POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió para su trámite el antejuicio promovido por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) contra el presidente Jimmy Morales. Será el Congreso de la República el que decida si retira la inmunidad al mandatario para que sea investigado por cargos de financiamiento electoral ilícito.
Los antejuicios contra Morales fueron conocidos esta mañana en un pleno extraordinario, el cual finalizó alrededor del mediodía.
Nery Medina Medina, presidente de la CSJ, informó que la decisión de admitir para trámite el antejuicio fue por mayoría y se contó con el voto disidente de las magistradas Silvia Patricia Valdés y Elizabeth Escobar García.
Previo al pleno, varios colectivos habían solicitado a la magistrada Valdés que se inhibiera de conocer el antejuicio contra Morales, ya que en ocasiones anteriores ha mostrado su simpatía hacia él.
Según las investigaciones del MP y la CICIG, entre 2015 y 2016 el presidente Morales desempeñaba el cargo de Secretario General en el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). En ese período, incumplió con reportar al Tribunal Supremo Electoral la proveniencia de Q4 millones 386 mil 360.35 que estaban destinados a gastos de campaña electoral. Además, tampoco reportó el ingreso de Q2 millones 335 mil 252 que corresponden a gastos ordinarios de la organización política.
En total, lo no reportado por el FCN-Nación asciende a Q6 millones 721 mil 612.
En la sesión plenaria, el pleno de magistrados también rechazó «in límine», es decir, sin entrar a conocer, otros tres antejuicios promovidos contra el mandatario.
Dos de estos fueron interpuestos por representantes de Acción Ciudadana, Justicia Ya, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro y el abogado Alejando Balsells, por delitos de abuso de autoridad y obstrucción a la justicia.
Asimismo, un tercer antejuicio, interpuesto por Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, por el delito de desobediencia, también fue rechazado «in límine» al considerarlo improcedente, informó el portavoz de la CSJ, Ángel Pineda.
Las organizaciones sociales señalan que el intento de Morales de expulsar al comisionado Iván Velásquez del país y declararlo non grato fue para obstruir las investigaciones que se podrían realizar en su contra si el Congreso le retira la inmunidad.
Además, la presidenta de la Fundación Myrna Mack dijo que, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera la orden de Morales contra el comisionado, este ratificó su decisión de declararlo non grato por lo que incurrió en el delito de desobediencia.
Pese a que varias organizaciones de la sociedad civil solicitaron acceso a la sesión plenaria, los magistrados resolvieron los antejuicios a puerta cerrada en el Salón del Pleno, ubicado en el segundo nivel del Palacio de Justicia. En las afueras del Palacio de Justicia varios manifestantes solicitaban a los magistrados admitir para su trámite los antejuicios.
Pineda explicó que no hubo ningún requerimiento oficial por parte de personas particulares u organizaciones sociales para que el pleno sesionara de forma pública.
