Por Joseline Ayala
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La evidencia que se reúne para conformar al menos cuatro expedientes para solicitar medidas cautelares a igual número de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), demuestra que la crisis nacional continúa y que el ambiente en el país no ha cambiado.
De acuerdo al analista político independiente Renzo Rosal, a este hecho amerita ponerle atención, pues es serio para el país que los integrantes del máximo órgano constitucional requieran de medidas cautelares, lo que confirmaría que los actores a favor de la impunidad siguen orquestado acciones para afectar la democracia.
“Me parece grave que de llegarse a confirmar que existen amenazas e intimidaciones contra magistrados es muy grave tomando en cuenta que cualquier hecho de esta naturaleza en general ya es digno de ponerle atención, pues se trata de los integrantes del máximo órgano constitucional que tiene Guatemala”, indicó.
Rosal asegura que las intimidaciones y amenazas de las que los togados podrían ser objeto es grave para el país y demuestra que la crisis que causó el presidente Jimmy Morales al intentar expulsar al comisionado Iván Velásquez de Guatemala aún no ha terminado.
“Creo que estamos cambiando de intensidad, evidentemente la crisis continúa pero estamos ahora envueltos en una calma aparente que no lo es en esencia, que da como resultado que se puedan dar ese tipo de acciones debajo de la mesa que pudieran ser orquestadas por estructuras criminales”, expresó.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, aseguró que la seriedad del tema es de igual envergadura que las medidas cautelares que ya le fueron otorgadas a la magistrada Gloria Porras.
EN MEDIO DE UNA GUERRA JURÍDICA
Para el analista del Instituto de Problemas Nacionales (IPNUSAC), Christians Castillo, estas situaciones evidencian que el país está atravesando una guerra jurídica en donde la mayoría de las diferencias entre los actores políticos se resuelven a través de recursos y amparos.
Agregó que es lamentable que los actores oscuros opten por la vía de hecho y no de derecho de hostigar a los magistrados y que recurran a estas instancias para presionar a los togados que han jugado un papel fundamental en las acciones de los últimos días.
“Es rechazable y deplorable que los poderes oscuros recurran a la máxima Corte del país por lo que es necesario que el Estado garantice acciones que eviten que los magistrados sean objeto de estas intimidaciones”, explica.
Castillo indica que es ingenuo que se diga que la crisis en el país ha pasado pues los que indiquen eso han hecho un análisis “miope” de la realidad, pues esta no empezó ahora y tampoco terminará pronto. Desde la captura del expresidente Otto Pérez Molina las cosas no han llegado a una calma considerable.
