POR REDACCIÓN LA HORA
lahora@lahora.com.gt
Iván Velásquez no es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero su salida sí afectaría gravemente las investigaciones desarrolladas hasta ahora e incluso podría ser un primer paso para su extinción, señalan expertos en materia de seguridad y justicia.
Bajo el argumento de que Velásquez se extralimitó en sus funciones, el presidente de la República, Jimmy Morales, lo ha declarado una persona “non grata” para el país, forzando a su expulsión del territorio nacional y descabezando así a la CICIG, la institución que, en conjunto con el Ministerio Público (MP), investiga al mandatario por financiamiento electoral ilícito y sometió a proceso penal a su hijo y hermano.
Por el momento, la Corte de Constitucionalidad (CC) mantiene la orden de expulsión en suspenso, debido a que otorgó tres amparos provisionales solicitados por distintas personas para evitar la salida del diplomático. Sin embargo, la Corte aún debe dar una resolución final y muchos sectores han expresado su preocupación por lo que sucederá si el Comisionado deja la entidad de lucha contra la corrupción.
LOS ESCENARIOS PARA LA CICIG
Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, cree que la salida de Velásquez de la Comisión implicaría un debilitamiento de la CICIG, pues aunque la misma podría continuar operando bajo otro liderazgo, los casos que actualmente están en proceso se verían retrasados mientras se desarrolla un proceso de transición. Además, destaca la firmeza y la comprensión del sistema que ha marcado la gestión del diplomático.
Para la activista, quienes se han visto afectados por las investigaciones de la CICIG están detrás de la expulsión de Velásquez porque buscan un perfil de Comisionado que sea conveniente a sus intereses o una persona que no trabaje con la misma eficiencia.
Mack es tajante al señalar los efectos que lo anterior puede tener en el país: “Aquí, lo que Guatemala se está jugando realmente es la lucha contra la corrupción. O cambia Guatemala o seguimos con el sistema, que ya hemos visto que ha colapsado. Lo vimos cómo colapsó el sistema judicial en el 2014; luego vimos al sistema político, con los informes de financiamiento electoral de partidos, que como bien dijo el Comisionado es el pecado original de toda la corrupción del Estado de derecho; y ahora vemos a un Presidente que no quiere acatar una orden de la CC, cometiendo el delito de desobediencia”, explica.
David Martínez Amador, profesor universitario e investigador, considera que la salida de Velásquez significaría un retroceso en razón de los logros obtenidos, pues la institucionalidad del Estado aún debe ser reformada y fortalecida.
“Es muy temprano aún para pensar en razón de solo trasladar capacidades. Si al final del día somos honestos, aún no hay ningún cambio de carácter estructural en el país con respecto al tema de combate a la corrupción, partidos políticos, financiamiento. Esto, porque la modificación de las reglas del juego no se ha dado, por lo cual, es posible que todo regresaría al status quo”, afirma.
En tanto, introducir al país en una situación de crisis como la actual, también hace mucho más difícil pensar que hay condiciones para discutir la reforma del Estado, sobre todo la del sector justicia, advierte.
Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), opinó si el Comisionado no puede seguir al frente de la CICIG, la entidad sufriría un golpe a su institucionalidad que podría hacer a las Naciones Unidas evaluar su viabilidad en el país, ya que aunque Morales insista en que no se opone a la institución, el mensaje claro que envían sus acciones es de rechazo a ésta y a su función.
“El problema sería que si el Comisionado saliera por la acción presidencial, yo creo que Naciones Unidas no va a querer seguir con CICIG. Eso lo analizarían a fondo en el tema de no continuar, porque entonces no tendría garantía en cuanto a la interferencia que pueda tener el Gobierno o los gobiernos en su independencia. La CICIG no puede funcionar sino es completa y absolutamente independiente, de tal cuenta que no recibe un solo centavo del Gobierno, del Estado de Guatemala, sino que todo viene de estados extranjeros y de la cooperación de Naciones Unidas”, dijo.
Para el entrevistado, si se expulsa al Comisionado, se podría augurar un fin pronto para CICIG. “Si se saca al Comisionado Velásquez, independientemente de quién venga, ninguno de los estados cooperantes para que esto subsista, va a tener fe, credibilidad de que el Estado va estar queriendo intervenir en la independencia de esta institución”.
Samayoa agrega que otro de los aspectos a considerar es que quienes piden la salida de Velásquez son personas que están sujetas a investigación o bajo algún tipo de proceso y eso tampoco genera independencia, por lo que las decisiones del Presidente más parecen tener carácter personal y no de interés de nación.
EL COMISIONADO QUE SACUDIÓ AL PAÍS
Velásquez se ha destacado de sus antecesores por la eficiencia con la cual ha conducido decenas de investigaciones al más alto nivel, poniendo en el banquillo de los acusados incluso al expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti por liderar una estructura de corrupción infiltrada en el Estado.
En los tribunales se dirimen 26 investigaciones por corrupción presentadas durante la gestión de Velásquez al frente de la CICIG por las cuales enfrentan procesos judiciales exfuncionario públicos, funcionarios actuales, abogados, jueces, grandes empresarios y representantes de las élites económicas. En tanto su antecesor, Francisco Dall’Anese no presentó ningún caso por corrupción.
A criterio de Helen Mack, el Comisionado entendió de manera profunda el funcionamiento de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) en el país y las debilidades del sistema que permiten sus operaciones.
De acuerdo con el Noveno Informe de Labores de la Comisión, con Velásquez, a finales de 2013, las investigaciones de carácter penal que la CICIG acompañaba sufrieron una importante reorientación estratégica, la cual permitió el descubrimiento de un tipo de CIACS que operaban a través de redes políticas económicas ilícitas (RPEI).
Estas estructuras desarrollan actividades de carácter informal dentro del sistema político, económico y judicial del país, las cuales pueden resultar ilícitas con apariencia de lícitas.
El primer fruto de la nueva estrategia de CICIG, fue la revelación del Caso “La Línea”, sobre la estructura criminal del Partido Patriota, el cual generó un movimiento ciudadano contra la corrupción y la impunidad sin precedentes en la era democrática. A partir de entonces se ha dado una avalancha de procesos judiciales que han tocado a sectores con poder político y judicial, quienes estarían detrás de las acciones de rechazo a Velásquez.
EL FUTURO DE LAS REFORMAS AL SISTEMA
Otra razón por la cual Velásquez se ha convertido en un enemigo peligroso para las estructuras de corrupción y crimen organizado es el rol protagonista que ha jugado en la promoción de las reformas al sistema.
El Comisionado ha puesto sobre la mesa, a través de las investigaciones realizadas y estudios de las formas de operación de los CIACS, la necesidad de realizar cambios legales para fortalecer la estructura del sistema judicial y el sistema de partidos políticos.
Cuando el Comisionado habló por primera vez de la posibilidad de reformar la Constitución, el entonces presidente, Otto Pérez Molina, le impidió comenzar el proceso de diálogos para la elaboración de un proyecto legal argumentando que no era parte de su mandato.
Sin embargo, el mandato de la CICIG es claro en cuanto a que una de sus funciones es hacer recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.
Pérez Molina aseguró en aquel momento que sería el Ejecutivo el que lideraría el proceso de reforma, pero el tiempo evidenció que solo fue una manera de engavetar el tema.
Ahora, el presidente Jimmy Morales, quien presentó el proyecto de reformas constitucionales elaborado con el apoyo de CICIG, MP y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), argumenta que Velásquez se extralimitó en sus funciones al promover el mismo.
Por lo anterior, los analistas consultados indican que con la salida del Comisionado, la transformación del sistema se vería aún más lejana.
¿POR QUÉ LOS CASOS SE HAN RETRASADO EN LOS TRIBUNALES?
Un argumento comúnmente esgrimido en contra de la gestión de Velásquez en la CICIG es que las investigaciones presentadas no han llegado a una sentencia; sin embargo, tal como “La Hora” ha evidenciado en varias publicaciones, la responsabilidad de ello no es de la entidad internacional, ni del MP, si no del Organismo Judicial y de las estrategias de litigio malicioso por parte de algunos abogados.
El abogado Édgar Pérez, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, define el litigio malicioso como una estrategia judicial de parte de abogados defensores con el objetivo de retrasar los casos que se ventilan en los juzgados y tribunales.
Para lograr este cometido, se plantean amparos, apelaciones, incidentes, recusaciones y en general, cualquier recurso judicial, sin otro fin que entorpecer los procesos.
Por esa razón, dichos recursos no necesitan estar debidamente fundamentados, pues su objetivo no es velar por el estricto cumplimiento de los derechos del sindicado, sino retrasar el proceso judicial.
Esta estrategia, cada vez más utilizada, tiene sus razones de ser. “Si hay un querellante adhesivo, generalmente se desespera, va desconfiando en el sistema judicial y va teniendo menos esperanza, hasta que finalmente abandona el proceso”, dice Pérez. Esta desesperación también trata de influir en el juez a cargo. Todo esto, con miras a obtener ciertas cuotas de impunidad en los procesos.
También se utiliza el llamado litigio malicioso para casos en los cuales los sindicados están en prisión preventiva, y es que es la misma defensa la que presenta los recursos para evitar el avance de los procesos y luego argumenta que sus clientes están presos ilegalmente, porque ya han vencido los plazos que manda la ley.
Listado de casos de corrupción que ha presentado la CICIG junto al MP durante la gestión de Iván Velásquez.
- Jueza Jisela Reinos
- Diputado Gudy Rivera
- Jueza Martha Sierra / Bufete de la Impunidad
- Magistrado Erick Santiago de León
- Jueza Carol Patricia Flores
- La Línea
- Red de falsificadores de pasaportes
- Corrupción Sistema Penitenciario
- Fraude en la PNC
- IGSS Pisa – IGSS Chiquimula
- Negociantes de la Salud
- Diputado Muadi/ Plazas Fantasmas
- Diputados Chávez, Arreaga y Yanes/ Tráfico de influencias en el Ministerio Desarrollo Rural.
- Redes (SAT)
- Alcalde de La Antigua
- Alcalde de Chinautla
- Lavado y política
- Antejuicio Mario Israel Rivera Cabrera
- Cooptación del Estado
- TCQ
- La Cooperacha
- Caso Chicamán
- Lago de Amatitlán
- Registro General de la Propiedad
- Construcción y Corrupción
- Financiamiento electoral Ilícito
