POR REDACCIÓN LA HORA
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El influyente politólogo estadounidense de origen japonés, Francis Fukuyama, recientemente calificó a Guatemala como un país “podrido” y lo hecho ayer por los diputados del Congreso de la República al arroparse en la impunidad con una serie de reformas que debilitan a la justicia dejan corto ese calificativo, el cual no aplica solo al Legislativo sino a un sistema permeado por la corrupción y las tranzas.
Aunque históricamente el país ha sido marcado por las diferencias sociales y el descaro de los políticos de turno junto a sectores de poder para la sustracción de fondos del Estado, a partir del 2015 se empezó a evidenciar la podredumbre a la que estaba sometido el sistema; la corrupción y sus consecuencias eran insostenibles para la población.
Desde la semana pasada se supo que el presidente Jimmy Morales, apoyado por algunos alcaldes, sindicalistas, empresarios, políticos y el Nuncio Apostólico, le ordenó a su ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, que hiciera lo necesario para preparar un paquete de reformas que acabara con la lucha contra la corrupción.
“Enemigos” como Sandra Torres, el hoy Presidente de la República, se aliaron para formar “un terremoto legal” que desde el Congreso se derrumbara toda aquella ley que facilitaba la lucha contra la corrupción. Ahora, asustados, todos reculan.
Ayer lo podrido llegó a niveles insospechados, los diputados modificaron el delito de financiamiento electoral ilícito para que solo lo cometa quien aporte dinero con frutos del narcotráfico y el crimen organizado, hicieron responsables a los contadores de los partidos por el financiamiento electoral ilícito (Jimmy Morales (FCN), Orlando Blanco (UNE) y Roberto Villate (Lider) fueron relevados de responsabilidad penal) y establecieron reglas diferentes para el financiamiento electoral anónimo.
Luego, aumentó de 5 a 10 años la conmutación de las penas de cárcel, es decir, cualquier persona que condenen a 8 años, por ejemplo, se podrá ir a su casa tranquila. Deberán de guardar cárcel solo aquellos que sean condenados a más de 10 años.
Y esto es solo el comienzo, pues faltará el esfuerzo por modificar leyes para que las plazas fantasma del Congreso dejen de ser delito, leyes para eliminar el lavado de dinero, que se apruebe un presupuesto sin candados donde podrán pagar con dinero el pacto y que se apruebe un préstamo que será la caja chica con la que se premia el “terremoto legal” que dio el Congreso.
Se conoce además que siguen los esfuerzos para eliminar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y se busca modificar la ley orgánica del Ministerio Público (MP) para que Morales pueda remover cuando guste a Thelma Aldana y cualquier Fiscal General que le resulte incómodo.
COMUNIDAD INTERNACIONAL ADVIRTIÓ A ESTRADA
Se supo que miembros del cuerpo diplomático advirtieron al ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, de las graves consecuencias que tendría consumar lo que él estaba trabajando por encargo del Presidente.
SAAS NO DIO LISTADO
La Hora pidió a la Secretaría se Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) el listado de los asistentes a la Casa Presidencial para las reuniones que convocó Morales previo a declarar non grato a Iván Velásquez, pero del listado proporcionado eliminaron a los empresarios que participaron en esa reunión.
También se supo, que algunos empresarios acompañaron a Morales el día sábado que grabó el video en donde declaró non grato al Jefe de la CICIG.
INDIFERENCIA LO PERMITE
Una fuente diplomática que no quiso ser citada por nombre dijo: “todo este pacto de los políticos es posible porque la ciudadanía padece de una indiferencia terminal y a menos que eso cambie, Guatemala será ante el mundo el mejor ejemplo de impunidad y de cómo funciona un aparato estatal para socavar el Estado de derecho. Solo Dios sabrá qué países desearán tener relación con Guatemala y así es difícil atraer inversión”, sentenció.
SÍNTOMAS DE LA DESCOMPOSICIÓN
El primer síntoma de la descomposición llegó poco después del nombramiento en 2013 del nuevo Jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, quien junto a la fiscal general, Thelma Aldana profundizaron en las indagaciones pendientes y lograron poner la luz sobre la existencia de una estructura dedicada a la evasión de impuestos para la facilitación del ingreso de mercancías al país.
La red de sobornos beneficiaba no solo a personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), incluía a políticos y funcionarios de alto mando, entre ellos, el expresidente, Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Con el tiempo surgieron nuevos casos que demostraban cómo las influencias y el dinero corría a la orden del día, para que las personas que tuvieran los recursos económicos consiguieran beneficios del Estado a su medida.
De esa cuenta salieron a relucir expedientes que involucraban a diputados, quienes se habían beneficiado de la creación de plazas fantasma dentro del Congreso para sustraer dinero del erario público.
También saltó a la vista la concesión a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), quien para obtener las facilidades necesarias para poner en marcha su negocio pagó sobornos a Pérez Molina, Baldetti, entre otros funcionarios, inclusive para que se concertaran influencias en jueces y magistrados.
“EL PECADO ORIGINAL”
La pudrición del sistema pasa por los partidos políticos y el andamiaje electoral, porque como lo expresó recientemente el titular de la CICIG, el financiamiento electoral ilícito “es el pecado original” de la democracia en Guatemala.
El encarecimiento de las campañas electorales elevó los intereses de los políticos para obtener más dinero de sus financistas, a cambio de otorgarles beneficios y contratos estatales. Así fue como se cooptó al Estado y el cáncer de la corrupción quedó demostrado y además los daños que había ocasionado y el peligro que representaba.
El 2 de junio marcaría un antes y después en la lucha contra la corrupción, cuando se presentaron los resultados del Caso Cooptación del Estado.
Cuando el MP y la CICIG destaparon uno de los casos más grandes de corrupción, ambas entidades comenzaron a ser el objetivo de campañas para desprestigiar su labor, según lo explican analistas.
Esto porque el Caso Cooptación del Estado, además de involucrar a Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y otros funcionarios de esa administración, llevó ante los tribunales de justicia a empresarios de alto nivel, banqueros, políticos y personas relacionadas con los canales de la televisión abierta en Guatemala.
“También –evidenció– a personas e instituciones en el ámbito privado y social, creo que fue fácil unirnos en contra del gobierno del Partido Patriota porque nadie se sentía implicado, pero cuando se empieza a escarbar más se empieza a entender más hasta dónde llega la corrupción y ya hay implicadas personas del sector bancario, de los medios de comunicación, empresarios, constructoras, etcétera”, dijo a La Hora en un reportaje publicado el pasado lunes, Gabriel Wer de Justicia Ya.
MORALES A LA PALESTRA
Y ese pecado original alcanzó al presidente Jimmy Morales, quien se desencantó abiertamente con sus acciones de la lucha contra la corrupción e impunidad desde el momento en el cual su hermano e hijo, Sammy y Josué Manuel Morales resultaron implicados en el Caso Botín Registro de la Propiedad.
Lo podrido continuaba saliendo a flote, luego el MP y la CICIG intentarían profundizar en un posible caso de financiamiento electoral ilícito al partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y por ende solicitaron un antejuicio contra el entonces responsable secretario general, Jimmy Morales.
Días antes apoyado por empresarios y el Nuncio Apostólico, Morales se envalentonó y concertó un viaje a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para solicitar la remoción de Velásquez al frente de la CICIG.
No contento con ello, el mandatario declaró non grato a Velásquez e intentó expulsarlo del país y una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) lo impidió.
Morales fue arropado por el Congreso días después, ya que rechazó retirar el antejuicio para que el MP no pudiera continuar avanzando en sus indagaciones sobre financiamiento electoral ilícito. Lo peor vendría después.
“LA SEMANA DE LA IMPUNIDAD”
A criterio de distintos representantes de la sociedad civil, las últimas acciones del Congreso demuestran cómo los diputados están legislando a título personal, para salvar “su cabeza”, al cambiar artículos del código penal que no solo favorecerán a delincuentes de “cuello blanco”.
Para Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, la sesión de ayer, que modificó las penas y responsabilidades para el delito de financiamiento electoral ilícito, así como amplió a 10 años la obligación de cumplir condena en prisión, fue “La sesión más oscura de la historia del país”.
“Los diputados se aliaron con toda la criminalidad del país, no solo de cuello blanco como ellos. La única forma de revertirlo es que el pueblo salga a las calles y hacerle ver a estos falsos representantes que no representan a nadie y solo a ellos mismos”, señaló.
La última sesión parlamentaria puede ser catalogada como el mayor golpe asestado desde grupos oscuros que buscan desvanecer los avances a favor de la justicia, “n o solo el más duro, si no que el país retrocede todo el combate a la impunidad, a los grupos delictivos, a las maras… todo se cae”, precisó.
Por su parte Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), calificó los últimos días como “la semana de la impunidad”, tomando en cuenta que fue también el Congreso quien decidió engavetar una investigación contra el presidente Morales, que dos días después, modificó leyes para que ningún otro político sea señalado por los mismos hechos.
“Esa alianza tan terrible entre FCN y UNE nos perjudica como país. Esa alianza ha promovido impunidad total”, también añadió que “muchos corruptos emblemáticos podrían salir pronto. A muchos les convendría ya no presentar ningún recurso y ser condenados pronto porque eso sería su pasaporte a la calle”, dijo Polanco.
Los casos aquí mencionados solo son una muestra de la pudrición del sistema, el cual cobra vidas como las menores de edad fallecidas en el Hogar Seguro el 8 de marzo pasado, generar el colapso de infraestructura vial y de escuelas ante cualquier movimiento sísmico y lluvias que afecten al país.
Un sistema que no invierte en su niñez, pero sí otorga bonificaciones de Q50 mil del Ejército al Presidente de la República. Jueces que son intimidados para favorecer dictámenes, magistrados perseguidos y funcionarios bajo ataques y citaciones por defender y respaldar la lucha anticorrupción, son otras de las muestras a diario de un sistema a punto de caducar.
Al cierre de este reportaje, el presidente Morales anunció que no había recibido las reformas aprobadas por el Congreso y que serían analizadas y de ser necesario vetadas, mientras algunos diputados pareciera que reculan o ¿será que toman impulso para la puñalada final?
