Ximena Enríquez
xenriquez@lahora.com.gt
Los diputados intentan reformar la Ley de Bancos. La propuesta que se discute en el Congreso hace temer que la historia de Bancafé International, donde 3 mil 336 personas perdieron US $150 millones, se repita y por eso se busca evitar un hecho similar.
Desde hace casi seis años, Manuel Eduardo González Castillo reporta la dirección del Sistema Penitenciario como su residencia para recibir notificaciones. El expresidente ejecutivo del Banco del Café hasta 2001, y accionista hasta el día de su cierre, guarda hoy prisión acusado de una estafa bancaria millonaria.
González no fue el único que sufrió un cambio radical. Ángel Castro aún recuerda los días de bonanza en sus negocios. Paraíso Infantil y la Cadena 9.99 lo llevaron a realizar transacciones millonarias con proveedores en China y Estados Unidos. Recuerda las navidades en las que tenía que cerrar las puertas de Paraíso Infantil, porque ya no cabían más compradores y los clientes debían hacer cola alrededor de la cuadra para ingresar. Hoy, su local más grande en la 6ª. avenida y 9ª. calle de la zona 1 está desocupado, parece un almacén fantasma que acumula polvo.
Castro encabeza el listado de víctimas de Bancafé International Bank (BIB), la offshore de Banco del Café en la que desaparecieron US $150 millones. Y así como él, hubo 3 mil 336 depositantes más que lo perdieron todo y aún esperan recuperarlo.
Caso estancado
Banco del Café y BIB pertenecían a los mismos accionistas que conformaron el Grupo Financiero del País (GFP). Este no solo unía a los dos bancos sino a muchas empresas más, alrededor de 17, todas de los mismos dueños, pero tan solo seis de ellas supervisadas por la Superintendencia de Bancos (SIB).
Las operaciones de Bancafé fueron suspendidas el 19 de octubre de 2006 por orden de la Junta Monetaria (JM), encabezada por María Antonieta del Cid, tras recibir una recomendación de la SIB, encabezada por Willy Zapata. En términos reales, una encomienda de la SIB es casi una orden. La SIB es el órgano técnico que debe asegurarse que los bancos operan bien y de forma lícita.
María Antonieta del Cid cuenta que las prioridades fueron resguardar los ahorros de los cuentahabientes (locales) y al sistema financiero nacional. Buscaban evitar un efecto dominó o una corrida y lo lograron. Los 1.4 millones de clientes de Banco del Café salieran ilesos, recuperaron hasta el último centavo. Pero no los 3,336 clientes BIB. Los depositantes de la offshore fueron relegados por la JM y no han encontrado mayor consuelo en el sistema de justicia. El caso está paralizado.
Ha transcurrido más de una década desde el cierre. El Ministerio Público (MP) tiene en sus manos denuncias contra accionistas y ejecutivos del GFP desde 2009. Y tras ocho años de investigación, los resultados son escasos. El caso ha sobrevivido a cuatro fiscales generales, ocho jueces, cinco superintendentes de bancos, cuatro presidentes del Banco de Guatemala y cinco gobiernos distintos.
A la fecha, el MP no ha logrado recuperar un dólar para los afectados de BIB por sí mismo. Lo recobrado llegó a sus manos por el fallo de un juez en Nueva York en un proceso ajeno a la investigación local.
El proceso penal en contra de los socios y exempleados está estancado en la fase inicial: primera declaración. El fiscal del caso, Saúl Sánchez, resume el retraso en una frase: litigio malicioso. Asegura que “múltiples tropiezos legales” de la defensa han retrasado la acción penal. Y ante cada recurso presentado, el MP debe contrarrestar con otro para evitar ya sea el cambio de jueces, las peticiones de libertad condicional, entre otros. La estrategia ha provocado el cambio de juez en ocho ocasiones y al menos cinco procesados lograron su libertad temporal y luego fueron devueltos a prisión.
Hoy hay siete personas en prisión preventiva, tres están libres con medida sustitutiva, al menos cinco prófugos y dos han fallecido. Quienes aguardan prisión están allí desde diciembre de 2011. Entre los sindicados hay accionistas, ejecutivos, auditores, contadores, abogados y una secretaria.
Los únicos actores ausentes en el proceso son las autoridades bancarias. El MP tiene una denuncia presentada en contra de al menos cuatro exsuperintendentes de bancos (Willy Zapata es el más cuestionado ya que dirigió la SIB al momento de la suspensión de Bancafé) y varios exempleados de esa institución, pero esta no ha prosperado. El fiscal del caso, Saúl Sánchez, indica que se investiga a las antiguas autoridades pero no ofrece resultados en el futuro cercano. Mientras tanto, los cuentahabientes, los querellantes adhesivos y los propios acusados exigen que se acelere el caso.
¿Por qué es importante que la SIB pase al estrado y rinda cuentas?
Porque la evidencia de la investigación apunta a que sus autoridades sabían que los US $150 millones estaban en riesgo y no obligaron al GFP a pagar sus deudas o salir del hoyo financiero.
Los investigadores aseguran que lo ocurrido con BIB se pudo evitar. Según la fiscalía, Willy Zapata (superintendente de 2004 a 2008) ha sido citado alrededor de quince veces para rendir testimonio en las distintas aristas del Caso Bancafé y se ha excusado en todas las ocasiones. Se intentó contactar a Zapata a través de su hijo, Juan Carlos Zapata, pero declinó a dar información. Primero aseguró que se encontraba de vacaciones en Europa y por ello no podía hablar con este diario, luego dijo que ya estaba de vuelta en México, (lugar en el que reside) pero que no podía hablar porque el proceso se encuentra bajo investigación. El hijo declinó dar el nombre del abogado que representa a su padre.
Más allá de la parálisis judicial, la principal demanda de los cuentahabientes es invariable: exigen la devolución total de los fondos saqueados.
El caso se mantiene vivo en buena medida porque dos de sus querellantes adhesivos lo impulsan: Ángel Castro (de 9.99 y Paraíso Infantil) y la firma multinacional de auditoría PricewaterhouseCoopers (PwC).
El comerciante encabeza el listado de defraudados. El cierre de Bancafé le representó una pérdida monetaria millonaria y trajo abajo sus negocios. Pasó de emplear a 160 personas a hoy tener una planilla de nueve.
Él es único depositante adherido al proceso y eso lo ha convertido en el ángel guardián de las víctimas. Lo ven como su líder, su caballo de batalla. Al conversar con ellos, es común oír frases como “sin don Ángel, el caso ya se habría caído”. Lo veneran y al mismo tiempo encomiendan la responsabilidad del proceso sobre sus hombros.
PwC, el segundo querellante, es una de las principales firmas de auditoría del mundo. La Alta Corte en Barbados (localidad en la que se encontraba BIB), a solicitud del banco central en la isla, nombró un mes después del cierre, el 29 de noviembre de 2006, a PwC como custodio y le ordenó recuperar y repartir los activos.
PwC comenzó a inspeccionar la papelería del banco y detectó una serie de anomalías que los llevó a pensar que se pudieron cometer delitos en las operaciones de BIB. Por ello, a finales de 2006 contrató a la firma de abogados guatemaltecos expertos en fraude, Carrillo y Asociados y juntos encabezan la investigación del caso. En enero de 2007 lograron recuperar US $50 millones que fueron entregados al custodio por orden de un juez en Nueva York, Estados Unidos. Además, recuperaron US $2 millones en otras inversiones de bolsa que ubicaron a nombre de BIB.
El segundo paso fue identificar a los cuentahabientes, comprobar que sus reclamos fueran reales y comenzar a reintegrar los fondos. A la fecha se han realizado seis pagos, el último fue en 2015, y se han devuelto US $38 millones los cuales se han entregado de forma proporcional. Los depositantes con cuentas menores a US $5 mil ya recibieron todo su dinero. Y los más acaudalados hasta un 25% de sus fondos.
Los US $12 millones restantes se han invertido en costas procesales, honorarios y se utiliza para continuar el proceso. No se tiene un dato exacto de cuánto se ha cobrado PwC y los abogados puesto que el custodio declinó la entrevista con este diario.
En los ocho años que el MP ha tenido el caso en sus manos, el único resultado tangible es la ejecución de capturas de los exfuncionarios del banco. Después de eso, la guerra de amparos y recursos lo mantiene entrampado en el limbo legal.
Tanto los juzgados como la fiscalía se han convertido en espectadores del proceso y con ocho cambios de jueces, es difícil que avance. El último en recibir el proceso fue el juez Miguel Ángel Gálvez del Juzgado de Mayor Riesgo B. Se esperaba que Gálvez diera luz verde para iniciar la etapa intermedia ahora entre julio y agosto, pero por cuestiones de agenda los abogados creen que el proceso no regresará a Torre de Tribunales hasta el primer trimestre de 2018, doce años después del cierre de Bancafé.
El tiempo corre, las probabilidades de alcanzar una condena disminuyen y los prisioneros suman más años en el encierro mientras el proceso no avanza por los recursos legales mencionados con anterioridad. Los abogados consultados que defienden a estos privados de libertad aseguran que sus clientes ya superaron cualquier periodo razonable de investigación. Aseguran que para este punto ya se encuentran bajo una detención ilegal.
Y el día del juicio final y la condena ni siquiera se ven en el horizonte.
El dinero que el MP no quiere recuperar
El proceso penal podrá estar paralizado, pero PwC aún busca formas de recuperar el dinero. El saldo pendiente es de US $100 millones y los investigadores han logrado identificar al menos dos fuentes de las cuales podrían recuperarlos.
Entre diciembre de 2012 y marzo de 2013 el juez Walter Villatoro, quien conocía el proceso en ese momento, recibió tres peritajes distintos que explicaban cuál era la ruta que había seguido el dinero estafado, o sea, dónde habían terminado esos fondos. Dos de ellos fueron elaborados por el MP y el tercero por PwC.
Los tres alcanzaron las mismas conclusiones y la más relevante es la siguiente: tras seguir un laberinto de operaciones y transacciones bancarias, Q170 millones (equivalentes a US $21.5 millones) de propiedad de los clientes de BIB terminaron en el Fondo para la Protección del Ahorrante (Fopa), administrado por el Banco de Guatemala (Banguat). Esto equivale a un quinto del total adeudado.
El MP y PwC pidieron una audiencia para demandar la entrega de los fondos y en marzo de 2013, un grupo de alrededor de 60 víctimas dedicó dos días completos para asistir al tribunal en la que creían que recuperarían esa porción de su dinero. Las expectativas eran altas, las pruebas apuntaban a que ya habían hallado una pieza más del tesoro, pero el resultado fue lo opuesto.
Al momento de tomar la palabra, el fiscal Saúl Sánchez desistió del reclamo bajo el argumento de que el MP no podía pedir el dinero hasta que los exfuncionarios de Bancafé sindicados fueran condenados por los delitos de los que el MP los acusa.
La Fiscalía ignoró los peritajes que tenía, peritajes elaborados por ellos mismos, y optó por esperar quién sabe cuántos años hasta llegar a una fase de condena -si es que se llega. El juez Villatoro estuvo de acuerdo y confirmó la respuesta negativa del ente investigador. Los cuentahabientes y querellantes quedaron burlados.
“Ese día perdí la fe en que recuperaría mi dinero”, afirma Gustavo Contreras, un depositante que aún espera la devolución de una cuenta de US $23 mil en BIB. Contreras asegura que ya no confía en el sistema financiero ni judicial y prefiere invertir su dinero en bienes, inmuebles o en la educación de sus hijos antes de meterlo a cualquier banco.
Los querellantes no pueden pedir que se repita la audiencia para exigir esos US $21 millones del FOPA, pero hay una segunda ventana de oportunidad.
En diciembre de 2015 la fiscal general Thelma Aldana ordenó a Francisco Solórzano Foppa, entonces jefe de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP (y hoy jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria), realizar un estudio que determinar si había dinero de los cuentahabientes de BIB en el FOPA y cuánto. Un año después presentaron resultados y la respuesta fue positiva: el FOPA se quedó Q447 millones (equivalentes a casi US $60 millones) de BIB -que además han generado intereses así podría ser más.
El estudio ha estado en manos de la Fiscalía durante año y medio, pero el MP no ha solicitado una audiencia para reclamar los fondos ni lo hará. El fiscal Sánchez asegura que este estudio no existe, “es un invento de Price (PwC)” afirma. Sin embargo, Solórzano Foppa sí confirmó su existencia.
Esto podría volver a suceder
Hoy, el Congreso discute aprobar nuevas reformas a la Ley de Bancos en las que se buscan crear mecanismos para salvar bancos en caso de problemas financieros. Esta legislación ampliaría las facultades de la JM y el Banguat para rescatar instituciones, no accionistas. Esto es una respuesta a lo sucedido en Bancafé en 2006 y en Banco del Comercio, otra entidad que quebró en enero de 2007.
La iniciativa de ley prevé escenarios futuros, pero la historia de BIB podría repetirse en otras offshores. Tras la modificación de la ley de bancos en 2013 se eliminó el inciso e) del artículo 113 el cual obligaba a los bancos locales a cubrir cualquier pérdida o responder por cualquier problema de su banca offshore.
En caso de un problema, los actuales clientes de las offshore quedarían desprotegidos ya que la SIB no tendrá las armas legales para obligar a los bancos a responsabilizarse. Sus inversiones ya no están respaldadas. Y hoy operan cinco offshores reguladas por la SIB en Guatemala.
Por qué investigamos el #CasoBancafé
Esta investigación tiene varios objetivos. Primero, comprender qué sucedió en Bancafé en 2006 para comprender la iniciativa de ley actual.
La segunda motivación es que se esperaba que el proceso iniciara etapa intermedia en enero. Sin embargo, una serie de amparos y recursos legales lo retrasaron alrededor de seis meses y ahora que ya se puede proceder, la agenda del juzgado está llena y los abogados consideran que la audiencia podría ser hasta el primer trimestre de 2018.
Y la tercera y principal razón de esta investigación son las víctimas de BIB, quienes aún esperan la devolución de su dinero. Las más de 3 mil familias que perdieron ahorros, capital de trabajo, herencias y fondos de vejez en BIB han vivido diez años a la espera de justicia. Según datos de Ángel Castro, más de 300 han fallecido ya, aguardando el resarcimiento.
Es importante hablar de Bancafé para que el caso no quede en impunidad y es importante entender qué sucedió allí y quiénes son los afectados para que la historia no se repita.
Para elaborarlo se revisaron cientos de documentos que son parte toral de las pruebas que tiene el MP y PwC. Además, se realizaron más de 60 entrevistas, entre ellas a víctimas, sindicados, funcionarios, exfuncionarios y expertos. Sin embargo, tanto las autoridades de la SIB como las del Banguat no quisieron ofrecer respuestas ni explicaciones.
Durante las siguientes cinco semanas podrá leer los siguientes cinco capítulos que componen esta historia.
Continúa leyendo la segunda parte del reportaje Caso Bancafé: Caso BIB: Así se pierden US $150 millones
