POR REDACCIÓN LA HORA
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De manera sorpresiva y con total hermetismo el Congreso de la República exoneró de toda responsabilidad penal a los secretarios generales de partidos políticos al aprobar por mayoría cambios al artículo 407 del Código Penal que modifica el delito de financiamiento electoral ilícito por el de financiamiento electoral no registrado. Ahora la responsabilidad legal cae sobre el contador de la agrupación y se fijan penas de uno a tres años de prisión conmutable.
En un primer y único debate el Congreso aprobó la reforma legal con el respaldo de 105 diputados, mientras que Dirección Legislativa no proporcionó copias de la propuesta legal a los periodistas que buscaban conocer la ley que blinda a las agrupaciones políticas del país.
La sorpresiva maniobra está contenida bajo la iniciativa 5352, impulsada por los diputados Javier Hernández de FCN-Nación y Orlando Blanco de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). El presidente Morales fue salvado recientemente por el Parlamento guatemalteco por el delito de financiamiento electoral ilícito al no despojársele de su inmunidad, mientras que Blanco tiene una denuncia penal abierta en su contra por lo que enfrenta un proceso de antejuicio.
El delito de financiamiento electoral ilícito, sin la reforma, fijaba penas de cuatro hasta doce años de prisión; ahora con las maniobras de los diputados el delito se reduce a un rango de uno a tres años conmutable, es decir el pagar algún tipo de sanción financiera exonera la prisión. También la responsabilidad legal pasa del Secretario General al contador del movimiento.
Para el caso de los financistas políticos que no estén registrados, el cargo a ser imputado será financiamiento electoral anónimo, con penas de dos a cuatro años y una multa equivalente al 20% de sus aportaciones.
JUEZ Y PARTE
Uno de los diputados ponentes de la iniciativa de ley es Blanco, jefe de la UNE, quien mantiene en los tribunales de justicia un proceso abierto por financiamiento electoral ilícito junto al diputado Roberto Villate. Ambos son señalados de anomalías en el proceso electoral 2015.
“EL PECADO ORIGINAL DE LA DEMOCRACIA GUATEMALTECA”
Cuando autoridades del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron investigaciones por financiamiento electoral ilícito contra Blanco y Villate, el Comisionado contra la Impunidad, Iván Velásquez, señaló como un gran perjudicante la forma en que se inyecta capital a los partidos políticos.
“El financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia en Guatemala”, precisó en aquel momento el Comisionado, quien señaló que existían más investigaciones abiertas bajo sospechas del ahora extinto delito.
