Por Redacción La Hora
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En 2015 se dieron en Guatemala las manifestaciones ciudadanas motivadas por la indignación desencadenada luego de que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dieran a conocer los casos de corrupción en los que estaban involucrados los más altos funcionarios del país, entre ellos el expresidente Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Los ciudadanos salieron a los parques centrales de sus departamentos para manifestar su repudio en contra de la corrupción, pero pedían cambios profundos en el sistema. Sin embargo, una vez Pérez Molina y Baldetti renunciaron a sus cargos, el clamor de la población se calmó y las demandas cesaron. Se realizaron elecciones generales y la situación volvió a ser la misma o incluso peor.
Según analistas y migrantes consultados, la apatía de la población para manifestarse y fiscalizar a los funcionarios ha permitido que los cambios en justicia, economía, participación ciudadana, seguridad, salud, partidos políticos y organismos de Estado no avancen.
Un ejemplo del estancamiento es que dos años después de las movilizaciones ciudadanas no se observan cambios estructurales. Un intento de reformar la Constitución en aspectos del sector justicia, impulsado por los tres organismos del Estado con el apoyo de una Mesa técnica conformada por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), el MP y la CICIG no dio mayores frutos.
Las reformas constitucionales, presentadas el 25 de abril de 2016, un año después de las movilizaciones ciudadanas, están entrampadas en el Congreso y no se vislumbran mayores avances.
A pesar de que cuando se presentó públicamente la propuesta más de 50 diputados firmaron la iniciativa, al momento de su discusión en el Congreso la misma fue entrampada con varias excusas.
Hasta ahora el proyecto está estancado y de parte de la población no existe una presión para que sea aprobado, presión que sí existió cuando se conocieron los escándalos de corrupción en 2015.
Uno de los artículos que causó mayor polémica y rechazo de los parlamentarios fue el 203, referente a la jurisdicción indígena, el cual fue usado de excusa para no avanzar en la discusión e incluso después de que fuera retirado por las autoridades ancestrales para que el proyecto fuera discutido, esto no se logró.
Hasta la fecha el Legislativo solo ha avanzado en las tres primeras lecturas del proyecto y los diputados ya rechazaron los dos primeros artículos vinculados al antejuicio y se postergó la discusión del artículo 203 sobre la jurisdicción indígena.
En tanto se ha aprobado el artículo 4 del proyecto que reforma el artículo 205 de la Constitución relativo a las garantías judiciales; también el artículo 5 referente a los requisitos para ser magistrado o juez y el 6, relativo al artículo 208 de la Carta Magna, sobre la Carrera Judicial de Jueces y magistrados del Organismo Judicial.
Pero no solo la justicia sufre el deterioro institucional. También otros sectores, entre ellos el de Salud y el Sistema Penitenciario, que experimentan crisis que se agudizaron con los hechos violentos acontecidos recientemente.
MIOPÍA ADMINISTRATIVA
Siete personas murieron y al menos 12 resultaron heridas tras el rescate del privado de libertad Anderson Daniel Cabrera Cifuentes, de 29 años, en el Hospital Roosevelt, el pasado 16 de agosto. El ataque mostró la fragilidad de las instituciones públicas, llevando a las autoridades a buscar soluciones a uno de tantos problemas en el sector salud y penitenciario.
Los problemas en el sistema de seguridad, de salud y de atención a desastres, entre otros, son atendidos de forma tardía por las autoridades de Estado debido a que siempre reaccionan a las tragedias y no intentan prevenirlas, señaló el analista Ricardo Barreno del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP).
“El Gobierno padece de miopía administrativa que no le permite actuar con la prontitud con la que se debería actuar para conducir las riendas del país”, opinó.
A la vez destacó que han existido reiteradas crisis en el SP que se han extendido al sistema de salud.
“Vemos que han ocurrido crisis reiteradas en el SP que ahora han extendido sus tentáculos al sistema de salud y por eso debe resaltarse que la capacidad organizacional operativa y administrativa de sectores paralelos a la legalidad del Estado, como pandillas y crimen organizado, están superando las capacidades estratégicas de un Estado que va en detrimento y que evidencia necesidad de reoxigenación”, apuntó.
Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, apuntó que la ciudadanía debe seguirse indignando cada vez que existen este tipo de situaciones, y en este caso sobre la decisión del Juez Pablo Xitimul quien tuvo responsabilidad y quien no solo debería ser un “tramitador de papeles”.
“La indignación de la ciudadanía y la condena de la sociedad hacia lo sucedido espero que continúe ya que tuvo un efecto”, dijo.
LA RADIOGRAFÍA QUE LA CIDH REALIZÓ AL PAÍS
A principios de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finalizó su visita in loco en el país, tras lo cual sus integrantes ofrecieron sus percepciones luego de una semana de verificaciones sobre la situación de los derechos humanos, concluyendo que Guatemala vive una situación de “encrucijada”, marcada por avances leves y la persistencia de los poderes paralelos y de la desigualdad.
Aunque destacaron el cambio de gobierno suscitado en 2015, tras las manifestaciones de la población guatemalteca contra la corrupción, los integrantes de la CIDH hicieron énfasis en que los problemas sociales se mantienen.
Con una percepción lapidaria, el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, señaló que Guatemala es uno de los países con más altos niveles de desigualdad del mundo.
“Nuestra sensación general es que Guatemala vive una situación especial, una especie de encrucijada, su gobierno, su sociedad tienen que decidir si se avanza sustantivamente en superar aquellos factores estructurales que generaron mucho tiempo atrás un Conflicto Armado con un saldo doloroso de violación a derechos humanos… o se avanza o se retrocede y se estanca y subsisten los problemas que han generado conflictos en el pasado”, explicó.
ACTORES DE “IMPUNIDAD” SE HAN OPUESTO A REFORMAS
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), señaló que en 2015 se organizó una agenda política a lo que se puede denominar como “la plaza”, que implicaba una petición de reformas de orden legal e institucional que hasta la fecha no se ha alcanzado.
Santos enfatizó que aunque se esperaban cambios 2015 fue la puerta a problemas mucho más grandes por la estructura que permitió que políticos se eligieran de nuevo.
“Lo que hoy tenemos es un partido político al frente del Ejecutivo que está conformado no solo por aquellos exmilitares contrainsurgentes que le dieron vida al partido político sino está formado fundamentalmente por todos aquellos que salieron del Partido Patriota y del Lider, y en ese marco sus acciones están destinadas a seguir favoreciendo el esquema clientelar y corrupto del Estado guatemalteco”, comentó.
Tras ese movimiento ciudadano, Santos dijo que existieron intentos para que se reformara la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con un sistema que realmente responda a la ciudadanía guatemalteca y no a grupos de financistas que cooptan el Estado.
La falta de aprobación de las reformas también devela a un grupo de actores de “impunidad” que desde el Congreso de la República se han opuesto a las mismas y evitan que se concreten.
Sobre esta situación, Santos señala que es la población la que debe levantarse y presionar a la institucionalidad pública; “las reformas hubiera sido posible alcanzarlas en el marco de un ciclo de movilizaciones como las del año 2015”. A medida que las manifestaciones disminuyeron permitieron que los diputados continúen con su actuar de impunidad.
¿CUÁL ES EL PAPEL CIUDADANO DE LOS MIGRANTES? ELLOS OPINAN
Sobre la participación ciudadana y el papel de los migrantes, Carlos Humberto Díaz, profesor residente en el Distrito Federal, México, indica que para lograr el cambio en Guatemala no existe otro camino más que los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Político.
Tenemos claro que la corrupción opera en la partidocracia o en el poder de los partidos políticos, no se puede seguir confiando, es más hay que motivar a que no entren los partidos políticos a los municipios ni departamentos, hay que sacarlos, “hay que tratarlos como corruptos y vendepatrias”, señaló.
A decir de Díaz, los migrantes son una pieza clave para el papel de la transformación, teniendo en cuenta que son la base principal de la macroeconomía en el país y siendo el pilar con remesas.
“Los migrantes que tienen familiares en Guatemala pueden correr la voz de que no hay que aceptar a los partidos políticos de inversión, organizaciones políticas de inversionistas que de alguna manera están en el poder del Congreso de la República”, anotó.
Desde Michigan, José Sicajau expresó que para lograr cambios estructurales en Guatemala los diferentes sectores y pueblos existentes en el país deben ponerse de acuerdo.
“Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, nunca vamos a lograr los cambios que siempre hemos soñado y pensado. Lamentablemente hasta aquí se han quedado las ideas, pienso que debemos ponernos de acuerdo y tomar el poder”, señaló.
Sicajau dijo que es necesario que se motive al gobierno a escribir ideas y tomar el poder político para que estos cambios se den desde las bases fundamentales, con lo que se dejará la necesidad de migrar a otro país.
PROTESTAR ES VITAL
El guatemalteco Sergio Valdez, residente de Jalapa, opinó que su papel como ciudadano consiste en manifestarse en contra de lo que está en contra de la Ley, por lo que siempre debe de tomar en cuenta actuar correctamente.
La ciudadana Tatiana Barrios, residente de la capital, opinó que el aporte debe ser más de los jóvenes, desde cada uno de sus círculos y considerando que se pueden hacer acciones pequeñas día a día.
“La única manera es haciendo plantones exigiéndoles. Porque no hay otra manera, primero que ellos les pongan atención a su propia agenda que ni ellos respetan. Menos a un ciudadano común. Que fuera algo así como cuando se exigió la renuncia de OPM”, dijo Barrios.
PREOCUPACIÓN POR ELECCIÓN DEL FISCAL GENERAL
La aprobación de las reformas al sector justicia reviste una especial importancia por la designación del próximo Fiscal General de la República. Así lo ha expresado el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, quien ha hecho hincapié en la necesidad de que se aprueben las reformas por la proximidad de la elección, a realizarse el próximo año.
El titular de la CICIG indicó que es necesario que los funcionarios que busquen cargos en el Organismo Judicial (OJ) sean electos basándose en su capacidad e idoneidad, y que solo se lograría a través de la reforma constitucional.
“La razón por la que nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de la reforma constitucional para que los funcionarios del Organismo Judicial, pero también todos los que están involucrados en el sistema de justicia y en particular la Fiscal General de la República y Corte de Constitucionalidad, sean seleccionados a partir de procesos de oposiciones en los que la capacidad y la idoneidad sean en realidad las guías de selección de esos funcionarios”, dijo el Comisionado.
A la vez, el Comisionado señaló que existe preocupación de cuál sea la calidad ética humana y profesional de quienes aspiran a estos altos cargos del Estado, “es también un llamado a la reflexión desde esa perspectiva, es indispensable que haya una integración de los órganos de justicia con los más idóneos capaces y de reconocida honorabilidad”, aseguró.
EDUCACIÓN SOBRE DEMOCRACIA Y CORRUPCIÓN PARA NIÑOS
La educación para el politólogo Jorge Wong, de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, es vital cuando se habla de modificaciones a la Constitución porque desde pequeños los niños deben aprender sobre la democracia, qué es la corrupción y cómo evitarla.
Los cambios de fondo deben ser para el país, para que la población no se desanime.
Para que exista ese acompañamiento ciudadano, Wong cree que las instituciones también deben ser confiables, porque de lo contrario existirá un desencanto y no se apoyarán más “estos procesos si son largos y no son cortos”.
