POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, denegó la petición de la defensa del expresidente Otto Pérez Molina de que se prohibiera la participación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el Caso La Línea y ordenó continuar con la audiencia de etapa intermedia.
La defensa del exmandatario expuso ante el juez que la participación del representante de la CICIG en la audiencia, Luis Fernando Orozco, se derivaba de la prórroga por dos años en el mandato de la CICIG que se publicó ayer en el Diario Oficial.
No obstante, a consideración de la abogada que ejerce la defensa de Pérez, el acuerdo que prorrogó la estadía de la Comisión “carece de los requisitos legales para su validez”. Esto, debido a que la extensión del mandato fue solicitada por el presidente Jimmy Morales por medio de una carta que no contaba con el refrendo del ministro que le corresponde.
Sin embargo, en la publicación del Diario Oficial se observa que la solicitud, dirigida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), contaba con la firma de la entonces viceministra de Relaciones Exteriores, Anamaría Diéguez Arévalo.
“El día 15 de abril del año 2016, el señor Presidente envía al señor Secretario de la Organización de Naciones Unidas una carta donde solicita la extensión del mandato de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Dicha carta, si usted la ve en la publicación del Diario Oficial, en la página dos aparece carta firmada únicamente por el señor Presidente”, expuso la defensa del expresidente.
Para fundamentar su petición, la defensa de Pérez Molina, hizo mención de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que otorgó un amparo provisional que dejó sin efecto la orden del Presidente declarar non grato a Iván Velásquez, argumentando que la orden había sido unilateral y sin contar con el aval de alguno de sus ministros.
RECHAZA PETICIÓN
El juez Gálvez rechazó la petición de separar al mandatario de la CICIG del Caso y argumentó que ya se interpuso un amparo en la CC contra la forma en que el Presidente solicitó la prórroga de la CICIG, por lo que deberá ser ese ente, en su calidad de máxima autoridad en materia constitucional, el que resuelva si es válida la estadía de la Comisión.
