POR DOUGLAS GÁMEZ
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Tres senadores estadounidenses enviaron una carta al Secretario de Estado, Rex Tillerson y a la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, para enfatizar que el combate a la impunidad y el fortalecimiento del estado de derecho deben estar en el centro del compromiso de ese país en Centroamérica.

La misiva se centra en el intento del presidente Jimmy Morales de expulsar al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.

Por ello, recuerdan que el Departamento de Estado tiene que retener el 50 por ciento de la cooperación estadounidense si el gobierno guatemalteco no toma medidas efectivas para abordar una serie de asuntos, entre los cuales destaca el apoyo a comisiones contra la corrupción.

“En este contexto, reafirmamos que la Ley de Asignaciones Consolidadas para el año fiscal 2017 (P.L. 115-31) requiere que el Departamento de Estado retenga el 50 por ciento de la ayuda estadounidense a Guatemala si el gobierno no toma medidas efectivas para abordar una serie de asuntos. En particular, la Sección 7045 (4) (B) (vii) de la Ley establece la necesidad de «cooperación con comisiones contra la corrupción y la impunidad». Le pedimos que considere esto cuando inicie el proceso de certificación del Departamento de Estado”, se lee en la carta.

El documento fue firmado por los senadores demócratas, Ben Cardin y Tim Kaine, así como el republicano James Lankford.

Lo senadores expresaron además su “preocupación” por la declaración de non grato que emitió Morales contra el titular de la CICIG y reconocieron la resolución de la CC que dejó sin efecto la expulsión del colombiano.

“Nos alegramos de ver los comentarios del presidente Morales, «el imperio de la ley siempre debe prevalecer» después de que el Tribunal Constitucional de Guatemala emitió una sentencia a favor del Comisionado Velásquez y alentamos a la administración de Morales a que honre la decisión de la Corte”, añadieron los senadores.

También reiteran su respaldo a la CICIG, al trabajo de Velásquez, así como del Ministerio Público y los pronunciamientos que hicieron en su momento tanto el Departamento de Estado como la embajadora de Estados Unidos ante la ONU para rechazar la decisión del Presidente.

“Felicitamos las firmes declaraciones del Embajador Haley y del Departamento de Estado sobre esta cuestión y reiteramos que es imperativo que la CICIG continúe su labor crítica sin interferencias. Creemos que el combate a la impunidad y el fortalecimiento del estado de derecho deben estar en el centro de la participación estadounidense en Centroamérica”, puntualizaron.

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