POR DENIS AGUILAR
daguilar@lahora.com.gt
La develación del Caso La Línea en abril de 2015, una organización que según los investigadores actuaba de manera criminal y que era integrada por comerciantes y funcionarios, entre ellos, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, facilitando el ingreso de contenedores de mercancías al país por medio de sobornos y por ende generando la evasión de impuestos, le ganó al Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) aplausos, el reconocimiento, la aceptación y apoyo de una gran parte de la sociedad y sectores de distinta índole.
En esa primera gran investigación, el MP y la CICIG colocaron una luz sobre los funcionarios públicos al más alto nivel y su participación en una actividad delictiva, la cual aparentemente les había permitido la sustracción de fondos estatales para el disfrute de lujos y poder.
Algunos de los exintegrantes de la administración del Partido Patriota (PP), e involucrados en La Línea vociferaban contra las dos entidades que habían ganado el beneplácito de gran parte del país, entre ellos, sectores de poder.
Pérez Molina reiteraba que la CICIG y el MP no investigaban La Línea 2, es decir a los corruptores. Pero desde La Línea, la fiscal general, Thelma Aldana y el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, insistían en que de una pesquisa podían desprenderse nuevos indicios y anomalías que indagar.
Y de esa cuenta arrancaron y presentaron más expedientes, en los que se vinculaban a otros exfuncionarios del PP y algunos empresarios en nuevos casos de corrupción, uno de ellos, los sobornos entregados al gobierno Patriota para facilitar una concesión irregular a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
LLEGA COOPTACIÓN
Los entes de investigación continuaron ahondando hasta tocar puntos sensibles dentro del sistema del país. El 2 de junio marcaría un antes y después en la lucha contra la corrupción, cuando se presentaron los resultados del Caso Cooptación del Estado.
Cuando el MP y la CICIG destaparon uno de los casos más grandes de corrupción, ambas entidades comenzaron a ser el objetivo de campañas para desprestigiar su labor, según lo explican analistas.
Otros aseguran que a raíz de esa investigación se percibió un incremento de la polarización en el país y una mayor división dentro de la sociedad guatemalteca. A la vez, arreciaron las acciones para buscar mezclar banderas ideológicas con la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Además de las campañas negras se dieron intentos por parte del excomisionado presidencial, Marvin Mérida y cuatro diputados de contratar una firma de lobistas en Estados Unidos para poder sacar del país a la CICIG.
Han surgido acciones legales, señalamientos, entre otras tácticas para desprestigiar a las dos entidades y a sus autoridades.
TOCÓ LO PROHIBIDO
El Caso Cooptación del Estado, además de involucrar a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti y otros funcionarios de esa administración, llevó ante los tribunales de justicia a empresarios de alto nivel, banqueros, políticos y personas relacionadas con los canales de la televisión abierta en Guatemala.
Para Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, desde ese momento se agudizó una profunda división de la sociedad guatemalteca y agregó que marcó un parteaguas en las campañas de desprestigio contra el MP y la CICIG.
“Aquí se comenzó a hacerse realidad la denuncia que hizo el expresidente Otto Pérez Molina, que así como había una Línea 1, había una Línea 2 que implicó al sector privado y es donde ya empiezan a haber molestias”, explicó Mack.
“El sector privado comienza a defenderse al comenzar las molestias y ahí empezó toda la polarización a través de campañas negras”, agregó la entrevistada.
La activista menciona que esas campañas están dirigidas hacia las personas que están involucradas en la lucha contra la corrupción y con mayor énfasis contra el comisionado Iván Velásquez, la fiscal general, Thelma Aldana y el entonces Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque.
Mack insiste que este caso se marca un antes y después del trabajo de la CICIG en el país, ya que evidenció el sistema de corrupción en el que se encuentra inmerso Guatemala; generando la atención sobre distintos sectores de la sociedad como los militares, políticos e incluso jueces.
LOS ALCANCES DE LA CORRUPCIÓN
Mientras que Gabriel Wer, de la organización Justicia Ya, expresó que el Caso Cooptación del Estado, más que generar una profunda división dentro de la sociedad guatemalteca, permitió obtener un entendimiento más claro de los alcances de la corrupción y que no implicaba únicamente a políticos y funcionarios públicos.
“También –evidenció– a personas e instituciones en el ámbito privado y social, creo que fue fácil unirnos en contra del gobierno del Partido Patriota porque nadie se sentía implicado, pero cuando se empieza a escarbar más se empieza a entender más hasta dónde llega la corrupción y ya hay implicadas personas del sector bancario, de los medios de comunicación, empresarios, constructoras, etcétera”, puntualizó.
Wer enfatiza que a partir de ese momento cambió la tónica coyuntural en Guatemala y la búsqueda de una mayor polarización en la sociedad tiene por objetivo que las investigaciones relacionadas a los casos de corrupción no prosperen. Asimismo, destacó que es muy probable que más sectores y personas resulten implicadas si continúan las pesquisas.
“Más que una polarización hay un temor de que estas investigaciones lleguen hasta donde tengan que llegar y eso implica mucha más gente y organizaciones que quizás ni siquiera imaginábamos”, aseveró.
Wer coincide con Mack en el aspecto que después de que se destapara el Caso Cooptación del Estado, se intensificaron las campañas para desprestigiar el trabajo del Ministerio Público y la CICIG y agregó que se ha llevado la lucha contra la corrupción a una “cancha ideológica”.
El día que se reveló Cooptación del Estado más de 50 personas fueron capturadas en operativos coordinados por el MP y la CICIG, señalados de ser parte de un entramado de sobornos y aportes a la campaña presidencial del PP y que tenía por objetivo la obtención de contratos estatales y otros beneplácitos para los corruptores.
¿QUÉ DICE EL SECTOR PRIVADO?
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), fue más atrás y aseguró que los sucesos de la crisis política del 2015 generaron diferentes tipos de movimientos, en los cuales distintos factores produjeron “ciertos bandos”, con posiciones ideológicas distintas.
“No creo que sea algo de izquierda o de derecha, sino que hoy si apoyas a un lado sos corrupto, si apoyas al otro sos populista o sos izquierdista, creo que eso es parte del problema que tenemos”, aseguró.
“Esto ha llegado a polarizar a la población, pero son una serie de factores y actores”, agregó el entrevistado, quien no profundiza en señalar a quienes se refiere con “cierto bandos”.
Para Zepeda en Guatemala aún no se tiene la capacidad para que dos personas con ideologías distintas se sienten a dialogar anteponiendo los intereses de país de por medio y afirmó que la lucha contra la corrupción conlleva cambios de actitud en toda la población.
“El combate a la corrupción nos lleva por un cambio de actitud en todos y cada uno de los guatemaltecos”, dijo.
Sobre los sectores que aseguran que la lucha contra la corrupción tiene una bandera ideológica, Zepeda considera que no es así, y añadió que esa es una forma en la que los guatemaltecos se están haciendo daño.
Zepeda declaró que en Guatemala aún no se tiene la capacidad para que dos personas con ideologías distintas se sienten a dialogar anteponiendo los intereses de país de por medio y afirmó que la lucha contra la corrupción conlleva cambios de actitud en toda la población.
Asimismo, mencionó que se debe aceptar que todos en alguna medida, han sido parte del problema y por eso ahora deben ser parte de la solución.
Por último, explicó que han existido demasiados señalamientos de un sector a otro, en lugar de aceptar que todos como guatemaltecos tienen algún grado de responsabilidad a la problemática del país.
NO HAY POLARIZACIÓN
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), dijo que para él no existe tal polarización en el país, sino que se han evidenciado las inequidades que hay en el país y por eso se deben implementar acciones para subsanar esta problemática.
Ante esto Zapata indicó que el país debe invertir en reducir los problemas sociales como la desnutrición crónica, así como fortalecer la calidad educativa y mejorar el fortalecimiento a las instituciones del Estado y trabajar en incidir en la baja de la tasa de homicidios.
“Más que una polarización hay un temor de que estas investigaciones lleguen hasta donde tengan que llegar y eso implica mucha más gente y organizaciones que quizás ni siquiera imaginábamos”
Gabriel Wer, Justicia Ya
“No creo que sea algo de izquierda o de derecha, sino que hoy si apoyas a un lado sos corrupto, si apoyas al otro sos populista o sos izquierdista, creo que eso es parte del problema que tenemos”
Javier Zepeda, Cámara de Industria de Guatemala
“Aquí se comenzó a hacerse realidad la denuncia que hizo el expresidente Otto Pérez Molina, que así como había una Línea 1, había una Línea 2 que implicó al sector privado y es donde ya empiezan a haber molestias”
Helen Mack, Fundación Myrna Mack
