POR REDACCIÓN LA HORA
lahora@lahora.com.gt
El pasado fin de semana la Plaza de la Constitución volvió a llenarse de consignas, cantos, banderas y carteles exigiendo al presidente Jimmy Morales cuentas por sus recientes acciones. También se dieron expresiones ciudadanas en: Quetzaltenango, Tecpán, Huehuetenango, Petén y Sololá ante la crisis institucional provocada por la decisión del mandatario de expulsar a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), del territorio nacional. Y es que al igual que en 2015, cuando se reveló el caso de corrupción estatal, la ciudadanía tiene un papel importante que jugar.
En el contexto actual, la ciudadanía debe tomar el rol que le corresponde, señala Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA).
“La ciudadanía está obligada y convocada a expresarse. Nos amparan los derechos reconocidos por el Estado en la Constitución y los convenios internacionales firmados. Frente a acciones claramente ilegales, ningún ciudadano, ni siquiera los funcionarios públicos, están obligados a acatarla. Y frente a esa decisión absurda del Presidente de la República, los ciudadanos y ciudadanas tenemos todo el derecho así como la obligación de manifestarnos activamente para hacer retroceder al Ejecutivo en esta intención -expulsar a Velásquez-, que sin lugar a dudas lo único que pretende es volver a colocar el manto de impunidad sobre los casos de corrupción”, explica Santos.
Álvaro Montenegro, de Justicia Ya, una organización formada a raíz de los movimientos ciudadanos ocurridos en el 2015, también cree en la importancia de que los guatemaltecos y guatemaltecas fiscalicen el actuar de las autoridades en esta crisis para asegurarse que lo hagan de acuerdo a la ley.
“Estamos llegando a un momento crítico en la historia del país, en el que a Iván Velásquez lo están expulsando porque reveló cómo operan las estructuras de corrupción y crimen organizado dentro del Estado. Entonces, hay que tener claro que, o apoyamos este proceso de transformación, o regresamos a un pasado peor de como estábamos”, afirma el activista.
Para Montenegro los protagonistas de esta transformación deben ser las juventudes: “Es un momento en que las nuevas generaciones tenemos que tomar el liderazgo, porque hemos visto que los antiguos líderes ya no buscan soluciones, sino que son más de lo mismo. Es importante que los jóvenes nos posicionemos como nuevos actores”.
Montenegro señala que la manifestación debe llevar también al diálogo y a la búsqueda de consensos para poder sacar al país de la situación actual y transformarlo, pero advierte que en tales intercambios no es posible negociar con la justicia. “Ya hay una base de reformas sobre las cuales partir y dialogar, y lograr consensos, pero sabemos que hay un Congreso que está negociando impunidad a favor del Presidente. Todos los actores de la vieja política o la política sucia están negociando la justicia y eso no lo pude hacer la ciudadanía. Los diputados están negociando la justicia, la Corte Suprema de Justicia está negociando la justicia; Dina Ochoa, en la Corte de Constitucionalidad está negociando la justicia”, afirma.
Por lo anterior, los entrevistados coinciden en que, a corto plazo, la ciudadanía debe involucrarse en la defensa de Iván Velásquez, para lo cual debe mantenerse al tanto de la Corte de Constitucionalidad, demandando que la magistrada Dina Ochoa, amiga personal del Presidente no conozca ningún amparo relacionado a la expulsión del Comisionado.
En tanto, el Organismo Judicial tiene en sus manos varios antejuicios contra el mandatario, uno interpuesto por el Ministerio Público y la CICIG, y otros dos presentados por ciudadanos y organizaciones civiles.
Si los antejuicios sobreviven en el Organismo Judicial, los ojos deben voltearse al Congreso, que tendrá que conformar una Comisión pesquisidora para que elabore un informe de las acusaciones y luego vote a favor o en contra de retirar la inmunidad de Morales.
Santos reitera que todos los ciudadanos tienen derecho de expresar su inconformidad acerca de las medidas del Gobierno que los afectan. “Lo debe de hacer de manera pacífica, sin miedo y con la dignidad que nos asiste en términos de demandarle a las autoridades transparencia y honestidad, que no han podido mantener en estos dos años de ejercicio gubernamental”, dice.
