primera Instancia Penal, Walter Villatoro, que clausurara provisionalmente el caso. Esto, por no contar con suficientes medios de investigación para demostrar la responsabilidad de Coro y Alvarizaes en los cargos que se les imputan.

Esta decisión llevó a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, a ordenar que la investigación fuera trasladada a la Fiscalía de Casos Especiales, con el fin de que esta reevaluara la decisión asumida por la anterior Fiscalía de clausurar provisionalmente el caso.

“La Fiscalía de Asuntos Administrativos se encarga de presentar la clausura provisional y (…) es cuando pasa –la investigación– aquí a la Fiscalía Especial, donde se nos solicitó que un análisis del caso para verificar si coincidíamos con el criterio de la anterior Fiscalía de continuar con la clausura provisional”, dijo Martínez.

Luego de analizar el expediente, la nueva Fiscalía consideró que ambos sindicados podrían haber incurrido en el delito de homicidio culposo y solicitó al juez Walter Villatoro enviarlos a un juicio oral y público, en el que se demostrará su inocencia o culpabilidad.

La audiencia en la que se discutirá la nueva petición del MP se programó para diciembre.

 

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