POR M. CASTAÑÓN Y D. CUEVAS
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El pasado 20 de septiembre miles de guatemaltecos salieron a las calles para manifestar por el cuestionado sistema político actual, y una de sus principales demandas era la renuncia de 107 diputados que votaron a favor de los cambios al Código Penal. Los guatemaltecos calificaron al Congreso de “corrupto” y de buscar sus “propios intereses”. Ese día, la Alianza por las Reformas, una coalición de 30 organizaciones de la sociedad civil, también presentó en el Centro de Servicios Auxiliares del Organismo Judicial (OJ), una solicitud de antejuicio contra esos 107 legisladores. Ante la crisis actual, surge la duda ¿Se debe depurar el Congreso? ¿Cuál es el panorama si esto llegara a suceder? ¿Cuáles son las propuestas para un cambio estructural?
A pesar del clamor ciudadano para exigir la renuncia de los diputados, ellos continúan en sus cargos. Algunos guatemaltecos consideran que estas personas actúan para “atender sus propios intereses y no los de la Nación”.
Mientras tanto hay una solicitud de antejuicio contra los 107 parlamentarios, la cual sigue su curso y podría tener dos caminos: ser admitido o no, explica el portavoz del OJ, Ángel Pineda.
“El expediente será trasladado a un Juzgado de Primera Instancia Penal, este Juzgado al determinar que se trata de funcionarios que gozan del derecho de antejuicio, se inhibirá de conocerlo y lo trasladará a Corte Suprema de Justicia (CSJ). De esa cuenta, CSJ, al recibir el expediente, lo analizará y podría tomar dos caminos: admitirlo para su trámite o rechazarlo”, refirió Pineda.
El portavoz agrega: “Si lo rechaza, ahí podría terminar el procedimiento, si lo admite para su trámite, en consecuencia tendrá que nombrar a un juez pesquisidor, que tendrá que salir de los magistrados que conforman la Sala de Corte de Apelaciones, en el momento oportuno, si ese fuera el caso y la decisión que se toma, este juez pesquisidor puede desarrollar las pesquisas correspondientes y en consecuencia entregar un informe sobre el cual la CSJ podrá decidir en definitiva, si declara con lugar o no el antejuicio”.
¿QUÉ SUCEDE SI ADMITEN LA SOLICITUD?
Según la legislación vigente, si los diputados renunciaran, se anulara su elección o existieran otros factores para apartarlos del cargo, tendrían que ser sustituidos por los suplentes.
El artículo 170 de la Constitución Política de la República, Atribuciones Específicas, detalla en su inciso “d”, que se debe llamar a los diputados suplentes, en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios.
Por otro lado, el Artículo 204, “De las Suplencias”, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, señala que: en caso de fallecimiento, renuncia, pérdida o suspensión de la ciudadanía de un candidato a cualquier cargo de elección popular después de cerrada la inscripción, se entenderá que la candidatura y, en su caso, la elección corresponde a quién deba sustituirlo conforme a las normas legales vigentes.
Agrega que, si no fuere posible llenar la vacante de un diputado distrital, por no haber postulado disponible en la planilla del partido que causó la vacante, el cargo se adjudicará al que le corresponde en la lista nacional.
Además señala, que cada vacante deberá ser declarada por el Congreso de la República si se trata de personas que se encuentran ejerciendo el cargo.
La Hora solicitó a la Oficina de Comunicación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el listado actualizado de los suplentes de los 107 diputados de quienes se solicitó el antejuicio, pero se indicó, que la información está en análisis, tras la suspensión de algunos partidos políticos.
DEPURACIÓN JUDICIAL Y CAMBIO DE SISTEMA
Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), detalla que está a favor de la institucionalidad y por tanto, considera que el Congreso no debe ser disuelto, pero sí entrar en un proceso de depuración judicial, es decir que quienes hayan incurrido en delitos sean procesados.
“Reitero que la institucionalidad hay que defenderla y no hay que disolver el Congreso, lo que sí creo, es que entramos en una etapa de depuración judicial, creo que nadie renunciará y hay que hacer una diferenciación de diputados honestos, que sí los hay en el Congreso y los diputados que podrían ser sujetos de antejuicio”, señala Asturias.
El entrevistado agrega: “Creo que el Congreso enfrentará cargos penales, antejuicios por lo actuado y ese sería un mecanismo de depuración judicial. Yo creo en la depuración judicial, los que han cometido ilícitos y acciones en contra de la legalidad deben responder con procesos penales, pero creo que la institucionalidad debe prevalecer y debemos seguir avanzando con el Congreso que quede en la agenda democrática”.
A criterio de Asturias es necesario detener la agenda de la impunidad que empezó a promoverse con la reformas al Código Penal, en tanto hay otras relacionadas con lavado de dinero, extinción de dominio, prisión preventiva, reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) para remover a la fiscal general, Thelma Aldana; modificaciones a la Ley de Ganadería, entre otros.
“Saquemos a los diputados que han cometido ilícitos y quedémonos con los que no han cometido delitos, que puedan avanzar con la agenda democrática”, argumentó.
Carmen López, coordinadora de la Convergencia Cívico Política de Mujeres y Convergencia Ciudadana de Mujeres, explica que se ha trabajado arduamente para promover reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), porque la legislación actual es muy permisiva y cualquier grupo de familias o de políticos pueden crear su partido, sin normas estrictas.
“El problema reside en la oportunidad de ser caciques, dueños de los partidos políticos, que no son nada democráticos. Si usted revisa en la historia reciente, Otto Pérez, Álvaro Colom y otros han hecho su partido. Las normas son muy permisivas, mire cuanta gente ha creado su partido para ellos mismos”, lamenta la entrevistada.
López argumenta que en 2015 se plantearon propuestas para esos cambios estructurales, pero no sucedió nada. Actualmente la ciudadanía también pide esto, pero para ello debe seguir exigiendo esas demandas.
“Parte de las demandas en 2015 era eso -reformas a la LEPP-. Ahora mismo queremos cambiar, pero con esto -lo actual- no se logra, solo con una presión muy fuerte se logran cosas extraordinarias”, explica la profesional.
¿QUÉ DICE EL SECTOR PRIVADO?
La Hora buscó la postura de los representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) , para saber si creen que es necesario depurar el Congreso, y en caso de considerarlo, cómo se debe hacer, sin embargo, al cierre de este reportaje ni el presidente de esa gremial, Antonio Malouf ni su director Ejecutivo, Roberto Ardón respondieron a las llamadas y mensajes realizados por este medio para conocer su postura y propuestas.
En las últimas semanas, el CACIF ha sido una de las instancias que ha apoyado el planteamiento para solucionar la actual crisis política que atraviesa el país por medio de un diálogo, aunque la ciudadanía y diferentes sectores de la sociedad civil exigen antes de ello una depuración del Congreso, entre otras demandas.
