POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La Alianza por las Reformas, una coalición de 30 organizaciones de la sociedad civil, aproximadamente, presentó una solicitud de antejuicio esta mañana contra los 107 diputados que, con su voto, aprobaron modificaciones al Código Penal con el fin de proteger a los secretarios generales de los partidos políticos de investigaciones penales por financiamiento electoral ilícito.
El antejuicio fue interpuesto a las 11:00 horas de hoy en el Centro de Servicios Auxiliares del Organismo Judicial.
Elvyn Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), una de las organizaciones que integra la Alianza, dijo que, al aprobar los decretos 14-2007 y 15-2007, los diputados incurrieron en el delito de obstrucción a la justicia y resoluciones violatorias a la Constitución.
Con la aprobación de los decretos referidos los diputados reformaron el delito de financiamiento electoral ilícito y convirtieron en conmutables aquellas penas que no superaran los diez años de prisión.
Díaz explicó que los diputados ponentes de las iniciativas de las reformas, como es el caso de Orlando Blanco, enfrentan un proceso de antejuicio por cargos de financiamiento electoral ilícito, por lo que se puede inferir que su interés en modificar el Código Penal era un intento por evadir la justicia.
“Algunos diputados que estaban señalados por este delito (financiamiento electoral ilícito), además de ser ponentes y aprobar esta normativa, dejaron entrever que no les interesaba que continuaran los procesos por este delito, y eso encuadra en la figura legal del artículo 9 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que es el delito de obstrucción a la justicia”, dijo Díaz.
ES CONVENIENTE
Álvaro Montenegro, integrante del movimiento Justicia Ya, asegura que lo más conveniente es que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retire la inmunidad a los congresistas.
“Consideramos que sí han cometido delitos y pedimos que se investigue y se les remueva la inmunidad”, declaró Montenegro.
DIPUTADOS VIOLARON LA CONSTITUCIÓN
Las organizaciones civiles también señalaron a los congresistas de emprender acciones que violan la Constitución Política de la República, debido a que el miércoles 13 de septiembre, cuando se aprobaron las reformas, los diputados legislaron para favorecer sus intereses personales.
“Algunos de ellos estaban siendo investigados por casos penales, entonces actuaron por su propio interés, no por el interés que manda la misma Constitución y, ya que son funcionarios, tienen la obligación de hacer lo que la ley les faculta”, manifestó Montenegro.
Según las organizaciones, al decretar las reformas los diputados actuaron con “pretensiones criminales” y pusieron en riesgo el orden democrático, circunstancias que no deben quedar impunes.
