POR REDACCIÓN LA HORA
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Los motivos que impulsaron las reformas aprobadas este miércoles por el Congreso se fundamentaron en una aparente crisis que atraviesa el Sistema Penitenciario y la cantidad de recursos que destina el Estado Guatemalteco para mantener a los privados de libertad.
En otro sorpresivo giro el Congreso de la República autorizó una segunda ronda de modificaciones al Código Penal, que en una primera línea podrían favorecer a los ex funcionarios señalados de casos de corrupción, al ampliar la obligatoriedad de cumplir condena en prisión a sanciones que excedan los 10 años.
Es decir, ahora quien sea condenando a diez años de prisión puede acceder a una conmuta (sanción financiera que sustituye la prisión).
También en las nuevas normas de cumplimiento de condena se establece que la conmuta, sea de un mínimo de cinco quetzales a un máximo de cien quetzales diarios, tomando en cuenta la situación económica del procesado.
Ante las restricciones que fija la norma excluye del beneficio de la conmutación de la pena a aquellas personas que sean encontradas culpables en un debate oral y público de los siguientes delitos:
Defraudación tributaria, defraudación aduanera, contrabando aduanero, apropiación indebida de tributos y resistencia a la acción fiscalizadora de la amnistía tributaria, lo que dejaría excluidos de los beneficios a los acusados del caso “La línea”, pero no aquellos que se encuentran en otro tipo de expedientes como “Cooptación del Estado” y “Plazas fantasmas”, por citar algunos, en donde sus implicados no aparecen señalados por cargos tributarios.
