POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El próximo lunes 25 de septiembre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), elegirán la nueva Presidencia de esa instancia y del Organismo Judicial (OJ), lo cual cobra relevancia en estos momentos para la lucha contra la impunidad y corrupción, porque tendrá bajo su responsabilidad la Comisión Postuladora de la cual saldrán los candidatos para que el Presidente elija al próximo Fiscal General y jefe del Ministerio Público.
Hace unos meses y antes de que el mandatario intentara expulsarlo del país, el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, advirtió la importancia que tendría el proceso de selección para el nuevo encargado del MP.
“La designación de un nuevo fiscal general, el próximo año, es un hecho trascendental para Guatemala en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad”, indicó Velásquez en esa oportunidad al matutino Prensa Libre.
“Tiene que ser un proceso que se adelante con mucha responsabilidad, y es una de las posibilidades en las que la ciudadanía organizada tiene la obligación de expresarse, de vigilar, de participar, de actuar”, agregó en una entrevista ofrecida a ese medio en el contexto que recién había sido ratificado en su puesto por dos años más por la Organización de las Naciones Unidas.
En esa oportunidad, Velásquez lanzó la advertencia tomando en cuenta que no se aprobaron las reformas constitucionales para fortalecer el sector justicia y que contemplaban modificar el procedimiento para elegir al Fiscal General y evitar que fuera impulsado por motivaciones externas al sistema de justicia.
En ese entonces, activistas y miembros de la sociedad civil también indicaron que era necesario vigilar ese proceso y todo lo relacionado a la elección del jefe del MP, debido a que el Congreso y sectores golpeados por las investigaciones en curso de esa entidad podrían buscar la designación de un funcionario acorde a sus intereses.
NUEVA PRESIDENCIA ANTICORRUPCIÓN
Elvyn Díaz, directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), aseguró que la actual crisis política ha dado lugar a que se inicien procesos de antejuicio contra diputados o jueces, por mencionar algunos, por lo que es necesario que la próxima Presidencia no dañe “los objetivos de lucha contra la corrupción”.
“La crisis ha dado lugar a que se continúe esta lucha contra la corrupción, entonces tenemos que contar con un presidente del OJ de acuerdo a esos fines. El OJ debe ser presidido por un magistrado o magistrada que pueda responder a las demandas ciudadanas, englobadas en la lucha contra la corrupción y la depuración de la clase política”, señaló Díaz en una nota publicada por La Hora el pasado lunes.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
La próxima elección también cobra relevancia para los jueces, ya que desde sus despachos, varios de ellos resuelven casos en los que están envueltos políticos, empresarios y demás personas vinculadas al crimen organizado.
Jueces de distintas judicaturas cuentan a La Hora cuál es la importancia y expectativa respecto a la nueva Presidencia de la CSJ y, palabras más palabras menos, todos muestran la misma preocupación: que la nueva dirigencia vele por el respeto a la independencia judicial.
Sin embargo, la independencia judicial, definida como la libertad de un juez o jueza para resolver conforme a su conciencia le dicte, puede ser violentada de diversas maneras, señalan los operadores de justicia.
Los antecedentes del Organismo Judicial no precisamente han favorecido un clima de independencia judicial. En enero de este año, uno de los casos más reprendidos nacional e internacionalmente fue el de la magistrada vocal VII de la CSJ, Blanca Stalling, quien llamó al juez Carlos Ruano a su despacho para solicitarle que utilizara su autoridad para otorgarle una medida sustitutiva a su hijo, Otto Molina Stalling, quien se encuentra en prisión preventiva por el Caso IGSS-Pisa.
Desde lo interno, los operadores de justicia también han denunciado casos en los que la CSJ, de manera arbitraria, decide trasladar de judicaturas a jueces o juezas cuando éstos emiten resoluciones adversas a sus intereses.
Tomando en cuenta estos antecedentes, jueces y juezas hablan, firmes, desde sus judicaturas, y esbozan las múltiples formas en que su independencia judicial se puede ver vulnerada, que puede ser limitando el personal o equipo inmobiliario en un juzgado, o hasta utilizando el régimen disciplinario para presionar a operadores de justicia independientes.
“LA SUPERVISIÓN DE TRIBUNALES ESTÁ A DISPOSICIÓN DE PRESIDENCIA”
Según el artículo 11 de la Ley de la Carrera Judicial, la Supervisión General de Tribunales es la unidad del OJ que tiene como finalidad investigar posibles faltas de carácter administrativo o disciplinario en las que incurran jueces o magistrados.
La Supervisión interpone sus denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial, ente que decide si los señalamientos proceden o no. De ser admitida la denuncia, el denunciado puede ser separado como juez o magistrado o se le puede sancionar separándolo de sus funciones sin goce de salario hasta por 90 días.
Sin embargo, el juez Carlos Ruano manifiesta su preocupación por el hecho de que la Supervisión de Tribunales, al ser un ente que depende de la Presidencia de la CSJ, sea utilizada para “hostigar” o “presionar” a jueces independientes.
Su temor está bien fundamentado. Luego de que denunciara a Stalling por presiones, esta interpuso una “queja” en su contra en la que le reprochaba haber causado perjuicios al proceso penal del Caso IGSS-Pisa. Finalmente, la queja fue rechazada por la Junta de Disciplina Judicial.
OTROS EJEMPLOS
La Supervisión General de Tribunales también ha denunciado a otros jueces u operadores de justicia independientes, como el juez Miguel Ángel Gálvez y la magistrada de la CSJ, María Eugenia Morales Aceña. Todas las quejas han sido rechazadas por la Junta de Disciplina Judicial.
Al respecto, Ruano resalta que la Supervisión General de Tribunales únicamente responde a la presidencia de la CSJ, por lo que sería lamentable que sea esta utilizada como un método para vulnerar la independencia judicial.
“Supervisión de Tribunales está a disposición de la Presidencia del OJ; basta con que cualquier magistrado o Presidente de la Corte le diga -a la Supervisión-: vaya a constituirse a cualquier tribunal y verifique cómo se está trabajando ahí, ya con esa orden lo hacen. Entonces sería lamentable que se llegue a utilizar al régimen disciplinario”, dice Ruano.
“UN JUEZ PUEDE QUERER TRABAJAR, PERO SI NO CUENTA CON LOS INSUMOS Y PERSONAL NECESARIO NO PUEDE”
La jueza Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, quien recientemente ligó a proceso a 27 personas sindicadas en el Caso Construcción y Corrupción, los Negocios del Micivi; explica que los jueces tienen toda la voluntad de sacar adelante los procesos penales, sin embargo, señala como limitante el escaso recurso humano y equipo logístico con el que cuentan las judicaturas.
“El Juzgado de Mayor Riesgo `D´ actualmente solo tiene una notificadora, una secretaria y mi persona. Estamos solicitando nombramiento de personal desde octubre del año pasado y, a la presente fecha, no ha sido posible. No sabemos cuánto tiempo más tengamos que trabajar en esas condiciones. Sin embargo, eso limita que podamos prestar buen servicio a los usuarios”, explica Aifán.
Según la jueza, el garantizar los recursos, tanto humanos como de mobiliario, a una judicatura, también significa fortalecer la independencia judicial.
“Es parte importante del fortalecimiento de la independencia judicial, un juez puede querer trabajar y poner al día el trabajo, pero si no cuenta con la infraestructura, con los insumos y el personal necesario no puede”, afirma.
Esta misma preocupación le atañe al juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, quien indica que muchas veces se le achaca al OJ la mora judicial, sin embargo, no se toman en consideración las condiciones en las que laboran los distintos órganos jurisdiccionales.
“En un Tribunal de Mayor Riesgo debería haber alrededor de cinco oficiales, y en esta judicatura apenas hay tres. En cuanto al equipo de cómputo, por ejemplo, aquí hace poco trajeron maquinaria nueva, sin embargo, las fotocopiadoras o impresoras no nos ayudan”, explica Xitumul.
“ES IMPORTANTE QUE SE COMBATA LA CORRUPCIÓN”
Las exigencias de Yassmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo “A”, a la nueva magistrada o magistrado que ocupe la Presidencia de la CSJ es que “se siga luchando por combatir la corrupción, en todas sus modalidades”.
Para esto, indica, es necesario que “se escuchen las peticiones que hagan las diferentes organizaciones de sociedad civil. Es parte del trabajo que corresponde”.
Barrios, quien integró el tribunal que condenó al exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt, a 80 años de prisión por el genocidio cometido contra el pueblo maya Ixil, expresa que también es importante que se impulsen acciones para que la población recobre la credibilidad en el sistema de justicia, lo cual se logrará a través del resguardo de la independencia judicial.
“Cuando hablamos de independencia judicial, generalmente se tiene una visión unilateral del problema, y solo se piensa que es un privilegio inherente a los juzgadores, pero no es así, cuando se habla de independencia judicial se está hablando de la necesidad de garantizar a toda la población guatemalteca jueces honestos, que sean capaces de juzgar sus problemas, y que puedan dar solución a los conflictos que se les plantean, sin ningún tipo de privilegio. La independencia judicial es una garantía para todos los ciudadanos”, puntualiza Barrios.
Son estos los retos que plantean los jueces para la persona que sea electa como Presidenta del poder judicial, mediante una elección que se hará de forma pública el próximo 25 de septiembre.
