Por Joseline Ayala
jayala@lahora.com.gt
A pesar de haberse utilizado como principal argumento la expulsión de Iván Velásquez, del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por supuestamente haber presionado al Congreso para aprobar las reformas constitucionales en el sector justicia, algunos diputados negaron este hecho.
Ayer el presidente Jimmy Morales explicó que la decisión de declarar “non grato” al funcionario internacional se tomó en defensa de los intereses nacionales debido a que Velásquez se tomó como propio un tema en el que no podía influenciar, “presionando” incluso a los diputados para que aprobaran el proyecto.
Este hecho fue descartado por diputados consultados que aseguraron que de haber sido este extremo real los congresistas que fueron objeto de estas supuestas presiones debieron denunciar a Velásquez, algo que no sucedió.
“Nosotros como bloque e incluso como diputados no recibimos ninguna presión por parte del Comisionado para conocer o apoyar el tema, lo que sucedió es que el proyecto se polarizó y la discusión dividió al país entre los que estaban a favor y en contra del tema” declaró el jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco.
Por otro lado, la propuesta de reformas constitucionales, por tratarse de una iniciativa que modificaría el sistema de justicia, fue polarizada y se definieron bandos tanto en contra como a favor del mismo proyecto, lo que evidenciaría una falta de objetividad sobre la razón real de Morales de expulsar del país a Velásquez.
PROYECTO FUE PROPUESTA DEL EJECUTIVO
El jefe del bloque Winaq, Amílcar Pop, incluso calificó esta “justificación” del Presidente como infantil, ya que desde el momento en el que hace este anuncio en el marco de ser objeto de una investigación ya le quita toda objetividad sobre el tema.
Los mismos jefes de bloque explicaron que la participación de la CICIG en la discusión del proyecto fue propuesta del Ejecutivo, algo que luego se vio afectado por los intereses personales del Presidente.
En cuanto al pronunciamiento del Ejecutivo sobre defender los derechos institucionales del Congreso, a criterio de los diputados se podría evidenciar una injerencia de poderes, pues el Presidente no puede hablar en defensa del Legislativo ni resolver temas de dicho organismo.
