POR REDACCIÓN LA HORA*
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El presidente Jimmy Morales ha pregonado que es parte de la lucha anticorrupción y que su molestia únicamente es con Iván Velásquez y no con el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Los argumentos utilizados por el mandatario se ciñen a la supuesta intromisión del colombiano en el impulso de las reformas constitucionales para transformar el sistema de justicia y la presentación de las pesquisas preliminares de los casos investigados por el Ministerio Público (MP) y CICIG ante los medios de comunicación, pero esas justificaciones se quedan sin respaldo al constatar las acciones del Ejecutivo.
La que hasta el momento puede ser catalogada como la mayor equivocación del presidente Morales, al declarar non grato al Comisionado de la CICIG, continúa generando una serie de reacciones negativas para el país según expertos, quienes avizoran a corto y mediano plazo un escenario de ingobernabilidad para Guatemala.
El domingo 27 de agosto Morales despertó de manera abrupta a todo el país con un corto y escueto mensaje pregrabado, con el que anunciaba su pretensión de expulsar a Velásquez del país.
El Presidente se limitó a decir en el video publicado en las redes sociales del Gobierno de Guatemala que declaraba non grato al jefe de la CICIG y tras la oleada de críticas a nivel nacional e internacional, aunado a un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) para evitar la expulsión del Comisionado, salió horas después en otro video a ofrecer sus respuestas a la crisis desatada.
UNA REFORMAS QUE ÉL APOYÓ
Durante su lectura ante las cámaras dijo “Decidí declarar non grato por haber iniciado acciones que no competen. El Comisionado intentó presionar a los diputados a aprobar las reformas al Sector Justicia”.
No obstante, el mandato de la CICIG establece en las funciones de la Comisión: “Recomendar al Estado la adición de políticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de corrupción y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales para este fin”.
Sobre todo, ese argumento queda desvirtuado porque el 5 de octubre de 2016, el propio Presidente de la República, junto a su entonces homólogo del Congreso, Mario Taracena y el presidente la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ranulfo Rojas Cetina, presentaron la iniciativa de ley para reformar el Sistema de Justicia por medio de cambios a la Constitución Política.
Meses antes los titulares de los tres poderes del Estado habían conformado una Mesa técnica encabezada por el MP, la CICIG y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), para la elaboración de la propuesta, la cual fue socializada con diferentes sectores en los departamentos del país.
Posterior a la entrega del proyecto al Legislativo, al menos 52 diputados firmaron la iniciativa de ley, entre ellos Edgar Justino Ovalle, entonces subjefe de la bancada oficialista FCN-Nación y ahora prófugo de la justicia.
El 25 de mayo, el propio Morales dijo en una entrevista publicada por La Hora titulada “¿Apoya Jimmy Morales las reformas al Sector Justicia? Juzgue usted”, que era necesario el fortalecimiento al Sector Justicia pero rehuyó a mostrar su apoyo a la iniciativa que en ese entonces se discutía en el Legislativo, a pesar que él fue de los promotores del proyecto.
“No. Yo creo que la paternidad de cualquier ley tiene que ser del Legislativo y yo el 14 de enero, en mi informe, dije que estoy de acuerdo con las reformas al Sistema de Justicia. ¿Cuáles? Las que se lleven el debido proceso”, fue una de las respuestas del Presidente.
A la pregunta “¿Usted cree que la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) está imponiendo la reforma al Congreso?”, respondió:
“No, eso lo dijo usted”.
“Estoy de acuerdo con que Guatemala necesita muchas reformas, entre ellas al Sector Justicia. Creo que quienes deben discutirlo por ley, tradición y principio republicano, es el Congreso de la República. Que se tome el tiempo que sea preciso. Una pregunta, ¿cuánto tiempo es suficiente para hacer una reforma constitucional?” fue otras de las respuestas de Morales en esa oportunidad.
En esa entrevista también se le insistió al Presidente por qué apoyó las reformas constitucionales.
LH: “Pero hay un tema fundamental, Presidente. Si usted no está de acuerdo con la propuesta, ¿por qué se adhiere a ella? Porque usted está planteando puntos con los que no está de acuerdo. ¿Por qué entonces aparece usted en su calidad de Presidente de la República presentando la iniciativa de la reforma al Sector Justicia?”
Porque la iniciativa es eso, una iniciativa. ¿Qué significa iniciativa? Algo que inicia. La Constitución dice que la función pública es indelegable. ¿De quién es la posibilidad de tener iniciativa? del Presidente, ¿pero el Presidente puede legislar?
¿PRESIONES A LOS DIPUTADOS?
“Decidí declarar non grato al comisionado Velásquez como un acto de lealtad a la patria… el Comisionado intentó por diferentes medios presionar a los diputados del Congreso de la República de Guatemala para la aprobación de reformas constitucionales sin dejar que el Congreso de la República discutiera y aprobara libremente”, manifestó Morales en el video publicado ese domingo.
Sin embargo, el mandatario no presentó ninguna prueba o se refirió a alguna situación concreta en la cual Velásquez haya intentado coaccionar a los parlamentarios para que apoyaran las reformas constitucionales como las había presentado la mesa técnica que se encargó de su elaboración.
El Ejecutivo no se ha vuelto a referir a esas presiones después de lo dicho por Morales, tampoco denunció o realizó alguna acción legal para respaldar los señalamientos.
La Hora consultó en su oportunidad a varios diputados y jefes de bancada para conocer si habían sido objeto de presiones para que las reformas fueran aprobadas, los legisladores entrevistados negaron lo dicho por el Jefe del Ejecutivo.
“Nosotros como bloque e incluso como diputados no recibimos ninguna presión por parte del Comisionado para conocer o apoyar el tema, lo que sucedió es que el proyecto se polarizó y la discusión dividió al país entre los que estaban a favor y en contra del tema” declaró el jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco.
“Yo no sé de dónde saca el Presidente, hablando en nombre de un poder independiente como es el Legislativo, de dónde sale diciendo esto, esto comprueba que ha hablado y ha habido reuniones con algunos diputados que se sienten presionados, no sé porqué, yo le aseguró que jamás me han presionado para aprobar o improbar algo, ni de la Embajada –de Estados Unidos–, ni de la CICIG”, expresó Nineth Montenegro, jefa de bloque de la bancada Encuentro por Guatemala.
LOS MEDIOS NO SON EL ESPACIO
El otro reclamo del mandatario fue la presentación de las pesquisas preliminares de los casos indagados por el MP y la CICIG ante los medios de comunicación, así como a los sindicados y capturados.
“También se excedió y abusó de las facultades que le condicionaba su mandato al hacer publicaciones por diferentes medios de comunicación de acusaciones contra ciudadanos guatemaltecos sin observar la garantía constitucional de presunción de inocencia”, manifestó el gobernante en el mensaje difundido el 27 de agosto.
Aunque Morales señala las conferencias de prensa conjuntas del MP y la CICIG como uno de los malestares con Velásquez, así como el manejo de esas situaciones en los medios de comunicación, él mismo ha utilizado estos espacios para dar a conocer decisiones como remociones de funcionarios sin que ellos estén enterados de lo sucedido.
Tal y como le sucedió a las exsecretarias de Bienestar Social, Cándida Rabanales y Heidi Estrada, quienes conocieron de sus destituciones a través de los medios informativos y debido a la consulta de periodistas al ser convocados a las juramentaciones de las nuevas autoridades.
CUANDO PARTICIPÓ EN UNA CONFERENCIA
Asimismo, el Presidente fue parte de una conferencia de prensa conjunta el 2 de junio del 2016 con la fiscal general, Thelma Aldana e Iván Velásquez, posterior a que estos dieran a conocer el Caso “Cooptación del Estado”, una de las investigaciones más extensas y complejas que han develado ambas entidades y que señala la existencia de una estructura conformada por empresarios y políticos para el financiamiento de la campaña electoral de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, a fin de obtener sobornos y contratos estatales a su favor.
Morales se unió a la conferencia de prensa y anunció la designación de Alexander Aizenstatd como interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), la cual se había descubierto que era el resultado de una serie de coimas entregadas por la compañía española a Pérez Molina y Baldetti, entre otros funcionarios, para autorizar su funcionamiento y usufructo oneroso en Puerto Quetzal.
A la postre, la intervención permitió a TCQ recibir el visto bueno para empezar a operar a pesar de ser un negocio nacido de la corrupción, retornado a las manos de sus operadores para que echaran andar el proyecto para que reciban los réditos financieros que genere la terminal.
EL REVANCHISMO ES OBVIO
Ricardo Barreno, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, destacó las contradicciones del Ejecutivo y cómo estas demuestran el “revanchismo” que rodean los argumentos del presidente Morales.
A consideración de Barreno, el Presidente utilizó al Estado como un cuadrilátero para así medir sus fuerzas contra Velásquez.
“Una confrontación directa de una manera personalizada, que pierde la ruta de la sostenibilidad”, expresó el analista, quien también señaló otros puntos que han debilitado al gobierno de turno, “una de las grandes características de esta gestión, entre otras muchas, es la falta de capacidad de implementar una estrategia de comunicación”.
“Cuando no hay ruta, cuando no hay claridad, la acción que resulta ser contradictoria y la visión a ser miope y vemos lo que tenemos hoy. Un comportamiento enfocado a la confrontación directa”, añadió.
SU VERDADERA INTENCIÓN
Gabriel Wer, del movimiento Justicia Ya, considera que las actuaciones de Morales demuestran que sus palabras no corresponden a lo que realmente buscaba con el intento de expulsión del Comisionado.
“Se trata de una media extrema, no solo para protegerse a él mismo, sino para proteger a los grupos que están a su alrededor y que han intentado de una forma u otra entorpecer el proceso”, comentó.
En cuanto a los resultados que el mandatario deseaba comentó que habría generado “incertidumbre, acciones que favorecen más intereses a personas cercanas a él y una búsqueda por detener o desacelerar estos casos de corrupción y las investigaciones que están en curso”.
“Ha recibido al sindicato de maestros de Joviel Acevedo, un grupo de ganaderos y algunos de los alcaldes que tienen reparos en su contra. Hay inclinaciones de este grupo que está señalado por corrupción”, añadió.
LO QUE CONSIGUIÓ
Mientras que Manfredo Marroquín, Acción Ciudadana, lamentó las consecuencias de las decisiones del Presidente de la República. “Ha metido al país en un ciclo muy peligroso de inestabilidad. Uno no termina de entender a quién está representando y sobre todo el rumbo tan errático la mentira sistemática”.
“Un laberinto institucional muy peligroso y vale la pena preguntar a quién está representando el Presidente”, remarcó.
“Un vacío de poder muy grande que solo contribuye a generar más zozobra y preocupación en el país”, puntualizó el entrevistado.
Por su parte, Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), indicó que las contradicciones y argumentos sin respaldo provocarán mayor desconfianza de la población guatemalteca hacia su figura.
“El Presidente no ha entendido que es la figura más importante del país. Debería de ser el Presidente de todos y no de unos pocos”, declaró Polanco.
A la vez, hizo énfasis en que ha provocado una “situación de ingobernabilidad, de irrespeto por parte de la población hacia el Presidente y desconfianza a esa figura tan importante”.
Aún es incierto el rumbo que tomará la crisis desatada por el encargado del organismo Ejecutivo, las siguientes acciones de la Presidencia o qué argumentos utilizará Morales que no ofrece declaraciones a la prensa desde el 19 de agosto.
“Estoy de acuerdo con que Guatemala necesita muchas reformas, entre ellas al Sector Justicia. Creo que quienes deben discutirlo por ley, tradición y principio republicano, es el Congreso de la República. Que se tome el tiempo que sea preciso”.
Presidente Jimmy Morales, 25 de mayo de 2017.“El Comisionado intentó por diferentes medios presionar a los diputados del Congreso de la República de Guatemala para la aprobación de reformas constitucionales sin dejar que el Congreso de la República discutiera y aprobara libremente”.
Presidente Jimmy Morales, 27 de agosto de 2017.“Vale la pena preguntar a quién está representando el Presidente”.
Manfredo Marroquín, Acción Ciudadana.
*Para este reportaje colaboraron los periodistas Douglas Cuevas y Joseline Ayala.
